Gómez cambiará los convenios con o sin agentes sociales

El aterrizaje de Valeriano Gómez en el Ministerio de Trabajo es un arma de doble filo. El presidente del Gobierno lo ha elegido por su empatía con los sindicatos y sus conocimientos del mundo laboral. Pero esa carta de presentación no basta para garantizar que UGT y CC OO vuelvan a acercarse al Ejecutivo. Un dirigente sindical ironizaba esta semana con esa idea: "La orientación de las políticas no cambia. Y al final es más difícil pelearse con alguien a quien tienes simpatía".

Revitalizar el diálogo social, moribundo desde antes de la huelga general, constituye la principal misión de Valeriano Gómez. La primera oportunidad para ensayarlo se producirá con la próxima reforma clave, la de las pensiones. Zapatero se ha comprometido a cerrar una propuesta antes de final de año y pretende implicar en ella al Parlamento y a los agentes sociales. Para lograrlo, Gómez habrá de emplear toda su habilidad negociadora, que probablemente no baste: el Partido Popular no tendrá interés en dar su apoyo a una medida tan impopular como elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Y los sindicatos lo rechazan de plano. Sin apoyos parlamentarios ni sindicales, la reforma de las pensiones corre el riesgo de convertirse en una nueva imposición del Gobierno.

La duda reside en dilucidar hasta qué punto el Ejecutivo renunciará a esa propuesta estrella. El nuevo ministro de Trabajo deja entrever que está dispuesto a explorar otras vías para conseguir el mismo objetivo -alargar la permanencia en el puesto de trabajo- si con ello logra ganarse el respaldo popular. Habrá que ver si la vicepresidenta Elena Salgado apoya esa concesión.

Junto a las pensiones llegará también la concreción de algunos aspectos de la reforma laboral que han quedado por definir. El más destacable atañe a las políticas de estímulo del empleo y probablemente también las prestaciones de paro, uno de los pocos capítulos de gasto que aún no han sufrido recortes.

El último retoque afectará al elemento laboral menos reformado hasta ahora: la negociación colectiva. Si empresarios y sindicatos no logran acordar un nuevo modelo, el Ejecutivo elaborará el suyo a partir de marzo. El objetivo será agilizar las decisiones en el seno de las empresas y reducir la atomización de convenios.