El Gobierno de Chirac reforma la ley para encarcelar a los delincuentes de 13 años

El Gobierno francés ha aprobado un proyecto de ley contra la delincuencia juvenil que prevé "sanciones educativas" para los niños de 10 años, el encarcelamiento de los de 13 y la creación de "centros educativos cerrados" para menores también desde los 13 años.

El proyecto, que el Gobierno espera sea adoptado por el Parlamento, controlado por la derecha, en la sesión extraordinaria que concluye el 4 de agosto, es el segundo pilar de su cruzada contra la inseguridad, a tono con las promesas del presidente, el neogaullista Jacques Chirac, en su campaña por la reelección.

El otro es el proyecto de ley de seguridad, cuyo examen se inició ayer en la cámara de los diputados y que destina 5.600 millones de euros adicionales hasta 2007 a las fuerzas del orden. El proyecto modifica radicalmente ciertas disposiciones de la ley de presunción de la inocencia, que entró en vigor en 2001.

Estas medidas han desatado una avalancha de críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados y de ciertos sindicatos de magistrados, y también de la Comisión nacional consultiva de derechos humanos que asesora al primer ministro. El foco principal de las críticas es el énfasis en la represión de la delincuencia de los menores, a expensas de la educación.

Edad penal de 10 años

Para los niños de 10 a 13 años el proyecto prevé "sanciones educativas", no precisadas, lo que para algunos significa bajar la edad de la responsabilidad penal a 10 años. "Hoy 900 menores están internados en cárceles inadaptadas y a menudo mezclados con adultos. Nuestro objetivo es proponer una gama de soluciones para responder a todas las formas de delincuencia", ha explicado el titular de Justicia.

Las modificaciones de la ley de presunción de la inocencia y del procedimiento penal son sustanciales: se podrá prolongar la detención preventiva, la Fiscalía podrá recurrir, con carácter suspensivo, la orden de puesta en libertad de un detenido, y se amplia el procedimiento del "testigo anónimo". En las cárceles se prevé un sistema electrónico para impedir el uso de teléfonos móviles por los presos. Y se extiende el uso de los brazaletes electrónicos a los procesados.

La propuesta destina 3.650 millones de euros adicionales hasta 2007 a la Justicia, lo que permitirá crear 10.100 puestos, incluidos 950 de magistrados y 3.740 en la administración penitenciaria, y aumentar en 11.000 las plazas en las cárceles, donde hoy están internadas casi 57.000 personas.