La petición fiscal de 220 años de cárcel complica la expulsión tras el juicio

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene intención de pedir la expulsión de los dos piratas encarcelados en España por el secuestro del Alakrana tras su posible condena, según fuentes fiscales. Esta decisión bloquearía una de las posibles soluciones rápidas al caso, y pasaría al Gobierno la patata caliente, pues tendría que optar, una vez que hubiera sentencia firme, por el indulto o por un convenio para que cumplieran la pena en Somalia, un Estado fallido, sin cárceles ni tribunales.

Fuentes de la Audiencia aseguraron ayer que la fiscalía tiene la intención de solicitar penas de seis años de prisión por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal que se atribuyen a Abdu Willy, y Rageggesey Adji Haman, por el secuestro del Alakrana; y cuatro años más por el robo con violencia y uso de armas. Todo ello supone una pena global de 220 años, que exceden con mucho el máximo de seis años previsto en el artículo 57 de la Ley de Extranjería y en el 89 del Código Penal para conmutar la pena por la expulsión.

El abogado Javier Díaz Aparicio, defensor de Abdu Willy, entiende que son conmutables todas las penas que sean inferiores a seis años, independientemente de lo que sumen. Sin embargo, el fiscal considera que el total de las penas que hayan sido impuestas al extranjero de que se trate no debe superar los seis años. Como la petición por un total de 220 años excedería por muchísimo los seis años, el fiscal ha anunciado que no solicitará la expulsión de los piratas. Eso dejaría la pelota en el tejado del Gobierno, que tendría varias opciones: negociar rápidamente una cesión de soberanía con Somalia, para que mediante una extradición, los dos piratas fueran juzgados allí; indultar la pena que les haya sido impuesta por los tribunales españoles, como en el pasado se hizo con los militantes de Amal, condenados a 23 años por el intento de asesinato de un diplomático libio, o llegar a un acuerdo con Somalia para que cumplan en aquel país la condena impuesta en España.

La vía de la expulsión no queda cerrada sólo porque el fiscal no la reclame. También podría solicitarla la defensa de los piratas y la sala tendría que pronunciarse sobre ello. Pero si la fiscalía no se presta a una expulsión con condenas de más de 200 años, menos parece que puedan acceder a ello los magistrados de la Sala de lo Penal. En todo caso, la vía no está cerrada.