El Banco de España admite que puede haber más operaciones de rescate

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, admitió ayer que, tras la intervención de la Caja Castilla La Mancha (CCM), es muy posible que haya más operaciones de rescate. "Aunque las entidades sistémicas españolas puedan transitar la crisis sin ayudas, es evidente, como demuestra el caso de la Caja de Castilla La Mancha, que, si la crisis internacional se prolonga, podría ser necesario reestructurar algunas entidades de pequeño o mediano tamaño", enfatizó. Luego puntualizó: "Y dada la magnitud e intensidad de la presente crisis financiera mundial deberíamos prepararnos para emplear más recursos públicos que en ocasiones anteriores".

El gobernador señaló que "las políticas crediticias excesivamente expansivas han generado gran parte de los problemas actuales", por lo que ve previsible "una reducción clara del volumen total de negocio en el sector financiero". Ante ello se presentan, a su juicio, dos retos: la reanimación del flujo de crédito y la reestructuración ordenada del sistema financiero.

Para el gobernador, que intervino en el foro organizado por el diario económico Cinco Días, "es inevitable y saludable un cierto grado de reorganización de la estructura del sistema bancario que garantice su fortaleza a largo plazo". Pero precisó que el coste derivado de esa reestructuración "debe ser el menor posible para las arcas públicas", por lo que deben buscarse las soluciones en el sector privado. "Lo importante es que el contribuyente no ponga dinero", señaló.

También subrayó que la reorganización no debe conducir a "una recapitalización generalizada". "Las eventuales ayudas que se puedan otorgar a entidades concretas deben estar ligadas a su reestructuración", añadió, para remachar: "Los directivos que desarrollaron planes de negocio inadecuados desde un punto de vista de gestión prudente de los riesgos deberían asumir sus consecuencias".

Sin embargo, tuvo que admitir que la solución privada no fue posible en el caso de la CCM, de cuya intervención reconoció que se había producido ante la negativa privada de Unicaja de seguir adelante con la fusión, que habría sido más positiva que la actuación del Banco de España. Quizá para tranquilizar al personal, también dijo que no le constaba que hubiera ninguna caja con problemas para intervenirla.

Luego, en el breve turno de preguntas, aprovechó la ocasión para meter el dedo en el ojo a políticos y gestores de las cajas: "Las disputas políticas en torno a las cajas no son positivas en absoluto porque dificultan la situación y pueden costarle dinero a los contribuyentes". Un mensaje conciso sobre su actuación en casos como la CCM y Caja Madrid, sin ir más lejos. En todo caso, deja en manos de políticos la decisión de cambiar o no la Ley de Cajas para dotarlas de más independencia de los políticos, a los que pidió "contención".

El objetivo primordial, según Fernández Ordóñez, es mejorar la solvencia de las entidades resultantes, "cuyo número se reducirá muy probablemente como consecuencia del descenso del volumen de negocio en los próximos años". "Esta disminución de la capacidad instalada permitirá liberar recursos a otros sectores económicos con mayor potencial de desarrollo económico", subrayó el gobernador. En este sentido, apuntó que las cajas de ahorros tienen que afrontar el futuro para resolver sus problemas, principalmente la falta de capital. Por ello, insinuó que ese cambio legislativo "podría facilitar a las cajas los instrumentos de los bancos".

El gobernador presentó un discurso minuciosamente preparado y bien estructurado. Antes de meterse en la harina financiera, abordó los otros temas candentes que le preocupan: las previsiones económicas y las reformas estructurales. Y sacó la vara para adelantar que las previsiones que presente el viernes la institución que dirige "no harán sino constatar que la economía española está inmersa en un periodo de profunda contracción, donde la tasa de paro, si no se toman medidas, ascenderá a cifras muy preocupantes y donde casi los únicos rasgos positivos son la mejora de la inflación y el progreso en el ajuste del sector exterior".

Para Fernández Ordóñez, el empleo es el gran problema y "muestra la persistencia de las debilidades en el entramado institucional del mercado laboral que es preciso corregir". Es la reforma estructural prioritaria que plantea. En ese sentido, exige a todas las instituciones (Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, patronales, sindicatos...) "identificar las medidas y acciones necesarias para retornar lo más rápidamente posible a una senda de crecimiento sostenido". Si no se abordan reformas estructurales, según el gobernador, no se logrará. "De nada sirven ni la exageración alarmista de las dificultades ni las llamadas bien intencionadas a la confianza en una prnta recuperación espontánea, sin tomar medidas relevantes".

Además de la reforma del mercado de trabajo, destaca "como de vital importancia" el desarrollo del mercado de alquiler, para lo que hay que liberalizar algunos aspectos de la actual legislación; y actuar en las denominadas industrias de red (energía, telecomunicaciones, transporte por carretera y ferrocarril) y educación. En este punto, lo más importante es extender y mejorar la calidad de la educación secundaria. Son repetidos mensajes, pero Fernández Ordóñez sigue la máxima de "insistir para conseguir".