Los sindicatos piden que se apliquen desde el 1 de enero

La fecha elegida por el Gobierno para empezar a conceder la ayuda a parados que han agotado su prestación, el pasado 1 de agosto, no sólo ha generado malestar entre quienes quedan fuera. Los sindicatos también reclaman al Gobierno que considere beneficiarios de la medida a todos los parados que hayan agotado la prestación desde el pasado 1 de enero, lo que supondría aumentar el coste.

"Siempre hay un efecto frontera con las fechas, pero el 1 de enero sería razonable", asegura Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Este dirigente asegura que la primera propuesta del Gobierno fijaba como fecha el 1 de junio y la rechazaron por insuficiente. Paloma López, responsable de empleo de CC OO, coincide: "No hemos puesto una fecha fija de retroactividad, pero el 1 de enero nos parece razonable". Esta formación calcula que cada mes de ampliación de la medida supondría un coste adicional de 80 millones de euros.

En el ámbito político, las disfunciones de la ayuda de 420 euros proporcionaron ayer munición contra el Gobierno a la derecha y a la izquierda. PP, CiU e Izquierda Unida coincidieron en acusar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "engañar" a los parados y en exigir que la ayuda se aplique para quienes agotaron la prestación antes de agosto.

Cambio de postura

No obstante, el PP aplaudió esta medida cuando se aprobó, el pasado día 13. Su coordinador de Economía, Cristóbal Montoro, la apoyó, con la única pega de que "no será eficaz".

Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno de presentar "de forma engañosa" la medida. "Es un insulto más a los parados", dijo. "Se dio una información falsa a los ciudadanos y se generaron unas expectativas que no se han cumplido en unas personas que lo están pasando mal", añadió.

Con argumentos idénticos, el coordinador general de IU de Andalucía, Diego Valderas, acusó a Zapatero de "mentir y tomar el pelo" a los parados. Valderas los llamó a "rebelarse en la calle".

La diputada de CiU en el Parlamento catalán, Meritxell Borràs, también reclamó al Gobierno que replantee los plazos. Borràs aseguró que es una "injusticia" y acusó al Gobierno de "engañar" a los ciudadanos.

El ministro de Fomento, José Blanco, dio a entender que el Gobierno rechaza esa modificación. "Siempre hay que cumplir los requisitos" para recibir prestaciones, afirmó, aunque el Gobierno "se esforzará por hacer una información mejor".