La fiscalía de Navarra pide la vuelta a la cárcel de La Manada

La fiscalía de Navarra ha solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que varíe las medidas cautelares dictadas contra los cinco miembros del grupo conocido como La Manada, condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016. El fiscal jefe, José Antonio Sánchez, ha confirmado que solicitan la vuelta a prisión de los cinco y requiere a los tres magistrados de la sala que juzgó el caso en noviembre de 2017 que celebre una vista para estudiar esta solicitud. La fiscalía considera que la confirmación de la condena y la no modificación de los hechos probados en la primera sentencia comunicada en abril por parte del Tribunal Superior de Justicia "hacen necesario asegurar el cumplimiento de la condena de nueve años de prisión". Asegura el fiscal jefe que es necesario evitar "la posibilidad de que los penados se sustraigan de la acción de la justicia haciendo ilusoria esa condena".

No es la primera vez que la fiscalía pide la vuelta a la cárcel de algún miembro de La Manada, después de su puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros en junio. El pasado 5 de julio la Sección Segunda de la Audiencia celebró una vista para estudiar la petición de las acusaciones de que volviera a prisión Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil del grupo, que trató de renovar el pasaporte el lunes siguiente a su salida en prisión. Entonces los tres magistrados que juzgaron el caso desestimaron esa petición, con el voto discrepante de su presidente, Francisco José Cobo, que consideraba que sí debía volver a la cárcel por quebrantar las medidas cautelares. Otro de los miembros del grupo, Ángel Boza, fue arrestado en agosto acusado de robar unas gafas de sol y atropellar a un guardia de seguridad que trató de detenerlo. Volvió a prisión, pero el 23 de noviembre, un juzgado de Sevilla lo condenó por un delito leve de hurto y lo dejó en libertad.

La fiscalía es la primera de las partes personadas en el caso que solicita la revocación de la libertad de La Manada. Se añade también a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo anunciados por las acusaciones populares de Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra y la representación legal de la víctima, que insisten en que se debe condenar a los cinco por agresión sexual y no por abuso, y los de los dos abogados de los condenados, que insisten en su absolución. Las acusaciones basarán sus recursos, que tienen que presentar en el alto tribunal antes del próximo jueves, en el voto particular de dos de los cinco miembros de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. El presidente del tribunal, Joaquín Galve, y el magistrado Miguel Ángel Abárzuza consideran que lo ocurrido en Pamplona el 7 de julio de 2016 fue una agresión sexual y la víctima fue intimidada para entrar en ese recinto, por lo que se debe elevar la pena a 14 años de prisión.

El Tribunal Superior de Navarra no consideró necesario celebrar una nueva vista del caso y basó su decisión en los hechos probados recogidos en la sentencia de la Sección Segunda del pasado 26 de abril. En ella se considera evidente que lo sucedido no fue consentido por la víctima. El recurso de casación ante el Supremo tampoco apareja una nueva vista, y por tanto se debe basar en los hechos considerados probados por las sentencias anteriores. A la pena de nueve años de prisión confirmada por el TSJN se añadirá después la del delito contra la intimidad, que tendrá que imponer de nuevo la Sección Segunda de la Audiencia, tras la corrección de la primera apelación recogida el pasado miércoles, que oscila entre los dos y los cinco años.