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El Ayuntamiento acata el dictamen, pero anuncia "más muertes en patera"

La Abogacía del Estado ha echado el cerrojo a la polémica abierta en Vic por negar el empadronamiento a los inmigrantes sin regularizar. El alcalde de la ciudad, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), acató ayer a regañadientes el dictamen de los servicios jurídicos del Estado, que asegura que "no procede denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España". El Consistorio no comparte esos argumentos. Según el primer teniente de alcalde y portavoz de CiU, Xevi Solà, son "flojas e imprecisas y de una grave inconsciencia social".

Solà, abogado de profesión, avisó del efecto llamada que supone decir que en España se empadrona a todos los inmigrantes irregulares, y alertó de que esto se traducirá en "más muertes en patera". ICV acusó a Solà de generar alarma social y pidió al tripartito de gobierno (CiU, PSC y ERC) que "acabe con el victimismo y el oportunismo político". En cambio, el ultraderechista Josep Anglada invitó al alcalde a seguir adelante al entender que el informe de la Abogacía del Estado no es vinculante, o a dimitir por engañar a la ciudadanía.

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Visiblemente contrariado, el alcalde de Vic reivindicó que su ciudad no es xenófoba y pidió al Gobierno que "cumpla la Ley de Extranjería porque esto va a favor de los mismos inmigrantes". También le exigió ayuda económica para que los municipios puedan hacer frente a los "mayores gastos que suponen los inmigrantes irregulares". Vila d'Abadal insistió en defender su medida por innovadora y por sustentarse en una modificación de la ley, que obliga a los no comunitarios a entrar en el país con visado. Las entidades sociales y sindicatos de Vic celebraron, en cualquier caso, que el alcalde retire su propuesta.

Pero CiU no se quedará de brazos cruzados y ejercitará el derecho a consulta que reconoce la Unión Europea para que aclare si comparte los criterios de la Abogacía del Estado y si se adecuan a la legalidad europea y al Código Europeo de Visados. Pese a la aparente derrota, CiU siente que su discurso ha calado y que ha tomado la delantera en este asunto. Destacados cargos de la federación salieron ayer en tromba en defensa de Vic. El alcalde de Sant Cugat, Lluis Recoder, de Convergència, achacó a "ignorancia" y "mala fe" las críticas a Vida d'Abadal, y Antoni Castellà, secretario de organización de Unió, y segundo secretario de la Mesa del Parlamento catalán, contrapuso Vic a los "guetos de L'Hospitalet", gobernado por un socialista.

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