Ensayo general del juicio al ‘procés’

Presidente de la Sala Segunda del Supremo desde octubre de 2014, Marchena es fiscal de carrera. Su primer destino fue en la Audiencia Territorial de Las Palmas, desde donde pasó por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2003 fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica y un año después se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo, órgano del que fue nombrado magistrado en 2007. Considerado próximo al PP, renunció a presidir el Poder Judicial tras ser señalado en una comunicación interna de la formación conservadora como una garantía de control de la sala encargada de enjuiciar el ‘procés’.

Ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia. En 1980 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción. Desempeñó el cargo hasta 1983, cuando ascendió a magistrado. Tras regresar al servicio activo, uno de los casos que instruyó fue el de la desaparición de Santiago Corella, “el Nani”. En 1986 se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Madrid. Dos años después fue designado magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y, en noviembre de 1998, se convirtió en el magistrado más joven en acceder a este tribunal al ser nombrado magistrado de la Sala Segunda a los 43 años.

Juez desde 1980, ascendió a magistrado en 1983. Ejerció en juzgados de instrucción de Vitoria y Ciudad Real y en 1984 fue nombrado titular de Primera Instancia e Instrucción del juzgado número 4 de Córdoba. Desde 1988 ejerció como magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba y en 2004 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reúne al sector conservador de la carrera.

Ingresó en la carrera judicial por el acceso de turno libre en 1976 y ha ejercido en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena (1976 a 1981), en la Audiencia Provincial de Álava (1981 a 1982), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés (1982 a 1984), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pontevedra (1984 a 1989) y en la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Pontevedra (1989 a 2007). Desde 2007 es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Fiscal por oposición desde 1983, desempeñó estas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. En 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012, ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid.

La primera mujer que en 2014 ocupó plaza de magistrada en la Sala Segunda del Supremo es juez desde 1984. Entre 1989 y 1996 fue la instructora del ‘caso Roldán’ en un juzgado madrileño. En 1996 fue nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que presidió desde 2008 hasta su ingreso en el Tribunal Supremo

Miembro de la Sala Segunda desde febrero de 2014, ingresó en la carrera judicial en 1981. En 1998 fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, puesto en el que permaneció hasta su nombramiento en el alto tribunal.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El auto del juez Llarena le acusa de haber participado en una reunión de coordinación policial, el 28 de septiembre de 2017, junto a Carles Puigdemont y Joaquim Forn, en la que los mossos evaluaron un grave riesgo de "incidentes violentos". El juez afirma que, pese a todo, prefirió llamar a la población a participar e "impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 25 años de prisión; la Abogacía del Estado, 12 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El auto le imputa la misma implicación que a Oriol Junqueras y que, pese a ser consciente de la gravedad de los hechos acaecidos ante el Departamento de Economía, decidió continuar impulsando el referéndum ilegal diseñando "un operativo policial comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El juez le atribuye haber impulsado la movilización en favor del referéndum y haber gestionado y diseñado su inserción publicitaria. Le imputa la coordinación de infraestructuras informáticas para divulgar la consulta así como el "reclutamiento de miles de voluntarios" que asumieron la constitución de las mesas o la elaboración del registro de catalanes en el exterior.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El juez le atribuye haber impulsado la movilización en favor del referéndum y haber gestionado y diseñado su inserción publicitaria. Le imputa la coordinación de infraestructuras informáticas para divulgar la consulta así como el "reclutamiento de miles de voluntarios" que asumieron la constitución de las mesas o la elaboración del registro de catalanes en el exterior.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El 29 de septiembre de 2017 asumió, según el auto, el control de todos los locales dependientes de sus respectivas consejerías para garantizar su puesta a disposición del referéndum y asegurar su éxito. Al igual que el exconsejero Toni Comín, permitió "la utilización de sus departamentos para soportar parcialmente el gasto derivado de imprimir las papeletas para la votación así como de elaborar el censo electoral o de hacer a las citaciones a los componentes de las mesas electorales".

