Solbes combina recortes fiscales y apoyos al ladrillo contra la crisis

La retirada de Irak y las reformas sociales protagonizaron la primera legislatura de Zapatero; la economía tiene toda la pinta de acaparar los focos en la segunda. Y para mal. El Ejecutivo aprobó ayer un paquete de medidas urgentes para combatir el pinchazo inmobiliario y las turbulencias internacionales, que dibujan un panorama sombrío para la economía española. El plan anticrisis incluye 11 medidas, con un impacto de 24.200 millones de euros en dos años -con 10.200 en 2008- y la tradicional receta socialdemócrata para salir del paso: un recorte de impuestos combinado con medidas de política económica.

Economía confía en "mantener el equilibrio" de las cuentas públicas

Seis de las 11 propuestas se dirigen al sector inmobiliario

El plan presta especial atención a la crisis inmobiliaria, que aglutina seis de las 11 propuestas y entre las que destaca como medida estrella la prolongación gratuita de los plazos de la hipoteca para todas las familias.

El vicepresidente Pedro Solbes confía en que el plan estimule el consumo, de manera que el impacto anual sobre el crecimiento sea aproximadamente de un cuarto de punto de PIB, en un escenario marcado por la desaceleración. A la espera de que haga públicos sus propios pronósticos, Economía comulga con los del Banco de España, que vaticina un crecimiento del 2,4% en 2008. Hay análisis mucho más pesimistas, empezando por el del FMI.

A cambio de ese empujón, el paquete anticrisis supondrá la práctica eliminación del superávit público. Aunque Solbes confió en "mantener una situación equilibrada" en las cuentas del Estado, junto a los efectos presupuestarios del plan se dejarán notar las consecuencias de la propia desaceleración: al margen de la menor recaudación de impuestos, la subida del paro asociada a la crisis supone el pago de un mayor número de subsidios.

"El objetivo es fomentar la recuperación de la actividad en general y de la construcción en particular", explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras el primer Consejo de Ministros de la legislatura. Solbes se esforzó en destacar que el plan de choque permite "enfrentar una coyuntura complicada y mantener el equilibrio fiscal".

Ese equilibrio no es tarea fácil. Entre las rebajas fiscales destaca la prometida deducción de 400 euros para los contribuyentes del IRPF y los autónomos: 16,4 millones de españoles empezarán a notarlo en la nómina de junio, con un coste de 6.000 millones anuales. Además, se elimina desde 2008 el impuesto de patrimonio, que paga un millón de personas y supondrá una merma de ingresos de 1.800 millones en 2009.

La reactivación relacionada con el sector inmobiliario y la construcción es el eje del paquete anticrisis. El Gobierno anunció la ampliación gratuita del plazo de la hipoteca para todas las familias, y no sólo a las que presenten especiales dificultades, como parecía al principio.

La medida está destinada a compensar los efectos de la subida progresiva de la hipoteca, aunque en la práctica supone pagar más intereses. Entrará en vigor en mayo con una vigencia de dos años, pero está pendiente de algunos flecos: los acuerdos con la banca y los pactos para eliminar gastos registrales y notariales.

Destacan también las ayudas fiscales a la rehabilitación de edificios y una línea de avales para compra de vivienda protegida, además de la agilización de la obra pública: en el primer trimestre se han licitado ya el 40% de los proyectos presupuestados para este año, adelantó Solbes. El plan destinará 201 millones a recolocar empleados, en especial de la construcción. Hay otro bloque de propuestas encaminado a proporcionar liquidez a las empresas -ante la sequía del crédito-, entre las que destaca la devolución mensual del IVA a partir de 2009.

Empresarios, sindicatos y analistas acogieron con cierta tibieza -cuando no abierto rechazo- los planes del Gobierno. Solbes declaró que se trata "de un primer paquete" y no escondió que podría haber más "en función de las necesidades"; es decir, de la profundidad de la crisis. "Seguimos con la idea de abrir un diálogo con los agentes sociales para consensuar futuras medidas", dijo.