UGT y CC OO exigen flexibilidad en pensiones para lograr un acuerdo

Las pensiones constituyen el principal obstáculo para que prospere el pacto social que ensayan el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Tanto UGT como Comisiones Obreras rechazan frontalmente la propuesta de elevar a 67 años la edad legal de jubilación con las condiciones del Ejecutivo, adelantadas el miércoles por EL PAÍS. El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de jubilarse a los 65 para quienes acrediten 41 años de cotización y a los trabajadores con profesiones penosas. Además, aboga por exigir dos años más de aportaciones al sistema (37) para cobrar la pensión completa.

"El eje debe seguir en los 65 años de jubilación y en los 35 de cotización para la prestación máxima; a partir de ahí hay alternativas flexibles", reflexiona Toni Ferrer, responsable de acción sindical de UGT. Su homólogo en Comisiones Obreras, Ramón Górriz, añade un argumento que emplean ambos sindicatos para frenar las intenciones del Ejecutivo: "Ningún partido en el Congreso ha avalado la posición del Gobierno".

La clave para acercar posturas reside en flexibilizar esos números para que la mayor parte de los trabajadores que se jubilarán en los años venideros puedan seguir haciéndolo a los 65 años y dejar los 67 para las generaciones más jóvenes. En concreto, lo que quieren los sindicatos es rebajar los 41 años necesarios para poder retirarse con 65 años. De esta forma, más trabajadores podrán jubilarse a esta edad. También en la gradualidad con que irán entrando en vigor las novedades.

El gran argumento del Ejecutivo descansa en las proyecciones del gasto en pensiones para los próximos 50 años. Si no se modifica la estructura de ingresos del sistema, el equilibrio entre recursos y gastos se mantendrá hasta 2023, según los pronósticos de Trabajo. Y en 2030 el peso de las prestaciones sobre el PIB superará claramente el de las cuotas que pagan empresas y trabajadores (ver cuadro). Los sindicatos relativizan estos números.