Camps será investigado por más delitos en Valencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado remitir a su homónima de Valencia la parte de la trama Gürtel que afecta al presidente de la Generalit valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos de su Gobierno. Así pues, el cúmulo de delitos -financiación ilegal, tráfico de influencias, falsedad, cohecho propio...- que la Fiscalía Anticorrupción y la policía atribuyen a Camps y otros miembros de su Gobierno y del partido deberán ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Por dos razones, la mayoría de los implicados son aforados y además esos supuestos delitos se habrían cometido en Valencia.

En el auto que ha dictado hoy el Tribunal Superior de Madrid, los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro rechazan el recurso interpuesto por el PP contra la decisión que adoptó en mayo el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, de inhibirse a favor del Superior de Valencia de las diligencias que afectan a esa comunidad. La Sala Penal de Madrid señala en el auto que, dado que los supuestos delitos se cometieron en Valencia y además recaen sobre aforados, debe ser el Superior de esta comunidad el que investigue el asunto y también el que determine qué delitos y a quién cabe atribuírselos.

El PP, que actúa como acusación particular en el caso Gürtel -la fiscalía ha pedido que se le expulse del proceso porque su actitud, más que de acusación, es de defensa de los intereses del PP y de su cargos-, quería que Pedreira investigase tanto lo de Madrid como lo de Valencia para no romper la continencia de la causa. Pero no, la financiación ilegal y los otros delitos deberán indagarlos los órganos judiciales valencianos.

Supuesta financiación ilegal del PP

El Superior de Valencia ya tuvo en su poder, a finales de julio de 2009, un exhaustivo informe policial que detallaba la supuesta financiación ilegal del PP de esa comunidad, pero lo devolvió a los agentes y optó por no investigarlo. Este informe lo redactó la policía en el curso de la investigación que desarrollaba en ese momento en relación con la trama red corrupta que dirigía Francisco Correa y el asunto del regalo de los trajes a Camps y otros altos cargos de su Gobierno por parte de una de sus sociedades Gürtel, Orange Market, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes. Los agentes habían registrado Orange Market y descubrieron una contabilidad B en la que había anotaciones contables que, junto a pinchazos telefónicos, evidenciaba recepciones de dinero de empresas privadas con las que la red Gürtel se cobraba actos que hacía para el PP.

La Sala que presidía De la Rúa devolvió ese informe tras señalar que no lo había pedido a la policía y que allí solo se investigaba el asunto de los trajes regalados a Camps, que luego archivó su Sala, con el voto en contra de uno de los tres jueces. Posteriormente el Tribunal Supremo ha reabierto este caso al entender que el regalo de los trajes podía ser constitutivo de cohecho impropio.

Pero el asunto de la financiación ilegal no quedaría ahí. El POSE de Valencia presentó ante el mismo tribunal de De la Rúa una querella, basada en el citado informe policial sobre la financiación ilegal, contra Camps y otos 15 altos cargos. El Superior de Valencia decidió remitir esa querella al juez Pedreira y en el auto en el que adoptó la medida, fechado el pasado 16 de febrero, ya indicaba que la querella "contiene hechos de posible significación delictiva". Fue entonces cuando pidió a Pedreira que "practicara las diligencias que estimase oportunas" y que si de sus pesquisas entendía que los delitos se confirmaban y sus autores podían ser aforados, le remitiese la causa.

Investigar estos hechos es lo que han hecho en el último año el juez Pedreira, la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada de Blanqueo de Capitales, la UDEF. Aquel informe policial que ya acreditaba la financiación ilegal del PP valenciano se ha visto ampliado en los últimos meses con otros informes policiales más exhaustivos y otro de la Agencia Tributaria. Ninguno de los informes ofrece dudas de que empresas valencianas que han recibido en los últimos cinco años suculentas contratas del Gobierno de Camps pagaron de sus arcas actos del PP de esta comunidad a través de Orange Market. Entre esas empresas que pagaron actos del PP está Sedesa, de la familia de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat valenciana, y también figura la firma Ortiz e Hijos, cuyo dueño también se ha visto salpicado en el caso Brugal, que afecta al presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll.

Cuando las diligencias lleguen a Valencia, el Superior de Valencia tendrá sobre su mesa muchos delitos por investigar. No es ya solo el asunto de los trajes regalados a Camps por la trama Gürtel que en Valencia encabezaba su "amiguito del alma", El Bigotes, sino que los jueces de Valencia deberán investigar otros muchos delitos. En concreto, los seis delitos que apreció en un auto el instructor del Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira.

El pasado 15 de junio, Pedreira desestimó el recurso de reforma interpuesto por el PP contra su decisión de 25 de mayo en la que se inhibía de seguir investigando la trama Gürtel referida a Valencia y se la enviaba a José Flors (el juez designado por la Sala de Valencia como instructor del asunto de los trajes de Camps) porque entendía que había indicios de la comisión de al menos siete delitos por parte de aforados valencianos. La inhibición se acordó para evitar la prescripción de los delitos electorales a los que alude un informe de la Agencia Tributaria fechado el 6 de mayo de 2010. El informe deja claro que el PP de Valencia recibió dinero de empresas de esa región para pagar sus actos electorales.