"Los parados sin acceso a las ayudas no llegan a 600.000"

Javier Orduña, director general del Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo Inem), vive desde sus vacaciones la polémica de las nuevas ayudas al desempleo. La medida aprobada el pasado 13 de agosto en Consejo de Ministros, que dota de 421 euros mensuales a quienes hayan perdido su prestación y subsidio a partir del 1 de agosto, no ha comenzado con buen pie. Muchas oficinas iniciaron la tramitación el lunes sin los formularios y sin detallar los requisitos.

Pregunta. La puesta en marcha de las ayudas arrancó con críticas por falta de información. ¿Cómo lo justifica?

Respuesta. La impresión y los datos que tengo no coinciden con las incidencias que he visto en los recortes de prensa. Las ha habido, pero anecdóticas. De las 711 oficinas que tenemos en todo el territorio, hemos registrado incidencias en 8 o 10. Es cierto que el primer día registró mayor afluencia y quejas de los que quedaban excluidos de las ayudas. Pero ha ido globalmente bien.

"Si se concedieran desde julio, los de junio también quedarían fuera"

"Los desempleados más antiguos han tenido más opción de hallar trabajo"

P. Pero en muchos sitios faltaban formularios y los funcionarios desconocían los requisitos.

R. Los formularios e impresos se mandaron a las provincias a las 9.45. El operativo funcionó bien. Sólo hubo un decalaje de media hora entre la apertura de las oficinas [el lunes] y la llegada de los impresos, para incluir la fecha de publicación en el BOE. A las 9.45 los impresos habían llegado a todo el territorio.

P. Muchos supieron en las oficinas del Inem que no cumplían las condiciones por terminar su prestación antes de agosto.

R. Comprendo que haya malestar entre los que no van a recibir la ayuda. Algunos tenían expectativas de cobrar porque han agotado su prestación una semana antes de que entrara en vigor. Pero esta gente no estaba bien informada. Todas las condiciones fueron aprobadas en un real decreto, explícitas en el texto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de agosto.

P. ¿Cuánta gente se ha quedado fuera de las ayudas?

R. Se están haciendo cálculos erróneos, que hablan de hasta 1,2 millones, que son los que ya no cobran prestaciones menos los que pueden acceder a estas ayudas [340.000]. Es falso. La cifra de desprotegidos que se quedarían fuera por la limitación temporal no alcanza ni la mitad [600.000]. Entre las personas sin protección, muchas tienen una renta superior al 75% del salario mínimo interprofesional, o simplemente no han generado derechos con empleos anteriores.

P. ¿Por qué se ha puesto el límite del 1 de agosto?

R. Además del límite temporal, las leyes tienen una memoria económica. El presupuesto no es ilimitado y eso exige acotar los colectivos a proteger, la duración del programa y la cantidad. Somos conscientes de que damos cobertura a una parte del colectivo de los desempleados desprotegidos. Pero existen otro tipo de circunstancias que cubren las comunidades autónomas. Además, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta el jueves. Las leyes tienen una fecha de entrada en vigor, y se ha hecho un esfuerzo de carácter retroactivo para beneficiar a más personas, desde el 1 de agosto. Si se hubiera retrotraído a julio, los de junio también se hubieran quedado fuera.

P. ¿No están más necesitados los parados de larga duración?

R. Comprendo este punto. Pero, a la vez, el que ha terminado ya sus prestaciones, se supone que ha tenido más oportunidades para encontrar trabajo. A pesar de la crisis, el mercado de trabajo genera algunos empleos.

P. ¿Por qué se ha escogido un criterio meramente temporal y no más social, para gente con condiciones especiales?

R. Hay muchas personas que no pueden percibir esta renta pero sí beneficiarse de las numerosas ayudas dedicadas a la exclusión social. Se ha tenido en cuenta también el criterio de participación en itinerarios de actividad. Es fundamental la unión de políticas activas y pasivas. Quien esté percibiendo la ayuda tiene que estar activamente buscando empleo.

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