Grecia quiere echar al 30% de los funcionarios de los ministerios

Dos nombres servían para ejemplificar a la perfección la lucha por la supervivencia que desgarra a la sociedad griega. A un lado, el de Kerasia Danasi, funcionaria que tras 22 años en el Ayuntamiento de Atenas ha visto cómo su sueldo ha menguado de 1.000 a 700 euros. Y al otro, Dimitris Repas, ministro de Reformas Administrativas, que acaba de enviar una carta a sus compañeros de Gobierno para que redacten un listado del personal prescindible con la idea de reducir en un 30% el número de trabajadores de los ministerios. "Quieren convertir este país en algo más parecido a los Balcanes que a Europa Occidental", protestaba la funcionaria Danasi en la plaza ateniense de Klafthmonos, donde los sindicatos habían convocado una manifestación contra los recortes que están al caer.

Los que están al caer y los que ya han caído. Porque según dijo en la radio otro responsable gubernamental, los costes laborales que arrastra la Administración pública se han reducido en un 5%. Además, 200.000 personas que trabajaban para el Estado han dejado de hacerlo en los dos últimos años "de una forma u otra". Con esta expresión, el viceministro Angelos Tolkas se refería a las plazas de funcionarios jubilados que no se han cubierto y a la no renovación de contratos temporales. "Estamos en estado de emergencia. Es la realidad que tenemos que afrontar", añadió. Pero estos ajustes no bastan: Grecia se ha comprometido a suprimir otros 150.000 empleos públicos hasta 2015. Todo, con tal de dejar este año el déficit público en torno al 7,6% del PIB. Es la única forma de lograr la ayuda de la UE y del FMI imprescindible para que el país no caiga en la bancarrota.

"Vamos a luchar contra el desmantelamiento del sector público que pretende llevar a cabo el Gobierno. Lejos de ser una solución a nuestros problemas, estas medidas solo nos llevan a la miseria. Ahora mismo no hay suficientes empleados en los hospitales, ni profesores, ni siquiera libros en las escuelas. La situación es trágica", señala a este periódico la portavoz del sindicato mayoritario de la función pública, ADEDY. Además de la manifestación de hoy, la organización ha convocado otras protestas para este mes y una huelga general el 6 de octubre.

Mientras esto ocurría, el ministro de Finanzas retomaba la videoconferencia con los tres responsables de decidir si el país merece o no la ayuda externa: la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Las dos horas y media de reunión del día anterior habían sido "productivas y sustanciales", según las palabras del Gobierno griego. Además de las conversaciones de sus máximos responsables, un equipo técnico de la troika recoge datos en Atenas para analizar las medidas que el país deberá adoptar este año y el próximo. Por equipos como este, los sectores críticos protestan por lo que consideran una absoluta pérdida de soberanía nacional.

Como es habitual en esta crisis griega-europea que dura ya casi dos años, las agencias de calificación de riesgos intervienen justo en el momento que más daño pueden hacer. Hoy ha sido el turno de la más pequeña de las grandes, Fitch, que vaticinó la próxima suspensión de pagos de Grecia, pero no su salida de la zona euro. "El coste de romper la unión monetaria sería demasiado elevado como para permitirlo", dijo la agencia, según recoge la agencia Efe desde Bruselas. "Las preocupaciones sobre el riesgo de ruptura del euro son exageradas", zanja el debate David Riley, director de calificaciones de deuda. Sobre España, Fitch asegura que el reequilibrio de su economía "está en marcha", aunque lejos de haber culminado.