El Congreso de EE UU da a Bush plenos poderes para hacer la guerra

George W. Bush tiene ya sobre la mesa una resolución de guerra del Senado y 40.000 millones de dólares (7,2 billones de pesetas) que ayudarán a financiar el despliegue militar. El Pentágono ha movilizado a 35.000 reservistas y empieza a acumular combustible para una larga campaña bélica. El Departamento de Estado despliega una rápida actividad diplomática basada en un mensaje: el país que no se sume al bando de los Estados Unidos será incluido entre los enemigos, y Afganistán figura ya en la lista. Se dibuja en el horizonte una guerra de dimensiones incalculables por ahora, librada quizá en distintos escenarios geográficos de forma simultánea. 'Si hay que entrar en Afganistán u otros países, se entrará', dijo extraoficialmente un portavoz del Pentágono.

El Senado, de mayoría demócrata, y la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y que con toda seguridad aprobará también la resolución, no han tardado en responder a la petición de la Casa Blanca. George W. Bush dispone ya de una resolución del Congreso, el órgano al que la Constitución otorga el poder de declarar la guerra, en la que se autoriza al presidente a emplear 'toda la fuerza necesaria y apropiada' contra 'las naciones, organizaciones o personas' que él mismo determine. Bush cuenta, por tanto, con pleno respaldo legal para emprender toda campaña bélica que considere necesaria, sin límite de tiempo u objetivos.

En Fort Bragg (Carolina del Norte), una base militar con 42.000 soldados, se ha entrado ya en 'ciclo de 24 horas'. Ésa es una fórmula que significa que las tropas empiezan a adaptarse al ritmo continuo de la batalla y pueden ser desplegadas en cualquier momento. En Fort Bragg está el cuartel general de la División Aerotransportada 82, la primera en desplazarse a Arabia Saudí en agosto de 1990, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak. Su jefe, el general John Vines, ha ordenado a la división que esté lista para 'cumplir la voluntad del pueblo americano'.

El Pentágono ha empezado a comprar combustible de avión en el mercado internacional, según fuentes consultadas por Reuters, y ha convocado a 35.000 reservistas cuya misión consistirá en realizar, en territorio estadounidense, las tareas que abandonen las unidades desplazadas al extranjero.

Bush reunió ayer a su Gobierno por primera vez desde el 11 de septiembre, y ha convocado hoy en su residencia vacacional de Camp David al vicepresidente, Dick Cheney; la asesora de seguridad nacional, Condoleezza Rice; el secretario de Estado, Colin Powell; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el fiscal general, John Ashcroft; el director de la CIA, George Tenet; y el director del FBI, Robert Mueller. Ese gabinete de guerra debatirá las opciones que han elaborado los jefes de Estado Mayor en el Pentágono, basadas en las directrices explicitadas por el general Colin Powell: 'Iremos primero contra ese grupo (presumiblemente el de Bin Laden), esa red y quienes hayan acogido y apoyado a la red, para destrozar la trama; luego seguiremos con un asalto global contra todo el terrorismo'. El Pentágono da por supuesto que será necesario acabar con los Gobiernos que no colaboren activamente en la lucha antiterrorista, lo que implicará invasiones y combates terrestres. No habrá, según el Departamento de Estado, países neutrales ni fronteras invulnerables.

Un elemento es fundamental para entender que este conflicto no se afronta con las cautelas de la guerra del Golfo y demás intervenciones exteriores de las últimas dos décadas. El miedo de los estadounidenses a perder miles o decenas de miles de sus soldados en territorio extranjero, injertado en lo más profundo del alma colectiva por la guerra de Vietnam, ha desaparecido por completo.

Estados Unidos ha sufrido un brutal ataque directo, y el 70% de la población, según un sondeo realizado por The Washington Post, está dispuesta a respaldar una guerra, sea cual sea su precio en vidas o en dólares. En este sentido, el Pentágono no descarta que más pronto o más tarde puedan producirse bombardeos quirúrgicos o ataques a distancia con misiles, pero trabaja con la hipótesis de que será necesario disponer de tiempo para atraerse el apoyo militar y logístico de numerosos países, y que al final del camino espera una guerra con duros combates terrestres, quizá en varias zonas del mundo simultáneamente. De forma extraoficial, portavoces del Pentágono indican que 'si hace falta entrar en países como Afganistán, Sudán, Argelia, Yemen, Pakistán u otros, se entrará'.

Lista de aliados

La Casa Blanca necesita forjar una amplísima coalición internacional. Bush cuenta con el apoyo de todos sus aliados tradicionales y parece haberse asegurado, de momento, el respaldo de Rusia, que libró una larga y estéril guerra en Afganistán, uno de los países considerados 'enemigos', y domina el territorio al norte de dicho país. El secretario de Estado, Colin Powell, conversó ayer telefónicamente con los ministros de Exteriores de numerosos países, entre ellos los de Pakistán e India. Pakistán figura en la lista de aliados de los Estados Unidos, pero es a la vez uno de los más firmes apoyos exteriores de los talibán de Afganistán y ha alojado en su territorio bases terroristas.

Powell dijo que el régimen militar paquistaní se había mostrado dispuesto a 'cooperar', aunque aún no había respondido positivamente a las peticiones concretas formuladas por Estados Unidos: la de recibir información sobre la red de Osama Bin Laden y la de disponer libremente del espacio aéreo paquistaní si es necesario emprender una campaña contra el contiguo Afganistán. El general Pervez Musharraf, presidente del país, deberá elegir entre dos malas opciones: enfrentarse con su propia población, sentimentalmente del lado de los talibán, o apuntarse en la lista de gobiernos que Washington dice estar dispuesto a derribar.

Powell contactó también con el gobierno de la India, principal enemigo de Pakistán. Y habló con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Túnez, Marruecos, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, para instarles a que acabaran con cualquier tipo de apoyo que sus gobiernos o sus ciudadanos pudieran estar prestando a grupos islámicos extremistas.