Las operadoras avisan de que controlar las descargas P2P costaría 100 millones
Controlar las descargas por Internet no sólo es complejo sino que es muy caro. Los proveedores de acceso a Internet (ISP) españoles advierten de que poner en marcha un sistema de avisos contra las descargas masivas por Internet de vídeos y música similar al que ha iniciado Francia costaría más de 100 millones de euros al año, según fuentes de las compañías.
La advertencia viene a colación del reconocimiento por parte de la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, de que el sistema de avisos que el Gobierno de Nicolas Sarkozy ha planteado para terminar con las descargas de contenidos protegidos con derechos de autor costará 70 millones de euros.
La Asamblea Nacional francesa comienza hoy a debatir la norma que aprobó el Senado el pasado mes de octubre, por el que se enviarán tres avisos a los internautas que usen los programas P2P de intercambio de archivos antes de cortarles la conexión. Se estima que se lanzarán 10.000 avisos diarios a otros tantos internautas para que cesen en su actitud.
Los ISP españoles estiman que de atenderse las solicitudes de las sociedades de gestión de derechos habría que lanzar al menos el doble de avisos que en Francia, lo que dispararía el coste para las operadoras.
Y es que, a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde el Gobierno ha prometido que correrá con el gasto y compensará a las compañías, los ISP españoles temen que el Ejecutivo dejaría en sus manos el coste de todo el proceso, como ha hecho con la ley de identificación de los clientes de móviles con tarjetas prepago.
Además, España es uno de los países más activos en descargas P2P -totalmente lícitas con la actual legislación-, por lo que el esfuerzo financiero superaría al de Francia. De hecho, España figura, junto a Canadá, Rusia, México, Grecia o China, en la lista negra del Congreso de EE UU como países de mayor "piratería audiovisual". La patronal audiovisual española (FAPAE) estima que en 2007 se descargaron 240 millones de películas por Internet.
La asociación de operadores Redtel negocia con las sociedades de gestión de derechos (comandadas por la SGAE) y los ministerios de Cultura e Industria un sistema de control de las descargas.
El Gobierno apuesta por crear una entidad independiente que gestione el sistema de avisos, similar al Hadopi, la autoridad encargada del control en Francia, y que remitiría los avisos a los internautas con la información proporcionada por las operadoras, según fuentes de la negociación.
Los ISP estiman que éste sería un mal menor y, aunque todos ellos se muestran dispuestas a acatar la ley si se cambia, temen que los internautas que reciban el primer aviso reaccionen cambiando de compañía gracias al procedimiento de portabilidad, que permite conservar el número telefónico, más activo en España que en Francia.
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