El PSOE vota en contra de la propuesta fiscal de Gallardón para penalizar los diésel

La propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para penalizar fiscalmente a los coches más contaminantes, los diésel, no ha salido adelante esta mañana en la votación final de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El PSOE ha votado en contra en la comisión ejecutiva, pese a que hace apenas 15 días el plan fue aprobado por unanimidad en la comisión técnica que se encarga de las cuestiones de haciendas públicas. Ha sido la última ejecutiva antes de las elecciones municipales, algo que podría haber tenido algo que ver en las votaciones.

Según ha explicado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo (PP), el portavoz socialista ha argumentado, entre otras razones, que no es buen momento para proponer cambios fiscales "a dos meses de las elecciones". "No es el momento de ejercer mayor presión fiscal", ha asegurado el portavoz del PSOE en la FEMP, Ramón Ropero, que ha calificado la propuesta de "oportunismo". "El Ayuntamiento de Madrid está en una situación económica complicada y no puede ser que nos embarque a todos en la misma aventura", ha añadido.

Lo que pedía el alcalde

La propuesta de Gallardón consiste en "instar" al Gobierno a que "iguale o penalice la tributación del combustible diésel" sobre el de gasolina. Un planteamiento que choca con la última propuesta del PP nacional en el Congreso, que ha pedido reformar el tributo para incluir una deducción del 50% sobre el impuesto actual a coches que emitan menos de 200 gramos de CO2 por kilómetro siempre que se entregue otro de más de 10 años (en la práctica, un todoterreno de lujo podría pagar la mitad del impuesto si es diésel, pero no si es gasolina).

Si la propuesta se hubiera aprobado en la comisión ejecutiva, la FEMP tendría que elevar la propuesta al Gobierno, con lo que le estaría pidiendo que modifique la Ley de Haciendas Locales para cambiar el impuesto de circulación. Un portavoz de la FEMP ya aseguró hace dos semanas, tras la comisión de Hacienda, que, hasta ahora, las propuestas de modificación de esta ley se han pospuesto y se han remitido a la reforma del modelo de financiación local. Es decir, ya avisaba de que en este caso existía la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva desoyera a la comisión técnica que aprobó la propuesta del Ayuntamiento de Madrid.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha insistido esta mañana en la misma idea que la FEMP. "Sostenibilidad no es igual que fiscalidad", ha asegurado tras la firma de un protocolo entre el Ministerio y la federación de municipios. Aguilar ha anunciado que antes del verano pondrá en marcha dos planes nacionales para combatir los principales contaminantes: las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno, y ha subrayado que no es su intención aplicar nuevas tasas a los ciudadanos. El protocolo firmado esta mañana es más una declaración de intenciones que un conjunto de medidas concretas. Habla de "realizar actividades de difusión y divulgación", de "intercambio de información" y de participación conjunta para "la elaboración del plan nacional de calidad del aire". No menciona fechas ni dotación presupuestaria.

La propuesta fiscal de Gallardón incluye establecer un coeficiente que penalice a los coches más caros, con el objetivo de "hacer el impuesto más progresivo", en palabras del concejal de Hacienda, Juan Bravo. Su intención se ve más clara con un ejemplo. Un Renault Clio que cuesta 11.916 euros paga el mismo impuesto de circulación (64 euros, tramo de 8 a 12 caballos) que un Mercedes B170 que sale por 26.050 euros. El comprador, con su elección, "manifiesta una capacidad económica objetiva" que se quiere trasladar al impuesto, explica Bravo. Con el cambio, habría un segundo coeficiente, de tipo "medioambiental", variable en función de los niveles de emisión de CO2, pero también de dióxido de nitrógeno y de partículas, entre otros.

Coeficiente medioambiental

La propuesta del Consistorio consiste en combinar los tramos de emisiones de CO2 que se aplican actualmente al impuesto de matriculación y a la normativa Euro sobre homologación de vehículos, que exige que los coches matriculados cumplan unos máximos de emisiones de varios contaminantes. La directora de la agencia tributaria madrileña, Rosa Ana Navarro, explica cómo este coeficiente puede modificar en un porcentaje nada desdeñable lo que se paga de impuesto de matriculación. Lo hace con el ejemplo de un Renault Laguna de gasolina 2.0 16v y en modelo diésel 2.0 dci. Ambos pagan 137 euros de impuesto. Aplicándoles un coeficiente medioambiental aproximado, resultaría que en el primer caso pagaría 51 euros menos y, en el segundo, 12 más.

La idea es que cada Ayuntamiento, en función de sus problemas particulares de contaminación -algunos tienen un nivel excesivo de partículas, otros de dióxido de nitrógeno-, pueda adaptar esos coeficientes para penalizar a los coches que empeoran su calidad del aire. El coeficiente de precio estaría comprendido entre 0,7 y 2 (es decir, ahorraría un 30% del impuesto o doblaría su importe). En el caso del medioambiental, el rango variaría entre 0,5 y 2.