Legal, pero dañino: por qué las redes permiten acoso, pero no pezones

Siempre se ha dicho que en Derecho acabamos los que no hemos sacado una nota suficiente para Medicina o Bellas Artes; una carrera memorística y aburrida, pero con “muchas salidas”. Comencé a estudiar Derecho antes de que España entrara en la Unión Europea (UE) y en medio de una crisis pelona muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Ya no es un secreto para nadie que soy más antigua que el hilo negro. En aquel momento, no había espacio para los sueños. Los padres no te consideraban especial ni te animaban a que te divirtieras trabajando. En qué cabeza cabía que uno de los castigos del Señor por el pecado original pudiera ser divertido. Se hacía lo que se debía sin mucha expectativa vital. Así que allí estaba poniendo Derecho como primera opción con la intención de sacarme una abogacía del Estado que empezaría a preparar en tercero de una carrera de cinco años.

Me aburrí como una marsopa y no estudié ni abogacía del Estado ni ninguna otra oposición. Sin embargo, al acabar, encontré el ejercicio de la abogacía apasionante y el Derecho, una combinación infinita de factores sociales, técnicos y psicológicos que no se acaba nunca. Regular las realidades sociales, las expectativas y las necesidades de los ciudadanos en un tiempo de fluidez extrema es tan apasionante como complicado. Lidiamos con problemas viejos, pero con una escala tal que se convierten en nuevos. Las reglas que teníamos para regular las relaciones de los mismos humanos resultan inservibles y las colisiones con derechos clásicos, una maraña difícil de desenredar. Sobre todo si los intereses corporativos y económicos se personan en los despachos adecuados.

La desinformación, los contenidos legales, pero perjudiciales, es un problema con el que llevamos lidiando desde el Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Cuando el fenómeno se hizo incontrolable, las cabezas se giraron hacia juristas y políticos reclamando una solución frente a discursos que, amparados por la libertad de expresión, son claramente dañinos. Algo tan intuitivo se ha revelado muy difícil de regular por diversos motivos. Partimos de clasificaciones difusas de lo que son las fake news, de lo que es la desinformación, de lo que no siéndolo tampoco es conveniente, o de expresiones que, no siendo convenientes o educadas, están amparadas por la libertad de expresión. No estaba en los manuales cómo proteger a la sociedad de la amplificación de la que se benefician los idiotas, los malvados o los indolentes.

Reino Unido busca una definición de “legal, pero dañino”: autolesión, acoso o trastornos alimentarios, pero no han llegado más allá

Los anglosajones que, por la propia flexibilidad de su sistema, siempre son capaces de encontrar soluciones eficaces e imaginativas a problemas complejos, han abierto el complicado melón de definir el “legal but harmful speech”, (el discurso legal, pero perjudicial) y se han encontrado con el mismo problema que todo el mundo. El proyecto británico “Online safety bill”, (la propuesta de ley de seguridad en línea, una norma que, de aprobarse, sería la más estricta del mundo en la vigilancia de los contenidos online) está enfangado intentando encontrar una definición de que lo que es un discurso “legal, pero dañino”. Tienen claro que las publicaciones sobre autolesión, acoso o trastornos alimentarios entrarían en esta definición, pero no han llegado más allá.

Tan complicado es que la UE ni lo ha intentado. La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA, por sus siglas en inglés), aprobada este mes de julio, establece la obligación de las plataformas de gran tamaño y los buscadores de evitar cualquier “abuso”. Para eso, tendrán que hacer un análisis de riesgos de que ocurra ese abuso, implantar medidas para mitigar ese riesgo y luego auditarlo todo a una tercera parte independiente. Los riesgos son tan genéricos y difíciles de evaluar (la desinformación o la manipulación electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los daños a los menores) que nos podrá valer cualquier análisis y cualquier evaluación. De lo que se han cuidado los legisladores europeos es de definir qué es un “contenido ilícito”: será lo que cada estado miembro diga y solo se podrá retirar el contenido donde sea ilegal por sus leyes nacionales, no en el resto de países.

En EEUU, han optado por proteger a los menores, que siempre es más sencillo y agradecido. Los senadores Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) y Marsha Blackburn (republicana de Tennessee) presentaron un proyecto de ley bipartidista inspirado en alguna de las obligaciones de la DSA, como la creación de requisitos de transparencia algorítmica, si bien solo se aplicarían a los menores, dejando desprotegidos a los usuarios adultos.

El debate es por qué no hay lugares públicos no sujetos a los intereses de empresas que están fuera de la jurisdicción de sus jueces

Toda esta complicación para evitar declarar la responsabilidad de los prestadores de servicios y buscadores, como Facebook, TikTok, Twitter o Google, sobre los contenidos que publican. Estos operadores se amparan en la irresponsabilidad que les otorga la sección 230 y la normativa europea que la copia para permitir la publicación de cualquier cosa sin filtro ni moderación alguna. En los albores de la internet comercial, allá por los años 90, se estableció el principio del bibliotecario o el librero que no tiene por qué conocer el contenido de todo lo que vende. Si un libro es ilegal, se retira el libro, pero no se cierra la librería. Aunque, si el editor de un periódico publica un contenido ilegal, el responsable es el periódico, excepto por esta tribuna que es de opinión de la que no se hacen responsable (y hacen muy bien).

Pero no estamos en la internet de router gorgojeante. Los prestadores son empresas de beneficios apabullantes que están enseñando a los coches a conducir solos y que son perfectamente capaces de leerse la biblioteca entera. Ya lo hacen al aplicar el algoritmo para ofrecernos no los contenidos que hemos elegido, sino los que se ajustan a sus intereses económicos y a los de sus clientes, que no somos nosotros. Hacen ya una labor editorial de la que es imposible zafarse desde la tranquilidad absoluta de no ser responsable de nada. De hecho, esa labor editorial está en el origen del problema.

Muchos piensan que revocar o eliminar la irresponsabilidad de estos prestadores supondría que, al protegerse de reclamaciones a nivel mundial, tomarían una postura protectora de sus intereses censurando a diestro y siniestro. Es tiempo de dejarnos de paños calientes. Nuestra relación con estas empresas es contractual. Si incumplimos las reglas de obscenidad y publicamos un pezón o hacemos el vídeo de navidad de la empresa con una canción sobre la que hay derechos de autor, nos suspenden la cuenta o retiran el contenido a la velocidad del rayo, pero si acosamos a alguien hasta hacer su vida insoportable, sacan la carta de la libertad de expresión. Porque les sale gratis. El debate no es que si hacer responsable a las redes sociales y buscadores de los contenidos que ya editan es un atentado a la libertad de expresión o si es técnicamente posible, que lo es. Eso ya se está produciendo al priorizar la porquería sobre otros contenidos. El debate es por qué no hay competencia para que los ciudadanos puedan debatir en lugares públicos no sujetos a los intereses de los accionistas de empresas que están fuera de la jurisdicción de sus jueces.

No se trata de, como dice la DSA, de “sopesar cuidadosamente” si unas medidas tímidas y técnicas suponen una restricción a la libertad de expresión, sino de atajar el problema en su raíz. Se trata de aplicar el principio medioambiental de que quien contamine, pague.

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