Ana Pastor evita quejarse al Bundestag por una moción de apoyo al ‘procés’

La sombra de la supuesta falta de independencia judicial en España a raíz del procés llegó este jueves al Parlamento alemán sin ningún tipo de queja por parte de España. La Mesa del Congreso, que preside Ana Pastor, renunció a enviar una carta previa a sus homólogos alemanes para expresar su malestar por una moción promovida por el partido de izquierdas Die Linke que cuestiona las garantías judiciales en España, según explican a EL PAÍS fuentes gubernamentales. El Gobierno inspiró esa misiva, pero el órgano que gestiona la actividad del Congreso rehusó tramitarla escudándose en que vive un cambio de legislatura y en que el asunto compete a Exteriores, explican las fuentes consultadas en la Mesa. El embajador español en Berlín sí ha enviado una carta aclaratoria al Bundestag. La Cámara admitió la moción, aunque la trasladó a la Comisión de Exteriores, donde prácticamente no tiene opciones de prosperar.

Las iniciativas extranjeras de apoyo al independentismo catalán han supuesto un gran desafío en los últimos años. Tras la iniciativa de 41 senadores franceses que cuestionaban el Estado de derecho en España a raíz del procés, el Ejecutivo tuvo conocimiento de un movimiento similar en Alemania. En este caso, el impacto era más limitado porque a diferencia del francés, que contaba con promotores de todos los partidos políticos, solo venía apadrinado por Die Linke, quinta fuerza de la cámara y, por tanto, sin opciones de prosperar.

Para tratar de neutralizar estos intentos y mejorar la reputación del país, el Gobierno de Pedro Sánchez creó España Global, con rango de Secretaría de Estado. Su responsable, Irene Lozano, viajará la próxima semana a Berlín para reunirse con representantes del Ministerio de Exteriores y del Bundestag. El objetivo es tratar de desmontar lo que consideran bulos del independentismo.

Al ser una moción parlamentaria, el Gobierno entendió que debía ser el Congreso quien planteara objeciones a sus homólogos en Berlín. Y se redactó una carta, que ha dormido en la Mesa del Congreso al menos dos semanas. “Lo preocupante es que la sede parlamentaria alemana se haga eco de las múltiples falsedades que la citada moción recoge sobre España, una democracia plena y fuerte con un Estado de derecho en el que son plenamente vigentes los derechos y las libertades democráticas del marco de la UE”, reprocha el texto, que no ha visto la luz.

Fuentes de la Mesa alegan que no es el momento, en plena transición hacia nuevas mayorías, de actuar en un ámbito tan sensible como este. Pese a todo, y tras el revuelo causado, este órgano abordará el asunto el próximo lunes, pero cederá el testigo de cualquier decisión a sus nuevos miembros, que se constituirán el próximo 21 de mayo, tras las elecciones del 28-A.

Ahora será la Comisión de Exteriores del Bundestag la que debata la moción, adelantada por El Mundo y que pide la presencia de observadores internacionales en el juicio a la cúpula del independentismo que se desarrolla en el Tribunal Supremo (a pesar de que estas sesiones se retransmiten en directo por televisión). La carta que guarda la Mesa del Congreso atribuye esos movimientos a la manipulación informativa. “Ciertos grupos partidarios de la independencia de Cataluña siembran noticias falsas que tratan de quebrar la integridad territorial de España, la convivencia, la democracia liberal e incluso el proyecto europeo, ejemplo claro de los efectos devastadores de la más pura manipulación”, concluye el texto, sin mencionar actores concretos.

La única carta enviada con motivo de este episodio provino del embajador español en Berlín. Se trata de un texto remitido a la presidencia del Bundestag que desmonta las acusaciones que vierte el independentismo contra la justicia española y de las que se hace eco Die Linke en su moción. "Me gustaría evitar que el Bundestag alemán actúe en base a fake news o medias verdades manipuladas, que lo que buscan es dañar la reputación de España y su condición de Estado democrático y de derecho", señala la misiva, que recuerda que las sesiones del juicio están sometidas al escrutinio público porque se televisan y que España es "uno de los países del Consejo de Europa con menor número de sentencias condenatorias por supuestas vulneraciones de derechos humanos".