Los diputados del 'Gürtel' van al limbo

Del grupo popular al grupo mixto, pero triplicando su sueldo. Es el futuro, a tenor del Reglamento que rige la Asamblea de Madrid, que les espera a los tres diputados imputados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch, que ayer fueron expulsados del grupo del PP por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Por eso, el PP trata de forzar que los imputados no formen grupo mixto, aunque lo tienen difícil. Al igual que ya ocurrió con los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los tres diputados deberán comunicar en el Registro el abandono del grupo y la Mesa de la Asamblea debe admitirlo. Luego, si solicitan la constitución del grupo mixto, la Mesa debe acordar que lo concede, según el artículo 39.4 del Reglamento.

Al PP no le importó que los tránsfugas del 'tamayazo' formaran grupo

La cuestión a la que pretende aferrarse el PP es que, si estos diputados no lo solicitan, la Mesa no tiene por qué concederles la formación del grupo mixto. Quedarían entonces en un limbo político, porque en el Reglamento de la Asamblea no figura el concepto de diputado no adscrito, como en el Congreso.

En caso de que lo solicitaran, la Mesa está obligada a concederlo y los imputados tendrían derecho a todos los beneficios añadidos. Eso aumentaría su sueldo automáticamente. Además de los 3.808 euros mensuales que cobran en la actualidad los diputados con dedicación exclusiva, los portavoces de grupo perciben 2.123 euros más al mes en concepto de indemnización, según un acuerdo de la Mesa.

Y si entran a formar parte de las comisiones, otros 941 euros por ser portavoz de grupo en ellas. Es decir, que podrían duplicar su sueldo: de 3.808 euros a 6.872 euros mensuales. Dos diputados por grupo son, además, miembros de la Junta de Portavoces. Les supone un plus de 1.656 euros. Es decir, un salario de 8.528 euros al mes. Casi el triple de lo que cobran ahora.

Además, el grupo percibe 20.000 euros mensuales para sus gastos de trabajo. Con ellos se contrata a asesores y secretarias o se abona, por ejemplo, el gasto en fotocopias, teléfono y material de oficina.

Cuando se produjo el tamayazo en 2003 hubo un acuerdo político unánime de los grupos para modificar el Reglamento de la Asamblea e impedir que un tránsfuga saliera de un grupo y se viera beneficiado por ello. Pero la desidia del Gobierno de Esperanza Aguirre ha impedido que eso se produjera. Porque para modificar el Reglamento, que tiene rango de ley, aunque sean normas de funcionamiento interno, hace falta otra ley. Aguirre no la ha presentado en estos seis años.

Fuentes del PP aseguran que los diputados no son muy beligerantes en la cuestión del sobresueldo. Es algo que podrían haber zanjado antes de marcharse del grupo. Otras fuentes señalan que Aguirre no trató de su futuro en la reunión de ayer por la mañana en la que los expulsó del grupo.La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y su equipo más cercano eran conscientes de que la marcha de los tres diputados imputados en el Gürtel podría volverse contra ella, si éstos triplican su sueldo por abandonar el grupo del PP y pasar al mixto.

Por eso, desde hace dos días, los servicios jurídicos de la Presidencia de la Cámara buscan a toda prisa una fórmula para dejar a estos diputados fuera del grupo mixto. Han encargado un nuevo informe técnico para justificar la medida.

Después, el objetivo del PP es la modificación del Reglamento, pese a que ha dejado pasar seis años sin solucionar el asunto de los tránsfugas, situación que ya se produjo con el tamayazo en el verano de 2003. Entonces, al PP no le importó que formaran grupo. Pero ahora el caso da de lleno en el seno del grupo popular.

El pistoletazo a la modificación lo dio ayer Esperanza Aguirre, al asegurar en una radio su disposición al cambio del Reglamento. "Si hay que hacer reformas, háganse", afirmó. De nuevo, Aguirre pretende utilizar la Asamblea para modificar las leyes según su propia conveniencia política, utilizando su mayoría. Ahora, 64 de 120 diputados.

Rauda y veloz, la Cámara regional, que está controlada por el PP, anunció a los diputados que habrá una reunión de la Comisión de Reglamento el próximo 15 de octubre. Pero la modificación de la norma no se hace en un día. Incluso si se tramita por la vía de urgencia, se demoraría más de un mes. Y el anteproyecto de ley no podría aprobarse antes del próximo jueves, cuando se reúne el Consejo de Gobierno. "El Reglamento sólo contempla que un tránsfuga pase al grupo mixto. Si se quiere luchar contra eso, lo razonable es que se modifique", justificaban fuentes populares.

La prisa que ahora tiene el PP no fue la misma hace seis años. Después de que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez abandonaran el grupo socialista y formaran el mixto, PSM e IU trataron de reformar el Reglamento por la vía urgente. Pretendían incluir lo mismo que ahora planean los populares: la figura del diputado adscrito, al que no se le conceden los beneficios del grupo mixto. El PP rechazó entonces la propuesta.

Después, cuando se repitieron las elecciones y Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta, ésta, en su discurso de investidura, prometió modificar el Reglamento en el mismo sentido. La Asamblea constituyó una ponencia, que formaba parte de la Comisión del Estatuto. Sus sesiones se alargaron, pero no se produjo ninguna reforma. No hubo consenso, porque el PP introdujo la propuesta de modificar el distrito único electoral en circunscripciones, una medida que le enfrentó a la oposición. Sin Tamayo, la urgencia no era tal.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, fue la única que ayer hizo hincapié en la cuestión de las prebendas para los diputados del caso Gürtel. "Además de esquilmar las arcas públicas, acaban premiados en un supuesto grupo mixto", reprochó Sabanés en los pasillos de la Asamblea. "No quiero ni pensar que se genere una crisis de tal magnitud. Sería un escándalo como para cuestionar la legitimidad de un gobierno". Por eso, exigió a los imputados que entreguen "acta, grupo y parlamento". Y agregó: "Todo lo demás es una trampa".

La portavoz socialista, Maru Menéndez, se centró en pedir a los diputados que abandonen su escaño "porque no son dignos de representar a los ciudadanos". Pero el portavoz del PP, David Pérez, echó balones fuera. Aseguró que el PP "ha llegado hasta donde puede llegar", porque no se le puede pedir el acta a un diputado. También acusó a la oposición de no seguir el ejemplo del PP y no echar a sus imputados de su bancada. Como si no hubieran tardado meses en expulsarlos.