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Defensa deberá readmitir a un soldado despedido por robar

El militar se llevó 143 kilos de cable valorados en 2.072 euros

Miguel González
Acuartelamiento de la base aérea de Getafe.
Acuartelamiento de la base aérea de Getafe.Kike Para

El Ministerio de Defensa tendrá que readmitir a un soldado del Ejército del Aire que fue despedido por haber sido condenado a tres meses y un día de prisión por intentar sustraer en 2016 dos bobinas de cable con un peso de 143 kilos del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid), donde estaba destinado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que ni la gravedad del delito ni la pena impuesta justifican el despido del militar.

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El Tribunal Militar Territorial número 1 condenó al soldado, de 29 años, como autor de un delito contra la hacienda militar, porque fue sorprendido cuando intentaba llevarse en un vehículo particular dos bobinas de cable pelado de cobre puro valoradas en 2.072 euros. El juicio no llegó a celebrarse, pues el acusado reconoció el delito y aceptó la pena solicitada por el fiscal.

A partir de ahí se inició el procedimiento para rescindir su compromiso con las Fuerzas Armadas y privarle de su condición de militar. La instructora del expediente, una capitán, recomendó que no fuera expulsado, atendiendo a su arrepentimiento, a que el delito no había afectado de forma grave ni suponía ningún peligro para el Ejército del Aire y a que había expresado su deseo de seguir en filas.

Problemas familiares

El soldado pidió perdón y justificó su conducta apelando a la “delicada situación de su familia”. Dijo que es el quinto de nueve hermanos y que el único ingreso familiar, además del suyo, era la pensión de su padre. Además, su hermano había sido detenido, por tener en su poder un reloj robado, y se le pedía una fianza de 4.000 euros.

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El mando militar concluyó, sin embargo, que la condena impuesta era “incompatible con las reglas esenciales del comportamiento del militar”, por lo que no debía seguir “perteneciendo a las Fuerzas Armadas”. También esgrimió que consta que vendió 1.167 kilos de cable entre 2014 y 2015 y se sospechaba de él como autor de la desaparición de otros 2.736 kilos que faltaban del almacén, aunque nunca fue acusado de ello.

Hasta 2014, cualquier condena por delito doloso suponía la expulsión automática de las Fuerzas Armadas. Eso obligaba a despedir a militares condenados por delito contra la seguridad vial, como conducir con una tasa muy elevada de alcohol.

El Gobierno promovió la reforma del código disciplinario y suprimió el despido automático, añadiendo que a la hora de rescindir el compromiso de un militar condenado por delito doloso se tendría en cuenta “el tipo de delito y la pena impuesta”. Ese fue uno de los motivos esgrimidos por el abogado del militar, Antonio Suárez-Valdés, en su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le ha dado la razón.

En una sentencia del pasado día 11, el tribunal reprocha a Defensa que no justificara ni la gravedad del delito cometido ni la entidad de la pena y ordena anular el despido del militar, readmitirlo y pagarle los atrasos desde febrero de 2017. El fallo es recurrible ante el Supremo.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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