La gran demanda contra Meta: lo que los fiscales de EE UU saben sobre el daño que causa a los menores

El calvario judicial de Meta subió este martes un nuevo escalón. Los fiscales generales de 41 estados demandaron a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, por desarrollar productos diseñados conscientemente para enganchar a niños, pese a declarar la compañía que sus redes sociales son seguras para los menores. Este proceso se suma a una cascada de pleitos, dos centenares de ellos agrupados en una demanda colectiva, presentados en abril por particulares e instituciones educativas del país contra varias redes sociales (Facebook e Instagram, de Meta, pero también Snapchat, TikTok y YouTube) por afectar a la salud mental de los jóvenes.

La acción coordinada de estos 41 Estados, 33 de ellos agrupados en una sola demanda conjunta, detalla a lo largo de más de 200 páginas los motivos por los que Instagram (y, en menor medida, Facebook) es un producto dañino para los jóvenes. En el texto, los fiscales generales explicitan que presentan la demanda “en defensa del interés público y para evitar e impedir efectos adversos de las prácticas de la empresa en sus Estados”.

“Meta se ha aprovechado del dolor de los niños diseñando intencionadamente sus plataformas con características que les manipulan y les mantienen adictos a sus plataformas, al mismo tiempo que rebajan su autoestima”, dijo el martes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una comparecencia tras presentar la demanda conjunta. “Las redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis de salud mental de los jóvenes y deben responder por ello”, espetó. Casi un tercio de las adolescentes estadounidenses tuvieron pensamientos suicidas en 2021, un 60% más que la década anterior, según el Centros de Control y Prevención de Enfermedades. “Igual que han hecho en el pasado las tabaqueras o las vapeadoras, Meta eligió maximizar sus beneficios a expensas de la salud pública, dañando específicamente a los más jóvenes”, señaló por su parte el fiscal general de Colorado, Phil Wieser, en un comunicado.

Un portavoz de Meta lamentó que “se haya elegido este camino” (el judicial) en vez de “trabajar productivamente con la industria para crear estándares de uso para las apps de los menores”. En la compañía hay malestar, además, por el hecho de que la demanda presentada esta semana se centre solo en ellos y deje al margen el resto de redes sociales.

El golpe que ha recibido Meta esta semana no ha llegado sin previo aviso. El origen de este proceso se sitúa a principios de 2021, cuando la compañía hizo público que planeaba crear Instagram Kids, una versión de su popular red social dirigida a menores de 13 años. El anuncio causó revuelo en EE UU. Varias asociaciones civiles protestaron públicamente y un grupo de 44 fiscales generales envió una carta abierta al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en la que le pedían que reconsiderara la idea.

En septiembre de ese mismo año, las filtraciones de Frances Haugen cargaron de razones a quienes recelaban de Meta. La exempleada de Facebook reveló a The Wall Street Journal documentos internos que demostraban que los ejecutivos de la compañía sabían de los efectos nocivos que tenía Instagram en los jóvenes, particularmente en las adolescentes. Pese a que sus propios informes decían que Instagram provocaba trastornos alimenticios y hasta había llevado a algunas usuarias al suicidio, los altos cargos de la red social no hicieron nada por revertir la situación.

La contundencia de esos datos hizo que tres estados abrieran en noviembre una investigación formal para estudiar el potencial impacto negativo de Instagram entre los jóvenes. Las revelaciones de Haugen llevaron también a decenas de padres a interponer sus propias demandas contra Meta, aduciendo que esta había afectado la salud o incluso la integridad física de sus hijos, proceso que culminó en abril de este año con la demanda colectiva a la que se sumaron varias instituciones educativas. “Nuestro caso no solo se fija en el contenido de las plataformas: aludimos al propio diseño de las redes sociales, que están pensadas para ser adictivas”, explicó a EL PAÍS Joseph VanZandt, el abogado que coordina la demanda colectiva. Este viernes está previsto que se celebre en el distrito Norte de California una vista que puede ser decisiva en este otro proceso.

En 2022, ante la irrupción de TikTok, la red social de mayor progresión entre los jóvenes, un grupo de fiscales generales de más de 40 estados iniciaron otra investigación separada sobre los potenciales efectos nocivos entre los jóvenes de la plataforma de origen chino. Todavía no han presentado sus conclusiones.

En los últimos años, países como Reino Unido o estados como California o Utah han aprobado normativas que exigen a las redes sociales más privacidad y seguridad para los niños. En el caso de Utah, se restringe su uso durante la noche. En Londres, Instagram y Pinterest fueron acusadas el año pasado de haber causado la muerte de una adolescente que se suicidó tras una larga exposición a esas plataformas.

Cambio de estrategia

Las demandas interpuestas por 41 estados contra Meta reflejan un cambio de estrategia respecto a la class-action, o demanda conjunta, de las instituciones educativas y los particulares. “Si estas últimas ponían el acento en que las redes sociales afectan negativamente a la salud mental de los jóvenes, el pleito presentado esta semana alude a leyes del comercio y del consumidor locales, así como a leyes federales de protección de la privacidad y datos personales del menor”, reflexiona Rodrigo Cetina, profesor de Derecho de la Barcelona School of Management, la escuela de negocios de la Universitat Pompeu Fabra, y experto en legislación estadounidense.

