Las autonomías desoyen al Gobierno y aprueban campus con su oposición

La Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas. Y, sin embargo, los Gobiernos autonómicos, atraídos por el dinero y el empleo, no dudan en aprobar su implantación en sus Parlamentos. “El ministerio emite un informe que es preceptivo, pero no vinculante y son las comunidades autónomas las que dan el último visto bueno a que se ponga en marcha esa universidad. La ANECA (la agencia de evaluación) solo puede aprobar el plan de estudios o desestimarlo”, explican fuentes de esta cartera.

Con el fin de frenar esa fórmula el PSOE presentó una proposición no de ley para que la comisión de Educación debatiese sobre el reconocimiento de estas privadas, emitiese un informe y en seis meses se aprobase un nuevo decreto. Pero el PP ha parado el proceso que contaba con el apoyo de otros grupos. Cuenta María Jesús Moro, su portavoz de Educación, que están de acuerdo “en el fondo” pero no en los plazos que plantea la oposición.

Según la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Gobierno tiene que determinar los requisitos básicos para la creación y el reconocimiento de las universidades. Pero, de facto, lo que opine cae en saco roto. Las privadas han crecido de 12 a 32 desde 1997, el último año en el que se constituyó una pública. “La LOU se fija mucho en las titulaciones y poco en los centros. La ley es demasiado parca y no detalla. Por eso las comunidades tienen que aprobar las universidades si cumplen los mínimos”, prosigue Moro, que adelanta que Educación trabaja en un decreto (el actual es de 1991) de creación de universidades. “Si creemos en la libertad de las autonomías y de las universidades hay que ser coherente”, subraya. Moro, profesora de la Universidad de Salamanca, considera que hay campus privados que “no cumplen los parámetros de calidad”, pero también públicos que se “duermen en los laureles” y a todos hay que investigarlos.

“Nosotros no estamos en contra de las universidades privadas, pero queremos que cumplan los requisitos mínimos, como lo hacen muchas. Que tengan suficientes doctores, que tengan representación en el claustro...”, cuenta la cordobesa Angelina Costa, diputada socialista. “Yo vengo de una tierra, Andalucía, donde hasta este año no ha habido una universidad privada, Loyola, de los jesuitas, porque las condiciones que se exigen son muy severas”.

Aunque resuelvan los fallos, Educación no ve motivos para construir los centros

Los cuatro últimos expedientes llevados a la Conferencia General de Política Universitaria han contado con un informe desfavorable: Universidad online de Madrid Manuel Ayau, Mare Nostrum University, Internacional Villanueva y Europea de Mallorca. A todas se deja claro que no responden a uno de estos tres motivos para crearse: demanda por mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Por eso, aunque resuelvan las deficiencias señaladas, para Educación no tienen razón de ser.

En muchos informes se denuncia que en las decisiones académicas no tienen voto los docentes (como dice la LOU) y que en muchos casos hacen trampa y pretenden tener un 30% de profesores doctores (como se permitía en los estudios de primer ciclo) cuando el mínimo de Bolonia es el 50%.

La sociedad Fomento de Centros de Enseñanza y dueña de 35 colegios, vinculada al Opus Dei, pretende fundar en Madrid la Universidad Villanueva. El informe penaliza que no se alcanza el mínimo número de metros cuadrados para 24 aulas y que se avala financieramente a sí misma. Fuentes del campus, hoy dependiente de la Complutense, dicen haber subsanado los inconvenientes, aunque no detallan. “¿Tiene sentido que uno termine la facultad donde ha hecho párvulos?”, se plantea la diputada Costa.

La Comunidad Valenciana es caso aparte. En las cinco universidades públicas estudian unos 145.000 alumnos y en las cuatro privadas 17.000. Y pronto empatarán con las públicas con la apertura de la Mare Nostrum University, auspiciada por médicos y empresarios. Fuentes de la consejería explican que está en anteproyecto de ley y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), parada. El Constitucional determinó en otoño que las universidades católicas no pueden levantarse solo con la autorización de la Conferencia Episcopal. Se han avalado las prácticas sanitarias de los dos proyectos, pese a denunciar los colegios profesionales la burbuja de los estudios de Medicina.

En Mallorca se echa en falta acuerdos con hospitales para los estudios de Medicina. En 2007 el campus estuvo a punto de aprobarse con Jaume Matas, pero el cambio de Gobierno frenó el proyecto. Fuentes de su Ejecutivo informan de que están a la espera de que se resuelva una cuestión urbanística, y recuerdan que apoya “los productos que ayuden a la recuperación y reactivación económica de Baleares”.

En septiembre, si acaban las obras, empiezan las clases en la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, con el informe desfavorable de la secretaría pero el aplauso del Gobierno cántabro. Su consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, lo comparó con su vida diaria: “Mire, yo vivo en un primer piso, y en los bajos tengo una panadería, una charcutería, una pescadería y una peluquería. A lo mejor me gustaría tener una librería, no sé, una peletería que huele menos que (...). Pero es que hay libertad, en España hay libertad”.