La empresa privada ficha en el Consejo de Ministros

“Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir”. Pedro Solbes, exministro socialista de Economía y Hacienda, defendía el año pasado en el Congreso la permeabilidad entre el servicio público y la empresa privada. Con condiciones “muy bien definidas”, precisaba. Él mismo fichó por la eléctrica italiana Enel —dueña de Endesa— y por Barclays en 2011, justo dos años después de abandonar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Respetó el periodo de incompatibilidad que marca la legislación para los altos cargos. Durante los dos años siguientes a su salida no pueden trabajar en empresas sobre las que tomaron decisiones para evitar conflictos de interés.

Pasado ese tiempo, libertad absoluta. Así es como presidentes, ministros y secretarios de Estado han engrosado históricamente los consejos de Administración de los bancos, eléctricas y grandes constructoras del IBEX. José María Aznar en Endesa, Felipe González en Gas Natural, Ángel Acebes en Iberdrola, Isabel Tocino en Enagás...

Últimamente el selectivo español ficha menos miembros del Gobierno, pero la empresa sigue interesada en estos altos cargos que conocen como pocos las entretelas de la Administración. Bufetes, consultoras y empresas de otros sectores han tomado el relevo a los clásicos del IBEX. El último fichaje ha sido el de Rafael Catalá, ministro de Justicia con Mariano Rajoy, que trabaja ya para la empresa de apuestas Codere.

Catalá, como los otros exministros del último Ejecutivo del PP que se han pasado a la empresa privada, dejó el Gobierno hace poco más de un año, es decir, dentro del periodo de incompatibilidad de 24 meses. Un tercio de los ministros del segundo gabinete de Rajoy ya ha cruzado la puerta giratoria.

Román Escolano, titular de Economía, en la consultora Llorente & Cuenca y la auditora Ernst&Young (EY); Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en la consultora Amrop Seeliger y Conde; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, en el despacho Cuatrecasas, y Fátima Báñez, ministra de Empleo, en la CEOE. Serían uno más de no haberse frustrado el fichaje de la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por el despacho Hogan Lovells tras hacerse públicas las grabaciones del caso Villarejo. Actualmente ejerce como abogada del Estado en el Supremo.

Los ministros de Rajoy han tenido que solicitar autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que cuenta con 22 funcionarios. Esta oficina permite el 98% de los pasos a la privada que le solicitan los altos cargos. A lo largo de más de una década, apenas ha vetado a una decena de solicitantes. En ese corto listado de negativas no hay ministros ni secretarios de Estado; solo directores generales, consejeros delegados de empresas públicas y dos exembajadores, Rafael Mendívil (Polonia) y Juan Antonio March (Rusia).

La laxitud de la oficina, puesta de manifiesto por un informe del Tribunal de Cuentas de 2016, ha provocado que partidos políticos y expertos apuesten por reformar el sistema que controla que las empresas puedan premiar con trabajos bien pagados a los políticos que les han podido beneficiar. “La Oficina de Conflictos de Intereses tiene el problema de que no es independiente, además de la falta de medios para investigar si realmente hay incompatibilidades o conflictos de interés”, asegura la abogada del Estado Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho. De la Nuez asegura que la oficina “básicamente se fía —o se tiene que fiar porque carece de capacidad— de lo que le dice el alto cargo sobre las labores que va a realizar en la empresa a la que va”.

El Tribunal de Cuentas detectó en su fiscalización que la oficina no comprobaba la veracidad de las declaraciones de los altos cargos y que, pese a poder pedir colaboración a las administraciones tributarias y a la Seguridad Social para verificar datos, nunca lo había hecho.

“Es bastante fácil sortear la legislación vigente simplemente afirmando que no se va a dar el supuesto de conflicto de interés que prevé la normativa”, asegura De la Nuez. La ley habla de “participar” en decisiones que afecten a empresas, una definición “muy estrecha y muy formalista”. Los ministros y secretarios de Estado, asegura, quizá no han participado directamente (firmando una licitación, por ejemplo), pero “sí sus subordinados, que pueden estar simplemente siguiendo sus directrices”.

Caso Pedro Morenés

“La normativa me parece que es insuficiente; pero más insuficiente es la administración encargada de aplicarlo”, coincide Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. González apunta a otro problema, el nulo control sobre la vinculación de los ministrables con determinados grupos de interés. En un artículo publicado hace dos años se refería a un caso reciente, el del ministro de Defensa con Rajoy Pedro Morenés, que procedía de la industria armamentística. Mientras fue ministro, las empresas para las que había trabajado previamente recibieron decenas de millones en contratos.

“La vinculación de las puertas políticas con la corrupción daña la percepción social de la democracia”, dice el catedrático de Política Económica, Antón Costas, en su libro El final del desconcierto, que sostiene, sin embargo, que se trata más de “un problema de percepción que una práctica generalizada”.

La inestabilidad política está dejando fuera del debate público la reforma de los conflictos de interés, pero tanto el PSOE como Unidas Podemos incluyen medidas en sus programas electorales para reforzar la normativa. Los socialistas abogan por “endurecer las sanciones por su incumplimiento” y Unidas Podemos presentó en febrero una proposición de ley que incluía penas de cárcel para quienes tomen decisiones “contaminadas” por la actividad privada. Las Cortes se disolvieron diez días después por el adelanto electoral y la proposición decayó. Ciudadanos también fue muy critico con las puertas giratorias en sus primeros años de representación parlamentaria (tras las elecciones generales de diciembre de 2015) e incluso llevó una propuesta para reformar la normativa en su programa electoral de 2016. Sin embargo, en las medidas contra la corrupción de su programa de 2019 no hay ninguna mención al respecto.

Si los altos cargos salientes no tienen ofertas o deciden esperar a que pasen los dos años de incompatibilidad que marca la ley, no se quedan sin ingresos: tienen derecho a una pensión indemnizatoria tras el abandono del cargo que equivale al 80% de su retribución y que es incompatible con cualquier otro sueldo, público o privado.