La política municipal de Kichi se muda al juzgado

En el Ayuntamiento de Cádiz ya no bajan a la arena política, directamente se la tiran a los ojos en un juzgado. Esos debates municipales broncos en los que vuelan acusaciones de todo tipo han cambiado la bancada del salón de plenos por el banquillo de los acusados. En estos casi cuatro años de mandato, el alcalde José María González Kichiy su equipo ya acumulan más de 12 denuncias o recursos administrativos con “afán de amedrentar”, según señala el Consistorio.

Pero PP y Ciudadanos —artífices mayoritarios de estas acusaciones— dicen actuar movidos por errores propios de la “pésima gestión” municipal o por la necesidad de defenderse de ataques que consideran calumnias. Cada bando con sus motivos ha convertido la política local en una maraña judicial en la que ya hasta las comparecencias de cargos públicos en sede judicial han perdido buena parte del impacto mediático que se les presupone.

“No sé muy bien qué hago aquí. Esto es un juicio absolutamente político”, valoró el propio alcalde en la puerta del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cádiz, el pasado 12 de diciembre. Era la enésima vez que González acudía a comparecer como investigado ante un juez, en este caso por una supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos en la transmisión de la titularidad de los chiringuitos de playa, denunciada por Ciudadanos. Apenas un mes y medio después, el 28 de enero, la Audiencia Provincial condenaba a Kichi por calumniar al PP en el caso de las aguas contaminadas del barrio de Loreto.

Desde que Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz (marcas locales de Podemos e IU en la ciudad) se hicieran con el control del Ayuntamiento, en junio de 2015, las relaciones con el resto de partidos de la oposición no han sido nada sencillas. Solo hicieron falta seis meses para el primer encontronazo legal. El PP exigió una rectificación al concejal de Hacienda, David Navarro, por acusarles de gastar elevadas cantidades de dinero en publicidad. Aunque el caso culminó con acuerdo en un acto de conciliación previo, el amago fue toda una declaración de intenciones de lo que estaba por venir.

En estos años, el equipo de Gobierno de Kichi acumula denuncias por falta de información y un posible delito de prevaricación en el alumbrado público (ambas formuladas por un concejal del PP); dos más por presuntamente prevaricar en los chiringuitos y en la cesión de espacios públicos (de Ciudadanos) o tres recursos administrativos de la Subdelegación del Gobierno (de la etapa popular y en uno de ellos continuada por el PSOE). Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía llegó a tumbar en marzo de 2018 el Presupuesto municipal de 2016, tras otro recurso del PP.

En total, el Ayuntamiento contabiliza 12 causas, a las que habría que sumar otra acusación más de los populares contra los dos concejales de Ganar Cádiz por denuncias falsas en una causa de prevaricación —conocida como caso Matadero— que ya venía del anterior mandato. Aproximadamente la mitad de estas denuncias y recursos han acabado archivados, retirados o desestimados, según aclara el Consistorio a EL PAÍS. El resto sigue su curso en los juzgados o ha acabado en condena, como ha ocurrido con el caso Loreto.

Recurso al Supremo

Precisamente esa pena por calumnias contra González, por asegurar que la exregidora Teófila Martínez suministró agua contaminada “a sabiendas”, es la que más daño ha hecho al equipo de Gobierno. Después de que realizase esta afirmación en marzo de 2016, el alcalde no ha conseguido evitar ni su foto sentado en un banquillo ni la reciente pena (que ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo), pese a que el caso llegó a archivarse en instrucción e, incluso, a desestimarse en primera instancia.

“Es un afán por ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas. Se trata de una persecución política y personal”, afirman fuentes del equipo de Gobierno. “Nos han denunciado hasta por ceder dependencias municipales a colectivos sociales, por mediar en un altercado en el Estadio Carranza, por acoger refugiados o por no aportar información cuando hemos respondido al 84% de las 572 preguntas que nos ha hecho la oposición, una cifra totalmente desproporcionada”, añade la misma fuente.