La quinta huelga general del año en Grecia detiene la actividad pública

Grecia ha vuelto a quedar paralizada en una nueva jornada de huelga general, la quinta que vive el país desde comienzos de año, en protesta por las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno ante la difícil situación económica que atraviesa el país. La plaza Sintagma de Atenas ha vuelto a ser el escenario de algunos enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los paros han afectado, en diferentes grados, a todos los servicios públicos y han logrado cerrar escuelas y oficinas, mientras que los transportes aéreo, marítimo y ferroviario han cancelado numerosas conexiones.

Unas 20.000 personas han participado en las dos marchas que han arrancado a mediodía a convocatoria de los sindicatos mayoritarios. Los altercados se han producido cuando miles de trabajadores se han dirigido hacia el Parlamento, situado en un lateral de la plaza Sintagma, para mostrar su malestar con los recortes. Unas 300 personas han arrojado en ese momento piedras y artefactos incendiarios contra las brigadas antidisturbios que protegían el edificio de la Cámara legislativa y han intentado derribar las vallas de protección.

El Ministerio de Economía, próximo a la céntrica plaza, también ha sido objetivo de la ira de algunos manifestantes, que han roto los cristales de la puerta de entrada. Las escaramuzas esporádicas entre agentes y manifestantes exaltados, mayoritariamente grupos de jóvenes, se han prolongado durante horas en el centro de la ciudad. Según la policía, al menos dos agentes y dos civiles han resultado heridos, mientras que se han practicado 12 detenciones. La violencia, en todo caso, ha sido menor que la vivida el pasado junio, cuando más de cien personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías que se produjeron también en la plaza Sintagma y los alrededores.

La huelga general se ha producido en medio de un contexto de incertidumbre para la maltrecha economía griega, ya que el Gobierno ha admitido que el déficit público de este año iba a llegar al 8,5%. Esto supone incumplir el objetivo del 7,6% al que se había comprometido con Bruselas y el resto de participantes en el rescate financiero, en un momento en que la troika sigue supervisando las medidas de austeridad impuestas para dar luz verde a la llegada de nuevas partidas económicas.

Aunque por Atenas han circulado algunos taxis y convoyes de metro, los paros han paralizado prácticamente todos los transportes. El Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el principal del país, anunció su cierre total entre las 00.01 y las 23.59 de hoy, ante la huelga de controladores y de los trabajadores de Aviación Civil. Los hospitales han funcionado con el personal mínimo y algunos colegios públicos han cerrado, los mismo que han hecho las oficinas de Hacienda y del sector público en general. Los sitios turísticos gestionados por el Estado tampoco han abierto sus puertas.

La huelga, a la que desde la tarde se unen paros parciales en algunos sectores, ha sido convocada por la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y por la Confederación de Funcionarios Públicos (ADEDY), y precede a otra convocatoria para el 19 de octubre que incluirá al sector privado. Los trabajadores del sector público, que emplea a 900.000 de los 11 millones de habitantes que tiene Grecia, han mostrado hoy esencialmente su rechazo a los planes de austeridad que contemplan el envío de 30.000 funcionarios al paro técnico, con una reducción salarial del 40% y un más que probable despido antes de fin de año. Un camino que seguirían otros 120.000 funcionarios en 2012 para facilitar la drástica reducción del gasto público que exigen a Atenas sus acreedores.

Las medidas de austeridad, acordadas con la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) y exigidas por esas instituciones para aportar la ayuda externa en forma de préstamos, mantienen al país en la recesión, que se prevé del 5,5 % este año, y aumentan el desempleo, calculado en el 15,2 %. El proyecto de ley sobre la reducción de la plantilla en el sector público y la rebaja de sueldos y pensiones será tramitado mañana en el Parlamento y votado hacia finales de octubre.