El fiscal advierte de que el sindicato Otras es “una vía para legalizar la prostitución”
El ministerio público y dos colectivos de mujeres solicitan la nulidad de los estatutos de la organización
¿Podría llamarse emprendedores a los sin techo que recogen cartones en la basura y los llevan a las plantas de reciclaje? Es la comparación que este miércoles ha hecho Sara Vicente, una de las abogadas que solicita la nulidad de los estatutos del sindicato de prostitutas OTRAS, durante la vista del juicio en la Audiencia Nacional, que ha quedado visto para sentencia. La respuesta de la letrada fue negativa. "Sería un sarcasmo”, ha dicho, y asegura que defender la prostitución como trabajo sexual o a las prostitutas como trabajadoras sexuales es exactamente lo mismo que pensar que un indigente es un empresario del reciclaje.
“Este sindicato no pretende otra cosa que legalizar la prostitución por cuenta ajena y establecer un marco legal para el proxenetismo”, arguyó la abogada. Un argumento compartido por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y por la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla —de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución—, que fueron quienes presentaron las demandas el 11 de septiembre. El fiscal Benito Ejido coincide con ello. En sus argumentos señala que la Organización de Trabajadoras Sexuales ha sido creada “en fraude de ley”. Como consecuencia jurídica, alegaron, viene la disolución del sindicato al quedarse vacío de contenido y su baja del registro correspondiente; una inscripción que el propio Gobierno reconoció como "un gol por la escuadra", en palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Mariola Felipe, abogada de Otras, arguyó que la prostitución es alegal en España, que el sindicato defiende a las mujeres y "no a los explotadores ni a los empresarios", y que no se explica por qué entra en conflicto con las asociaciones que han presentado la demanda: “El sindicato no está fundado por prostitutas [“o no solo”, matizó después] y la actividad sexual va mucho más allá de la prostitución, por ejemplo la industria del porno, los centros de masajes, los bares de alterne o los espectáculos eróticos”.
Las abogadas de la demanda le recordaron que "todas esas profesionales ya están reguladas dentro de otras categorías, como podrían ser las actrices o las camareras o las masajistas". Justo antes de comenzar la vista, el juez preguntó a Mariola Felipe si quería, manteniendo las profesiones señaladas, excluir de los estatutos la prostitución, algo que ella rechazó. "¿Por qué no se ha excluido expresamente la prostitución [de estos estatutos]?", preguntó el fiscal. "Porque se pretende utilizar esa vía para que se legalice".
Las abogadas de las organizaciones de mujeres explicaron: “Una cosa es que en nuestras sociedades existan nichos de injusticia y otra que las contradicciones del sistema social estén avaladas por el marco normativo, aun cuando haya consentimiento de las personas afectadas”.
El ordenamiento jurídico internacional y nacional, según las demandantes, colisiona con el objetivo de la organización Otras. “El uso de la mujer a cambio de dinero”, sintetizó Charo Carracedo, otra de las abogadas de las organizaciones de mujeres. “Explotación”, remachó el fiscal, quien apuntó al artículo 1.275 del Código Civil —para que sea válido un contrato tiene que serlo su objeto— y al Código Penal: “Para que haya explotación basta con que se saque provecho o beneficio de algo, como es este caso, y el artículo 187 pena el proxenetismo. Si una mujer firmara este contrato, además, estaría renunciando, entre otros [como el derecho a la dignidad o a la igualdad], a su derecho a la libertad sexual”.
El resumen para las demandantes y la Fiscalía es que se trata de una cuestión de Derechos Humanos. "No puede existir un sindicato en este ámbito porque se estaría legitimando al proxeneta como empresario”. "¿Entonces qué ocurriría? Que los proxenetas podrían decidir las tarifas, el número de invasiones que puede sufrir una mujer... Para fijar los criterios de productividad, ¿no? No, no cabe una actividad económica para obtener plusvalías del uso del cuerpo de las mujeres", espetó la abogada Carracedo.
Para este miércoles estaba prevista una segunda vista relacionada con Otras: la demanda de L’Escola A. C. contra el Ministerio de Trabajo por considerar que el organismo no cumplió con su función cuando permitió que el sindicato se registrara, pero ha sido suspendida hasta que haya sentencia firme sobre la legalidad de los estatutos del sindicato.
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