Al borde del colapso

La encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre de 2010 revela algunos aspectos del grave deterioro del mercado de trabajo sobre los que deberían reflexionar con urgencia el Gobierno y los agentes económicos. No se trata sólo de que la tasa de paro ha rebasado la barrera psicológica del 20% ni de que el número de parados (4.612.700 personas, 286.200 más que a finales de 2009) sea un récord. Además de tales comparaciones dolorosas, la economía española se enfrenta a problemas sociales de más calado que el puramente estadístico. La EPA detecta 1.298.500 familias con todos sus miembros en paro; y los parados de larga duración (más de un año buscando trabajo) son ya 1.787.000. Aunque las familias han protegido hasta ahora a sus parados, existe el riesgo de que aumente la pauperización.

Frente a este crash laboral, el Gobierno esgrime hasta ahora un reconocimiento teórico de la gravedad del problema y la convicción de que "el deterioro del mercado laboral es menos acusado que en el primer trimestre de 2009". La conclusión estadística es correcta, pero muy corta de miras. En el primer trimestre de 2010 la EPA muestra un cambio significativo: la población activa aumentó en 34.400 personas, casi todas ellas mujeres. Aunque sea muy probable que en el mes de abril la tendencia del empleo ha mejorado y se confirme que el crecimiento del paro ha tocado techo, un aumento sostenido de la población activa mantendría la tasa de desempleo en niveles muy altos durante varios trimestres. Y, como se ha repetido hasta la saciedad, el principal peligro para la economía (sobre todo para la estabilidad de las cuentas públicas) es un paro elevado de larga duración. En ese sentido, la evolución del número de familias sin empleo y de parados casi permanentes induce más bien al pesimismo. En estas condiciones, cualquier indicio de recuperación es simple voluntarismo. Sobre todo cuando el FMI advierte que la economía española llegará a tasas de crecimiento del 2% allá por 2016.

La primera EPA del año trae también un mensaje para los sindicatos. De los 239.000 empleos desaparecidos, 73.000 son contratos fijos. Es la tercera EPA en la que desaparecen puestos fijos. El ajuste de empleo no afecta sólo a los contratos temporales y tampoco a la construcción en exclusiva; toca también a los clientes o afiliados de los sindicatos. Estos han optado por responder con maniobras evasivas. Instan al Gobierno a que actúe para acabar con el paro. No es una buena respuesta, porque en su mano está reflexionar sobre lo que pueden hacer para crear empleo. Acelerar la negociación sobre la reforma del mercado de trabajo, por ejemplo.

No es noticia afirmar que la situación económica es grave o que la crisis del mercado laboral, además de la amenaza de empobrecimiento social, puede agravar la parálisis del crédito bancario y comprometer todavía más la solvencia de las finanzas públicas. Pero lo cierto es que la amenaza de colapso, con una economía saliendo de la recesión con tasas de crecimiento muy bajas y tasas de paro muy altas, sólo puede conjurarse con decisiones contundentes: recorte del gasto público y reformas rápidas en el sistema financiero.