Pedraz acelera la salida de la 'crisis pirata'

El caso de los piratas somalíes detenidos el 3 de octubre tuvo ayer un avance muy significativo hacia su solución. El juez Santiago Pedraz, a instancias de la fiscalía, procesó a Cabdiweli Cabdullahi, Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, Rageggesey Adji Haman, por 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia agravado por el uso de armas. Aunque lo más significativo es que el Ministerio Público no solicitó el procesamiento por asociación ilícita, que figuraba en uno de los autos de Baltasar Garzón y que habría cerrado la puerta a la posible expulsión de España de los corsarios. La vuelta a Somalia de estos dos piratas es una de las exigencias de los secuestradores para liberar el Alakrana y a su tripulación; que estén en prisión en España dificulta las negociaciones.

La acusación por asociación ilícita hubiera impedido la posible expulsión

El fin de semana la fiscalía ha movido ficha. La vía legal elegida parece aventurar por dónde irá la solución del caso. El fiscal pidió el sábado la transformación de las diligencias previas en sumario, en lugar del procedimiento abreviado -que el juez hubiera podido rechazar y entrar en un laberinto de recursos, con sus correspondientes plazos, que habrían demorado meses una posible solución jurídica-, algo que se ajusta a la legalidad dadas las penas que corresponden a las detenciones ilegales y los robos con violencia. Cada detención ilegal tiene señalada una pena que va de 10 años y un día a 15 años, ya que se trata de un caso en el que se exige un rescate para la liberación y el secuestro de las personas ha tenido una duración superior a 15 días, lo que convertiría en ilegal la vía del procedimiento abreviado, en el que la petición máxima de pena no debe exceder de seis años.

El fiscal reclamó también el procesamiento por dichos delitos y la conclusión del sumario, por entender que los hechos están claros. Si Pedraz concluye el proceso esta semana, la fiscalía formularía su escrito de conclusiones en la siguiente y, si la Sala de lo Penal está de acuerdo, el juicio podría celebrarse en dos o tres semanas. Ya con una sentencia, se podrían aplicar otras medidas.

Fuentes jurídicas interpretan el hecho de que el fiscal no pida el procesamiento por asociación ilícita como una fórmula para no cerrar ninguna puerta. El abogado Javier Díaz Aparicio había propuesto la expulsión de su cliente, por aplicación de la Ley de Extranjería, que en su artículo 57 prevé que el acusado pueda ser expulsado cuando esté procesado por delitos cuya pena sea inferior a seis años. Esa norma nunca podría ser aplicada si fueran acusados por asociación ilícita, ya que en otro apartado de dicho artículo se excluye expresamente de la posible expulsión a los inculpados o condenados por ese delito.

Pedraz, en todo caso, no ha procesado por asociación ilícita. Aunque cabe la posibilidad de que hubiera querido hacerlo, en virtud del principio acusatorio, como nadie lo ha pedido, no podía hacerlo. La fiscalía ha anunciado que no solicitará la expulsión, pero cabe que la reclame el abogado de los piratas, por lo que el tribunal tendría que decidir sobre ello. En todo caso, habrá que esperar a que haya sentencia, porque puede que las penas impuestas superen en exceso el límite de seis años, no sea posible la expulsión y que el Gobierno tenga que indultar a los dos piratas, o que pacte su extradición a Somalia.