Rebelión contra los directores de colegio elegidos a dedo

Las familias y algunos profesores están en pie de guerra contra la Consejería de Educación de Madrid, que no ha cedido a sus peticiones y ha nombrado a una nueva directora, procedente de otro centro educativo, a la que nadie conoce en el Blas de Lezo.

Montellano se presentó al concurso para renovar su plaza, pero no aprobó. El tribunal que analizó su proyecto de dirección de centro lo puntuó con un 4,25 sobre 10. Un comité de cinco miembros en el que la mayoría (tres) son nombrados por la Administración, y los otros dos son profesores y familiares de alumnos. El propio Montellano reconoce que pudo fallar en alguno de los puntos técnicos del proyecto, de unas 30 páginas.

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Pero la razón que ha llevado a casi 200 familiares a encerrarse en el centro durante una noche y a protestar durante más de dos semanas a las puertas del mismo es el procedimiento usado por la consejería para nombrar a la nueva directora. A diferencia de su contrincante, ella no presentó ningún proyecto pedagógico ni contaba con la formación obligatoria en dirección de centros en el momento de la convocatoria, datos que confirma la Consejería de Educación. Al quedar suspenso Montellano, se activó el nombramiento extraordinario, que permite designar de forma arbitraria a la persona que dirigirá la escuela.

La raíz del problema está en la ley de educación aprobada por el PP en 2013 (conocida como ley Wert), que por primera vez cambió los criterios de selección de directores para dar más peso en la votación a la Administración y dejar en minoría a los representantes de los colegios. Tres asientos en el tribunal de selección para los primeros (que normalmente ocupan un inspector educativo y dos directores de centro elegidos por la consejería) y dos para los segundos.

"Con el actual sistema, somos minoría. No entendemos por qué tiene que pesar más la decisión de personas externas al colegio que no conocen nuestras necesidades", lamenta José Ramón Otín, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del Blas de Lezo. "Nadie ha valorado la altura humana de Javier. Mi hijo siempre dice que nunca le encuentras en su despacho porque está en todas partes; cambiando pañales a los más pequeños, revisando una avería en el baño... Se implica con todo. Y en lo académico es un 10, ha conseguido que funcione la metodología por proyectos, donde los libros se usan como guía", cuenta Eloísa, madre de un estudiante.

El del Blas de Lezo no es un caso aislado. Según Comisiones Obreras, desde 2016 ha habido incidentes con el nombramiento "arbitrario" de directores en más de 70 centros madrileños, algunos de ellos denunciados y judicializados. Desde la Consejería de Educación reducen esos casos a 40. "El aprendizaje se tiene que dar en un ambiente de colaboración y no de oposición. Este colegio es un caso paradigmático de cómo la Administración puede destrozar un proyecto sólido y respaldado por todos, una situación idílica y muy difícil de conseguir", opina Isabel Galvín, responsable de Educación de CC OO.

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Con la aprobación de la ley Wert en 2013, llegó la sublevación por parte de algunas autonomías. Castilla y León —que en 2016 se coronó como la región con mejores resultados en las pruebas PISA al nivel de países como Singapur, Finlandia o Canadá— fue la primera en rebelarse, pese a ser una comunidad gobernada por el PP.

"Dimos cancha a la reivindicación de la comunidad educativa y adaptamos a nuestras peculiaridades la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce): cedimos al claustro de profesores de cada colegio uno de los asientos reservados a la Administración", explica Jesús Hurtado, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Desde el ministerio les llamaron al orden por "no respetar el espíritu de la norma". "Les explicamos que nuestra intención no era contradecir la norma, sino hacer una interpretación flexible de la misma", añade. Con su fórmula, los colegios recuperaron la mayoría para decidir sobre el director más idóneo. "Los profesores son los que mejor conocen la realidad de sus centros", añade Hurtado.

Motivos económicos

A la presión de los sindicatos, se sumó un motivo económico: Castilla y León tiene más de 1.000 centros educativos y cada año se eligen a unos 200 directores, que renuevan su cargo cada cuatro años. "No nos podemos permitir tal cantidad de funcionarios danzando por toda la comunidad. Ocupamos casi la mitad de España y los tribunales se desplazan hasta los colegios", argumenta Hurtado.

Otro ejemplo de boicot fue el de la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno del socialista Ximo Puig introdujo un nuevo requisito en su normativa: cualquier candidato a director necesita un informe favorable del claustro y del consejo escolar para poder ser elegido. "Creemos que no se puede marginar a las familias y a los docentes dejándoles un papel secundario. La dirección es clave para el buen funcionamiento de un centro y es importante el consenso", explica Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Generalitat.

El PSOE, en su nuevo proyecto de ley de Educación (la Lomloe), que con el adelanto electoral quedó pendiente de la tramitación parlamentaria, contempla devolver al consejo escolar de los colegios la mayoría de votos para elegir al director, un 66%. Y eso supone una vuelta a la ley educativa de 2006 (la LOE).

No hay un modelo de éxito

“Hay que buscar un sistema distinto. En el actual, los tribunales de selección analizan con mucha frialdad los proyectos, revisan si se ciñen a una serie de apartados, como si se tratase de un artículo académico o una oposición para la Abogacía del Estado y la educación no va de eso”, indica José Antonio Martínez, presidente de la asociación de directores de centro de Madrid (Adimad), que cree que los comités deberían estar formados por profesionales de la educación con capacidad de evaluar las habilidades docentes y de liderazgo de los candidatos. Tribunales independientes y no elegidos por la Administración, como es el caso de Canadá, expone. “El sistema español no busca a los candidatos más idóneos, sino a los más afines a una línea ideológica o a los que mejor encajan con las preferencias de una determinada Administración”, añade.

“Diferentes investigaciones internacionales han demostrado que un equipo directivo con un proyecto pedagógico potente puede incrementar hasta en un 20% el rendimiento académico de los alumnos. Es crucial la capacidad de implicar al resto de profesores”, señala Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica de la Universidad de Granada. Un buen ambiente en los centros y el hecho de que las Administraciones no impongan una forma específica de trabajo mejora los resultados.

Desde la OCDE, que en varios informes ha urgido a España a revisar y modificar la formación de los directores para profesionalizar esa figura, los expertos señalan que los sistema de elección son muy distintos en cada país y que todavía no han identificado una fórmula que prevalezca sobre las demás. "El problema más grave es que en España no existe una carrera docente, cualquier profesor puede presentarse al cargo y hacen falta conocimientos en gestión y liderazgo para saber dirigir a un equipo de maestros. Sobre la forma de elegirlos, no está claro, pero las familias no siempre son expertas en pedagogía", expone Marta Encinas, responsable de educación de la OCDE.

Su colega, Pablo Freiser, analista de la OCDE, destaca que casi todos los modelos internacionales implican a la comunidad educativa, tanto a las familias como a los poderes públicos. "Cómo establecer el diálogo, ese el asunto prioritario que hay que investigar. Es muy importante preservar la autonomía del centro, pero las familias se tienen que sentir implicadas", explica.

“La realidad en España es que hay un problema serio con la falta de candidatos que puede llevar a los Gobiernos a tomar decisiones desesperadas: cada año el 30% de los centros se quedan desiertos, sin candidatos para dirigir. De ahí que se apueste por la selección arbitraria”, señala Bolívar, de la Universidad de Granada.