El cerco judicial de Camps se agrava

El cerco judicial a Francisco Camps se agrava. El presidente de la Generalitat puede verse obligado a afrontar imputaciones que implican inhabilitación y cárcel frente a la multa que supone el tipo delictivo al que se enfrenta ahora. Esa es la gravedad de la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, al supuesto delito de cohecho pasivo impropio que investiga el juez José Flors por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel, se le pueden sumar otros, como cohecho propio, financiación ilegal y delito electoral.

A la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a llegar toda la documentación que durante más de un año ha recabado el juez Antonio Pedreira desde el TSJ de Madrid. Esa documentación incluye informes policiales y de Hacienda, testificales y escuchas telefónicas que destapan la existencia de una trama de financiación del PP valenciano, así como numerosas adjudicaciones irregulares, en las que se ven implicados varios consejeros, dirigentes del PP, cargos de la Generalitat y media docena de conocidos constructores, además de los integrantes de la red que dirigía Francisco Correa y que tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez.

La sala de Lo Civil y Penal del TSJ tendrá que decidir si es o no competente para investigar estos indicios. Ya adelantó en un auto hace meses que entendía que todo aquello que afectara a aforados valencianos le era propio. El pleno de la sala, incluido por tanto el instructor del caso de los trajes, el juez Flors, se reunirá para adoptar una decisión que, con toda probabilidad, será afirmativa. Después tendrá que decidir si lo que remite Pedreira es en efecto una nueva causa o si ha de acumularse a la de los trajes. Esta posibilidad, que defenderán la Fiscalía Anticorrupción y los diputados socialistas personados como acusación popular, colocaría al presidente Camps ante la perspectiva de un supuesto cohecho propio y de una instrucción más larga. Si el tribunal decidiera que lo remitido por Pedreira ha de considerarse una causa nueva, la sala designará instructor siguiendo el turno establecido. Y podría ser también Flors.

Según fuentes de la investigación, la intención inicial de Flors es mantener separados los asuntos. Eso se traduciría en que Camps se sentaría en pocos meses en el banquillo de los acusados y sería juzgado por un jurado por cohecho pasivo impropio. Pero ese juicio no eximiría al presidente de verse ante nuevas imputaciones.Federico Trillo, diputado del PP por Alicante y director de la estrategia del PP en causas como la de supuesta financiación ilegal, falsedad, cohecho propio y delito electoral que afecta a Camps y varios consejeros autonómicos, fue homenajeado ayer en Benidorm por Nuevas Generaciones del PP local. Tomó la palabra y lo hizo para dar su versión del auto que ayer dio el visto bueno a que la causa instruida por el juez Pedreira llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Trillo interpretó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha reconocido que los hechos que las fiscales [de anticorrupción] se empeñan en considerar irregulares e incluso delictivos se han cometido en Valencia". Dijo más: "La causa se remite a Valencia por razones estrictamente geográficas". Y, según él, "deja muy mal a la fiscalía, una vez más manipulada por el interés sectario del Fiscal General del Estado y las fiscales Anticorrupción". De ellas, afirmó que "no han defendido la legalidad y la competencia [en referencia a la negativa del ministerio público de que el PP fuera acusación particular]".

Trillo hizo estas declaraciones ante Francisco Camps. El presidente acudió anoche al acto acompañado de los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino, y de los consejeros Angélica Such y Mario Flores, además del portavoz popular Esteban González Pons. El presidente llegó a las 21.15 a la Ermita Sanz donde se celebró el homenaje. Llegó a tiempo. Antes había dejado plantados a los rectores de las universidades valencianas con los que tenía que firmar el acuerdo de financiación, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el único que tenía previsto presidir este año. Camps no dijo palabra alguna, ni siquiera para explicar su ausencia, y, menos aún, para valorar la situación jurídica en la que se va a ver envuelto una vez llegue al TSJ la causa por cohecho propio, falsedad, financiación ilegal y delito electoral en la que aparece implicado.