Las acciones de los gestores de centros de detención se disparan en Bolsa con el triunfo de Trump

Los mercados anticipan escenarios futuros y hay dos empresas en particular para las que ese escenario ha ganado mucho atractivo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se trata de las compañías CoreCivic y Geo Group, que gestionan cárceles y centros de detención para inmigrantes. El futuro son los planes de deportaciones masivas que Donald Trump ha dicho que pondrá en marcha. Su próximo vicepresidente dice que se empezará con un millón de deportaciones en el primer año. Desde el cierre de mercado del día 5 de noviembre hasta el jueves 7, CoreCivic se ha revalorizado un 61,9% y Geo Group un 60,7%.

El servicio de Inmigración y aduanas, ICE, que se prevé que tenga una importante acción durante la próxima Administración, es un gran cliente de ambas empresas. “Nuestro mayor socio en el Gobierno”, se explicaba desde CoreCivic en su presentación de resultados económicos trimestrales el día 6 de noviembre.

La cotización de Geo Group estuvo en su mejor momento durante el primer Gobierno del ganador de las elecciones Administración de Trump y ahora su valor se encamina en esa dirección a pesar de que el jueves, en la presentación de resultados, se rebajaran las expectativas de la empresa para el cuarto trimestre debido a la caída de casos del programa de supervisión intensiva o monitoreo de inmigrantes (ISAP en sus siglas en inglés) en la segunda mitad de 2024.

Con todo, es algo que puede cambiar en 2025. “Tenemos 18.000 camas disponibles en nuestras instalaciones seguras contratadas y ociosas que si se activan pueden proporcionar una potencial subida a nuestra evolución financiera”, explicaba el jueves su presidente y consejero delegado George C. Zoely. La empresa está preparada. “También creemos que tenemos los recursos necesarios para escalar materialmente los niveles de servicios en nuestro ISAP y los contratos de transporte por tierra y aire”. Geo Group y el ICE renovaron el pasado 4 de octubre un contrato para el centro de procesamiento de Adelanto en California que cuenta con 1.940 camas.

“No hay una empresa pública o privada que se sienta mejor en estos momentos que estas corporaciones”, comentaba Edwin Carmona-Cruz, codirector ejecutivo de California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ), al hablar de las fuertes subidas de estas empresas. Desde esta organización dedicada a luchar por la liberación de los inmigrantes en centros de detención, ya se han visto incrementos de detenciones durante la Administración de Joe Biden: “Pero ahora nos tememos que la situación se agrave”, añaden.

Carmona-Cruz recuerda que este verano hubo varias huelgas de hambre y de trabajo dentro de dos centros en California gestionados por Geo Group para reclamar mejores condiciones de vida, empezando por una mejor salubridad de las instalaciones, además del fin de los confinamientos en solitario. CAL/OSHA, el organismo californiano que vela por la seguridad en el trabajo, ya multó con más de 100.000 dólares a esta empresa en 2023 tras las quejas por las condiciones de trabajo por el que reciben un dólar al día. Carmona-Cruz explica que a los detenidos se les paga estas cantidades por trabajos como limpiar las instalaciones cuando es algo que debería hacer la corporación con su presupuesto.

ICE se creó en 2003 y contaba con un sistema de detención de inmigrantes con capacidad para unos 20.000 al día. Desde entonces este sistema ha crecido hasta 200 centros en todo el país, parte de estos están operados por corporaciones privadas como Geo Group o CoreCivic. Según un informe del Centro de Libertades Civiles UCLA, de 2020, durante los últimos tres años de la Administración Trump se llegó a tener hasta 56.000 personas al día en estos centros.

A juicio de esta organización, ICE había localizado los centros en lugares donde los inmigrantes se iban a sentir “más aislados de ayuda legal, mantenerse en detención sin oportunidad real para salir, y con más posibilidad de perder sus casos”. UCLA también observó entonces la tendencia a los recortes de costos en personal y cuidado. Carmona-Cruz lamenta que estos gestores de centros de detención estén “subiendo como la espuma” mientras va a seguir habiendo “violaciones de derechos humanos y personas que no pueden luchar sus casos”.