Aunque el escrito describe que los productos (las redes sociales) pueden manipular a las personas y que son adictivos por diseño, el argumento esgrimido es que eso no es compatible con las leyes comerciales. “Las grandes multas impuestas en EE UU por atacar la privacidad no se amparan tanto en la privacidad como derecho fundamental, sino como faltar al derecho a la protección el consumidor”, ilustra Cetina.

El cambio de rumbo no es casual. En mayo de este año, con la demanda colectiva de las instituciones educativas ya presentada, se conocieron dos sentencias claves que eximían a las plataformas de la responsabilidad de los contenidos que circulan a través de ellas. Eso llevó a los fiscales generales a mover el foco de algo intangible, como son los efectos que puede causar una red social en la mente, a algo más tangible: el hecho de que la compañía haya engañado a niños y padres al decirles que no tendría efectos sobre ellos y que sus datos están protegidos.

De la misma manera, el foco se ha puesto en una sola empresa, Meta, presumiblemente porque será de quien se tengan indicios o información inculpatoria más sólida, a lo que contribuyó decididamente Frances Haugen. Cetina aventura un segundo motivo de peso: “Las partes del escrito [que figuran] tapadas, que son secreto de sumario, hacen pensar que los demandantes han contado con la ayuda de algún testigo protegido con información de causa que puede comprometer a Meta”. Es decir, puede haber un nuevo o una nueva Haugen.

Aspectos problemáticos

La demanda señala varios puntos que hacen de Instagram y Facebook unas redes sociales que incumplen la ley y resultan peligrosas para los niños. Estos son los principales:

Engaño al consumidor. El argumento central se basa en el engaño al consumidor, el “desprecio por el bienestar” del mismo y de la “salud física y mental del usuario menor de edad”, así como en la “violación intencionada y a sabiendas de las leyes de protección al consumidor y de protección a la privacidad de los menores”. Meta, dice el texto de la demanda, ha engañado al público sobre los peligros sustanciales de las redes sociales y ha decidido ignorar los daños que causan a la salud mental y física de la juventud.

Modelo de negocio. Meta ha creado un modelo de negocio para Facebook e Instagram pensado para maximizar el tiempo que los jóvenes invierten en estos servicios y la atención que dedican a las plataformas. “Ha diseñado y diseminado un producto con características dañinas y que manipulan psicológicamente a los menores con el fin de que su uso de las plataformas sea extendido en el tiempo y compulsivo, cuando, al mismo tiempo, han asegurado en público que dichas características (o prestaciones) son seguras y apropiadas para los menores”.

Causa adicción. Para cumplir con ese modelo de negocio, Meta ha implementado funciones que incluyen “el scroll infinito, el contenido efímero, la reproducción automática, la cuantificación y visualización de ‘Me gusta’ y las alertas perturbadoras, todas ellas utilizadas de forma injusta y/o desmedida para extraer tiempo y atención adicionales de usuarios jóvenes cuyos cerebros en desarrollo no estaban preparados para resistir estas tácticas manipuladoras”, lee la demanda. “Meta explotó de manera injusta y/o desmedida las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios jóvenes y cultivó una sensación de ‘miedo a perderse algo’ con el fin de inducir a los usuarios jóvenes a pasar más tiempo del que de otro modo elegirían en las plataformas de sus medios sociales”.

Efecto máquina tragaperras. “Meta ofrecía contenido algorítmicamente a los usuarios jóvenes, de acuerdo con ‘programas de refuerzo variable’, manipulando así la liberación de dopamina en los usuarios jóvenes, induciéndolos de manera injusta o desleal a usar repetidamente sus productos, como un jugador en una máquina tragaperras”, dice el escrito.

Persistencia. A pesar de sus propias investigaciones, del análisis de expertos independientes y de los datos públicos, “Meta no quiere abandonar las características de sus servicios que resultan dañinas y se ha esfuerzo en falsear, ocultar y minimizar el impacto de sus productos en la salud mental y física de los jóvenes”.

Datos personales. Otra de las claves del proceso tiene que ver con la privacidad. “Meta recopiló información personal de usuarios menores de 13 años de Instagram y Facebook sin obtener primero el consentimiento verificable de los padres”, lo que violó la normativa estadounidense. Esa recolección se hizo “de manera ilícita y sin que medie consentimiento de los padres”. Meta “se niega a limitar la recolección y uso de los datos personales a pesar de que la ley se lo prohíbe”, y “no ha hecho nada por obtener el consentimiento de los padres para recolectar y monetizar los datos personales de los menores”.

Expansión del modelo. Finalmente, se acusa a la empresa de “expandir el uso de estas prácticas ilegales y dañinas a otros productos y plataformas”. Se menciona Whastapp, Menssenger y el metaverso.

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