Bronca unánime al PP por usar el 'caso Vic'

El PP quiso aprovechar ayer el conflicto de Vic para alargar el debate sobre la inmigración y llevarlo al Congreso como arma política contra el Gobierno. Y se quedó completamente solo. Además, tuvo que escuchar duros reproches de todos los demás grupos, que le acusaron de querer utilizarlo electoralmente.

"Demagogia desbocada", "uso mezquino y tendencioso", "echar leña al fuego", "fomentar la confrontación y la xenofobia" e "intento de pescar en río revuelto" fueron algunas de las muchas expresiones que dirigieron al PP el resto de los portavoces en la Diputación Permanente del Congreso.

El PP se quedó solo pidiendo la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Su portavoz, Rafael Hernando, hizo un discurso en el que aseguró que "el sistema de protección social español no es un pozo sin fondo, tiene unos límites que en estos momentos son las condiciones económicas".

Hernando (PP): "El sistema de protección social no es un pozo sin fondo"

Utilizó el caso de Vic para arremeter contra la política de inmigración del Gobierno de Zapatero. Según dijo, es "un sistema que hace más fácil entrar ilegalmente en nuestro país que hacerlo legalmente; un sistema endiablado según el cual si uno viene ilegal y consigue estar tres años en la clandestinidad, se le dan los papeles". Es decir, la tesis del principal partido de la oposición es contraponer la capacidad económica de España con la obligación legal de empadronar y dar servicios a los inmigrantes, legales o irregulares; y confrontar sus propuestas con la supuesta permisividad del Gobierno con la inmigración ilegal.

Todos los grupos, incluido el PP, aseguraron que los ayuntamientos tienen obligación de empadronar a todos los inmigrantes, incluso a los sin papeles. Todos rechazaron la actuación del Ayuntamiento de Vic, con la única excepción del portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, que utilizó un tono comprensivo para asegurar que ese municipio es ejemplo de convivencia. "El alcalde y el consistorio han consultado porque quieren cumplir la legalidad, y una vez emanada esta consulta, el alcalde va a cumplir con la legalidad vigente, pero en ningún momento se ha retractado ni ha dado marcha atrás", aseguró el portavoz de CiU.

El PP marcó distancias con todos para elevar el tiro y arremeter contra el Gobierno: "El problema no es el empadronamiento, sino un sistema que favorece la ilegalidad".

Y por eso le cayó el chaparrón de reproches: Francisco Jorquera (BNG) le alertó "sobre el peligro que puede suponer hablar del impacto de la inmigración irregular en el coste de los servicios"; Ana Oramas (CC) le pidió que "no eche leña al fuego en este momento"; Gaspar Llamazares (IU) lamentó que el PP abra un debate peligroso pensando en las municipales de 2011; Joan Ridao (ERC) le imputó "uso mezquino y tendencioso", en vísperas de las autonómicas catalanas; Emilio Olabarria (PNV) lamentó el "conflicto manifiestamente absurdo" y Esperanza Esteve (PSOE) criticó que se fomente "la confrontación y la xenofobia".

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se congratuló de la decisión del Ayuntamiento de Vic de levantar al veto al empadronamiento de inmigrantes. "Me congratulo del paso atrás del alcalde y de que se adopte una posición de respeto escrupuloso a la ley, y confío en que esta polémica pase pronto", aseguró, para después subrayar que Vic, antes de esta polémica, fue "un ejemplo de cómo se debe gobernar la inmigración", informa Jorge A. Rodríguez.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, alertó ayer en Toledo contra "las apuestas oportunistas" en materia migratoria con objetivos electorales. A vueltas con el veto ya levantado del Ayuntamiento de Vic a empadronar inmigrantes, Rumí aseguró que aquellos partidos que utilizan la inmigración "en momentos de dificultad, por motivos oportunistas para sacar réditos electorales, verán cómo acaba volviéndoseles en contra".