El Gobierno plantea revisar las subidas salariales de los funcionarios para 2011-2013

El Gobierno se propone revisar las subidas salariales pactadas con los funcionarios para los próximos años. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha planteado este miércoles una revisión del marco retributivo firmado con los empleados públicos, que fija subidas moderadas de aquí a 2012 y propone recuperar el poder adquisitivo perdido a partir de ese año. "El acuerdo salarial habrá que revisarlo en la negociación con los sindicatos", ha admitido el responsable de Hacienda en la presentación de los datos de déficit del Estado para 2009, que se saldó con un desequilibrio del 9,5% en la Administración central y de un 11,4% en el conjunto de las administraciones públicas.

Ocaña ha explicado que el Ejecutivo ha previsto reducir un 4% el volumen total de retribuciones de todos los funcionarios del país, un objetivo que se logrará mediante dos vías. La más importante consiste en el anunciado recorte en el empleo público (sólo se cubrirá una de cada 10 vacantes). Pero, "adicionalmente" hay que modificar las subidas salariales pactadas recientemente, ha declarado.

El secretario de Estado ha aclarado que lo pactado este año (una subida del 0,3%) no se alterará y que el Ejecutivo tampoco está pensando en bajarles el sueldo a los empleados públicos, pero las previsiones que han realizado hasta 2013 implican, prácticamente, una congelación para los próximos años. La medida forma parte del plan de austeridad que aplicará Hacienda desde este año para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas. El objetivo es ahorrar 50.000 millones de euros de aquí a 2013 para devolver el déficit al límite del 3% que impone Bruselas.

Según ha explicado Ocaña, las medidas para reactivar la economía y el auge del desempleo, por la parte del gasto, y la caída de la recaudación impositiva motivada por la crisis, en cuanto a los ingresos, han llevado al Estado a gastar en 2009 el doble de lo que ha entrado en las arcas públicas. Durante el pasado ejercicio los gastos de la Administración Central ascendieron a 205.714 millones de euros y los ingresos a 105.929 millones, lo que explica el repunte del déficit público hasta el 9,49% del PIB o 99.785 millones, el más alto desde que hay datos comparables y muy por encima del 3,82% del año anterior. Si a esta cifra se le suma el déficit de las comunidades y ayuntamientos y se le resta el ligero superávit de la Seguridad Social, el dato definitivo asciende al 11,4%.

La recaudación cae un 17%

Tal y como ha detallado el secretario de Hacienda, la recaudación del Estado por impuestos cayó un 17,1% en 2009 por la menor actividad económica, que repercute en los ingresos por IRPF que carga las rentas del trabajo de los trabajadores y el Impuesto sobre Sociedades, así como los que cargan el consumo. Si se compara el saldo definitivo de este apartado con lo presupuestado a principios de año, el descenso es del 24%.

En concreto, la recaudación por impuestos directos fue 87.521 millones, un 14,2% menos, con unos ingresos por IRPF de 63.857 millones, una caída del 10,5%, y un descenso del 26,1% en el Impuesto sobre Sociedades, con 20.188 millones. Por su parte, los indirectos bajaron un 21,2% hasta los 55.661 millones de euros, lastrados por la caída del consumo, que redujo en un 30,1% la recaudación por el IVA con 33.573 millones. A su vez, los ingresos por los tributos especiales descendieron un 1,1% pese al alza de la recaudación de los impuestos al tabaco, que subieron en verano.

El recorte en los ingresos está condicionado por el hecho de que el Estado ha asumido la mayor parte del coste de las medidas anticrisis frente a las comunidades, al mismo tiempo que, en el apartado de los gastos, de sus arcas han salido los fondos necesarios para pagar las prestaciones por desempleo, que ha cerrado el año por encima de lo previsto. En concreto, Ocaña ha revelado que las rebajas fiscales y los cambios normativos introducidos para reactivar la economía, entre las que se incluyen las prestaciones por desempleo, el subsidio para parados de larga duración, las iniciativas para estimular la creación de empleo y la inversión, han supuesto un impacto en las arcas de la administración central de 39.910 millones de euros.