Aumenta el enfado sindical ante la falta de explicaciones

A primera hora de la mañana de ayer, el Gobierno había convocado dos reuniones con sindicatos para, en principio, aclararles los términos del recorte presupuestario. No lo hizo. "Burla", fue la definición que dio Domingo Fernández, el presidente de la central de funcionarios CSI-CSIF, de la reunión que mantuvo junto con Enrique Fossoul, de CC OO, y Julio Lacuerda, de UGT, y con la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí. Y el enfado de los sindicatos, ya importante por el ajuste, aumentó, casi se transformó en ira. Eso pudo palparse en las concentraciones que se celebraron, ya por la tarde, ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y en Madrid, ante la sede del Ministerio de Economía.

UGT y CC OO avisan de que si se impone la reforma laboral habrá huelga

Los funcionarios califican de "burla" la cita con el Gobierno

El primer encuentro fue el de la mesa de seguimiento del diálogo social. "La reunión no ha tenido contenido de calidad", resumió Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. "No ha tenido mayor grado de concreción", declaró Paloma López, responsable de Empleo de CC OO. Ambas centrales insistieron en que el ajuste es "injusto e ineficaz". Además, reclamaron que las medidas no se centren solo en el gasto público, sino que también se fijen en los ingresos.

Temen los sindicatos que el ajuste presupuestario, que llega por la presión de la Unión Europea y los mercados, abra la puerta a una reforma laboral impuesta por decreto. Así que a la salida de la reunión advirtieron de que ese camino conduce a una huelga general. "Estamos todavía en el tiempo de la negociación, pero nos preocupa que cada vez hay más voces que hablan de reforma impuesta", avisó Ferrer, que pasó a advertir que los sindicatos "manejan una respuesta que no descarta ningún tipo de acción". Ya por la noche, con el decreto de ajuste aprobado, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, líderes de CC OO y UGT, respectivamente, manejaron un argumento en la misma línea.

La segunda cita era la de la mesa de la función pública. Esperaban los sindicatos los detalles sobre el recorte salarial para los funcionarios. El porcentaje de rebaja que le iba a tocar a cada grupo y, sobre todo, si iba a afectar a los trabajadores de las empresas públicas, una de las grandes dudas que dejó el presidente del Gobierno en su anuncio de la semana pasada. Estos no llegaron hasta la tarde y el enfado de UGT, CC OO y CSI-CSIF fue palpable.

Por la noche, a la salida del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que el recorte salarial solo afectaría a los "directores" de las empresas públicas (Adif, Renfe o Efe), no así al conjunto de las plantillas, que en algunos casos están inmersas en procesos de negociación para reducir el salario de sus empleados.