La policía de EE UU podrá encarcelar durante 7 días a inmigrantes sospechosos

Desde ahora, cualquier extranjero en EE UU con un visado caducado puede ser encarcelado durante siete días hasta que se inicie el proceso de deportación. La fiscalía podrá tardar hasta una semana en presentar cargos formales. La nueva ley establece de manera genérica que la 'sospecha de vinculación terrorista' es suficiente para meter en la cárcel a cualquier inmigrante durante ese periodo. Según los críticos, la ley que ayer firmó el presidente Bush pone en manos del Gobierno una herramienta de abuso que contraviene los derechos civiles. Los no estadounidenses, afirman, vivirán bajo sospecha.

'La gente debería estar asustada con esta ley', dice David Steinberg, profesor de derecho civil en la Jefferson School of Law. Según Steinberg, un Gobierno que se atribuye nuevos poderes legislativos en tiempos de crisis es un Gobierno que luego puede abusar de esos poderes. 'La ley puede usarse contra ciudadanos de a pie, contra políticos de la oposición, contra cualquiera que no les caiga bien por cualquier razón', dice este jurista.

Dale Nelly, de la American Civil Liberties Union, asegura que la legislación antiterrorista que ayer firmó el presidente George W. Bush con esplendor en la Casa Blanca da al poder ejecutivo 'una autoridad casi ilimitada para vigilarnos en nuestras casas, en Internet y en el teléfono, y para acceder a nuestras informaciones personales'.

El Senado ha puesto un límite de cuatro años a las nuevas medidas 'para que podamos analizar si en ese tiempo hay abusos inaceptables', dijo la senadora Dianne Feinstein. El único voto en contra en esa Cámara fue el del demócrata Russ Feingold, para quien las medidas antiterroristas 'no logran un equilibrio entre reforzar el cumplimiento de la ley y proteger las libertades civiles'.

Bush y su fiscal general, el ultraconservador John Ashcroft, parecen enteramente ajenos a este debate y se muestran encantados con una legislación que, sin embargo, está lejos de la que ellos pretendían: su propuesta pedía permiso para detener indefinidamente a cualquier inmigrante sospechoso del delito de terrorismo.

Con tono grandilocuente, Bush aseguró que el nuevo poder que se entrega a las fuerzas de seguridad permite combatir 'una amenaza a la que ningún otro país se ha enfrentado nunca'. Según el presidente, con la entrada en vigor de la ley 'damos un paso esencial para derrotar a los terroristas protegiendo al mismo tiempo los derechos constitucionales de los estadounidenses'. Ciertamente, quienes más deben temer los efectos de la ley son los no estadounidenses, sujetos a partir de ahora a la lupa de la sospecha.

'Da miedo', dice John Byrnes, abogado federal en Maniata. 'Fíjense en lo que están haciendo ahora, sin medidas especiales: están encarcelando a la gente de manera indefinida sin las nuevas medidas', dice este letrado en referencia a las casi 1.000 personas detenidas desde los atentados del 11 de septiembre. Según fuentes del FBI, ese número puede dispararse con la nueva legislación, a pesar de que ninguna detención ha demostrado ser especialmente valiosa para la investigación.

Éstas son algunas de las regulaciones más controvertidas en la nueva ley antiterrorista, en vigor desde ayer:

- Detención. Cualquier inmigrante -incluso los legales- podrá ser detenido durante siete días si el fiscal general o la autoridad de inmigración consideran que existen sospechas de vinculación terrorista. Tras la semana de interrogatorios, el detenido deberá ser puesto en libertad o llevado ante el juez con acusaciones formales, ya sean por terrorismo o por inmigración ilegal.

- Vigilancia telefónica. Un único permiso judicial permite pinchar todos aquellos teléfonos que puedan ser usados por un sospechoso de actividad terrorista.

- Vigilancia cibernética. Las comunicaciones por Internet se equiparan a las telefónicas y se someten a la misma vigilancia. Las empresas proveedoras de Internet deberán entregar el registro de actividad y los correos electrónicos de un individuo y sus interlocutores electrónicos si existen 'sospechas' de actividad terrorista.

- Seguimiento. Se crea un fondo para financiar una base de datos que permita seguir las actividades en EE UU de los 600.000 estudiantes extranjeros repartidos por las universidades del país.

- Lavado de dinero. El Departamento del Tesoro podrá imponer sanciones económicas (como la prohibición de transacciones) a aquellos países cuyos Gobiernos no compartan con EE UU la información relativa a cuentas sospechosas de ser empleadas para el lavado de dinero. También se amplía la labor de vigilancia de las entidades bancarias bajo amenaza de sanciones.

- Órdenes judiciales. En investigaciones por terrorismo, las fuerzas de seguridad podrán obtener una única orden para todo el territorio nacional, lo que les evita tener que pedir una orden para cada Estado y cada domicilio.

- Otras medidas. Se incrementan las penas por delitos terroristas. Se ilegaliza la posesión de sustancias que puedan ser empleadas como arma química o biológica. Se prohíbe la entrada a EE UU de inmigrantes vinculados a delitos de lavado de dinero.