El Gobierno hace un guiño a UGT y CC OO al dificultar el despido barato

El Gobierno ha decidido aplicar un especial rigor en el procedimiento que regula el despido más barato, con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. La introducción del concepto "previsión de pérdidas" como causa de despido objetivo económico para la rescisión de contrato más barata colmó la paciencia de los sindicatos y desencadenó la huelga general. El Ejecutivo ha aprovechado ahora la redacción del borrador del nuevo decreto de las regulaciones de empleo para lanzar un guiño a las centrales de trabajadores. Los números rojos, en el futuro, no podrán ser "meramente coyunturales" para aplicar el despido más barato. Es un gesto, un acercamiento a UGT y CC OO, que llega tras las intensas reuniones del pasado fin de semana que desatascaron las negociaciones sobre la reforma de pensiones, encarrilaron un diálogo social roto hace siete meses y acabaron con el proyecto compartido de lograr un pacto de Estado con el que afrontar la crisis.

Los 'números rojos' futuros para activar un ERE no podrán ser "coyunturales"

Los sindicatos consideran incompleto el proyecto de Trabajo

La reforma laboral abrió la posibilidad de que las empresas pudieran recurrir al despido objetivo por causas económicas cuando estuvieran en "una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas". No aclaraba nada más. Los sindicatos temían que esto, dejado así, acabara por convertirse en un coladero para el despido de 20 días de indemnización por año trabajado, mucho más barato que el de 45 días, el más utilizado hasta ahora, pese a ser la vía improcedente para rescindir los contratos.

La reforma dejaba para un futuro decreto sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cómo se acreditarían las "pérdidas previstas". El Ministerio de Trabajo envió el borrador de ese decreto el pasado miércoles a los agentes sociales, en el que se precisa con claridad que las pérdidas coyunturales no pueden ser causa para aceptar despidos baratos.

Los sindicatos disponen de 15 días para presentar sus alegaciones. Curiosamente, este periodo coincide con el plazo que se han fijado Gobierno y sindicatos para dilucidar si hay posibilidades de armar un gran pacto de Estado contra la crisis.

En el decreto, el Ministerio de Trabajo deja claro que los números rojos que prevé la empresa para poner en marcha un ERE no podrán ser "meramente coyunturales", según el borrador y la memoria de análisis del impacto normativo a que ha tenido acceso EL PAÍS. Dicho de otra forma, no podrán ser temporales sino que tienen que poner en serio riesgo la viabilidad futura de la compañía.

El movimiento no es grande. Apenas un pasito hacia los sindicatos, que no se conforman con esto. "Insuficiente", "incompleto", valoraban ayer diversos dirigentes de las centrales mayoritarias una vez leído el borrador. Tampoco hay mucho margen. Al fin y al cabo, un decreto no puede contradecir a una ley. De ahí que estos últimos exijan una mayor rectificación del Gobierno y remitan a la Iniciativa Legislativa Popular que han puesto en marcha, con la que pretenden revocar gran parte de la reforma laboral. Según el proyecto, cuando un empresario inicie los trámites para llevar adelante un ERE por causas económicas (los expedientes también pueden realizarse por motivos organizativos, técnicos o de producción) tendrá que presentar "una memoria explicativa" que justifique la situación negativa que le lleva a tomar la medida. Si la justificación elegida es la de "pérdidas actuales", el informe deberá contener las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios completos, "debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías", según las normas contables vigentes. Cuando la justificación sea la del quebranto futuro, la compañía deberá añadir además un "informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas". La justificación de por qué el mero cálculo de perder dinero en el futuro no está en el decreto sino en la memoria del impacto normativo adjunta. "Debe acreditar que la previsión de pérdidas no es meramente coyuntural (en cuyo caso procederían medidas de suspensión y no de extinción de contratos)", explica. No en vano, con la reforma laboral el Gobierno pretendía impulsar medidas de flexibilidad interna -reducciones de jornada o suspensiones temporales de contrato- para ajustar los costes salariales, en lugar de las rescisiones de contrato.

También en este apéndice, el Gobierno reconoce lo escurridizo de legislar sobre un pronóstico de números rojos: "Surge aquí la cuestión de que las previsiones se refieren a hechos futuros y, como tales, inciertos, lo que impide manejar datos fiables y seguros desde el punto de vista contable". A pesar de este razonamiento, el proyecto normativo deja en manos de los empresarios la responsabilidad de demostrar los motivos por los que solicita la regulación de empleo. No obstante, como antes de la reforma, la resolución final del expediente dependerá del resultado de la negociación entre el patrono y la representación de los trabajadores. Si hay acuerdo entre ambas partes, la autoridad laboral solo puede sancionar el pacto. En caso contrario, la decisión recae en la autoridad laboral (el Ministerio de Trabajo o la consejería autonómica de Empleo de turno si el ERE afecta a empleados de varias comunidades autónomas o una sola, respectivamente).

Uno de los puntos que más gusta a los sindicatos del borrador es lo que atañe a los grupos empresariales que consolidan sus cuentas. En concreto, lo que hace el texto es poner las condiciones necesarias para analizar los números no solo de la compañía que tramita el ERE sino también la salud financiera de todo el conglomerado. También les agrada que las empresas con más de 50 trabajadores tengan que presentar un plan social que amortigüe las consecuencias sobre el empleo de la reducción de plantilla. Por el contrario, lo probable es que la patronal rechace el primero de estos dos puntos.

El borrador remitido a los sindicatos regula solo lo referente a los ERE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el despido colectivo y sus causas que aparecen en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, son la referencia que se emplea en el siguiente artículo para establecer la normativa del despido individual, que es la verdadera vía de rescisión de contratos (en 2009 hubo en torno a 1,3 millones de despidos en España, de los que solo unos 65.000 llegaron a través de regulaciones de empleo).

Así pues, una vez se apruebe el decreto, la lógica dicta que se convertirá también en el espejo en el que mirarán los jueces de lo social a la hora de decidir sobre los despidos individuales, pues en este caso son ellos los encargados de dar luz verde o no a la rescisión del contrato.