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía pide 16 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 11 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión y malversación. El auto sostiene que su aportación al procés ha sido "significada" desde que el 30 de marzo de 2015 firmó el acuerdo por la independencia con las entidades soberanistas en nombre de Convergència y ha sido "partícipe en múltiples reuniones definitorias de las estrategia de la independencia". El juez le acusa de haber impedido que un ferry con policías atracara en el Puerto de Palamós buscando con ello la celebración del referéndum.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Malversación de caudales públicos y desobediencia. El auto le atribuye haber desatendido los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum. También el haber autorizado a los diferentes departamentos acciones y contrataciones necesarias para el referéndum con la disposición de fondos públicos para un destino distinto del previsto.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado.

DELITOS IMPUTADOS:

Malversación de caudales públicos y desobediencia.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía pide 7 años de prisión, los mismo que la Abogacía del Estado.

DELITOS IMPUTADOS:

Malversación de caudales públicos y desobediencia.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado.

ESCENARIO JUDICIAL:

El 16 de octubre de 2017, la juez Lamela lo envió a prisión preventiva acusado de sedición por participar en el cerco a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía antes del 1-O. El juez Llarena le mantuvo en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. En las elecciones catalanas del 21-D concurrió en las listas de la coalición independentista y fue propuesto como president en sustitución de Puigdemont, aunque acabó renunciando. El juez Llarena le ha procesado por rebelión.

DELITOS IMPUTADOS:

Sedición y Rebelión.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8 años.

ESCENARIO JUDICIAL:

El 16 de octubre de 2017, la juez Lamela lo envió a prisión preventiva acusado de sedición por participar en el cerco a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía antes del 1-O. En diciembre de 2017, el Tribunal Supremo acumuló las causas abiertas contra el independentismo. El juez Llarena mantiene en prisión a Cuixart por riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

DELITOS IMPUTADOS:

Sedición y Rebelión.

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8 años.

DELITOS IMPUTADOS:

Rebelión. El auto le atribuye una participación "medular" desde el principio del procés como presidenta de la ANC. El juez la acusa de haber sometido a votación como presidenta del Parlament la aprobación de la "legislación de soporte" que sirvió de "coartada" del procés aun contrariando al Tribunal Constitucional. Se la acusa de haberse manifestado el 20 de septiembre y de haber arengado a la movilización un día después a las puertas del TSJC. Recibió a observadores internacionales y puso al Parlament "al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum".

PETICIÓN DE PENAS:

La Fiscalía solicita 17 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 10 años.

En 1980 ingresa en la Carrera Fiscal con el número 3 de su promoción. Ha estado destinada en las fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado. En febrero de 2008 fue promovida a Fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. A propuesta del Gobierno del PP, ejerció como fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto.

Miembro de la carrera fiscal desde 1982, ejerció como fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián y teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga. En 2005 fue nombrado fiscal dJefe de la Fiscalía Antidroga, donde participó en importantes operaciones contra el narcotráfico, como la operación Nécora, junto al juez Baltasar Garzón. Posteriormente en 2006 fue nombrado jefe de la fiscalía de la Audiencia Nacional por el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y ha sido vocal del Consejo Fiscal.

Fue fiscal en Zaragoza desde 1990 hasta 2007, año en el que accedió por votación al Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Ingresó en la carrera fiscal en 1983, año en el que empezó a ejercer en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Oviedo (1983-1988). Posteriormente fue destinado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid (1988-1994). En 1994 es nombrado Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En 2003 es nombrado Fiscal del Tribunal Supremo y pasa a desempeñar su trabajo adscrito a la Sección de lo Penal. En 2014 es promovido a Fiscal de Sala. Ha sido Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y desde 2015 está adscrito a la Sección Penal y es Fiscal delegado de Vigilancia Penitenciaria.

Lidera la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva y coordina la de los procesados pertenecientes a ERC. Es un experto en ciberdelitos y en responsabilidad penal de entidades jurídicas. Está apoyado por la abogada Estefanía Torrente.

El exconseller de Presidencia coordina la defensa de los cargos políticos pertenecientes al PDeCAT. Fue condenado en 2017 por el Supremo por el referéndum del 9-N.

El abogado defensor de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez es uno de los rostros más mediáticos del equipo de togados del ