La ley 'antiP2P' francesa costará 70 millones de euros
El Ejecutivo de París prevé 10.000 advertencias diarias.- La Asamblea Nacional comienza mañana a discutir la norma
El sistema de tres avisos que el Gobierno de Nicolas Sarkozy ha planteado para terminar con las descargas de contenidos protegidos en Internet llega a su recta final. Desde mañana, la Asamblea Nacional comenzará a debatir la norma que aprobó el Senado francés el pasado mes de octubre. En caso de dar el sí definitivo, las previsiones apuntan a que se lanzarán unos 10.000 avisos diarios a otros tantos internautas que usen las redes P2P para compartir contenido. El sistema costará unos 70 millones de euros.
Los datos los ha ofrecido hoy la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, quien se ha mostrado convencida de que las amenazas de sanción tendrán un efecto disuasorio que evitará en la gran mayoría de los casos llegar a suspender la conexión a Internet. "Es imposible hacer previsiones", ha argumentado Albanel, quien ha añadido que en los países donde se han puesto en marcha mecanismos de advertencia previos a la sanción el pirateo ha bajado hasta un 65-70%.
El proyecto de ley sobre la creación e Internet, que fue aprobado en primera lectura por el Senado el pasado mes de octubre y que será debatido a partir de mañana en la Asamblea Nacional, prevé un sistema de sanciones que consistirá en la suspensión del abono a Internet por un periodo de entre dos y doce meses para los que se descarguen ficheros por Internet cuyo contenido esté protegido por derechos de autor.
Antes de hacer efectiva esa pena, el internauta recibirá un primer correo electrónico de advertencia, al que seguirá otro aviso por correo postal o por teléfono.
La tercera comunicación de la Hadopi, la autoridad encargada del control, abrirá la posibilidad a un acuerdo amistoso si el infractor reconoce que se bajaba música o vídeos, y en ese caso, el corte de la conexión se limitará a entre uno y tres meses.
El Ejecutivo ha calculado que el dispositivo técnico para hacer posible la vigilancia, que estará plenamente en vigor en 2010, tendrá un costo de unos 70 millones de euros que será objeto de compensación por el Estado para los proveedores de acceso a Internet, en quienes recaerá la labor de vigilar e identificar a los infractores de la norma.
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