La RAE confía en que la ‘ley Celaá’ “no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado”
En un comunicado, la Academia manifiesta su confianza en que la normativa respete “la protección” que la Constitución da al español
Tras el el pleno del Congreso celebrado este jueves, en el que se ha aprobado la octava ley educativa de la democracia —de nuevo sin consenso—, la Real Academia Española ha difundido un comunicado en el que asegura que “sigue atentamente la deliberación” de la ley “y, en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza”.
Con la Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación (Lomloe), también conocida como ley Celaá, el español deja de ser considerado lengua vehicular en las aulas de las autonomías con lenguas cooficiales. A este respecto, el comunicado manifiesta la confianza de la Academia en que la normativa respete “la protección” que la Constitución da “al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar”.
Sin embargo, seguidamente añade que “su preocupación principal” es que la ley “no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa”. El comunicado recuerda además que la RAE “carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad”.
La Academia sostiene que el español, como lengua materna de más de 485 millones de personas, es “un bien de valor incalculable”, lo que “obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización”.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Ninguna de tales circunstancias cambiará con la aprobación de la ley.
La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que, cuando ello no esté sucediendo en un centro, las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo
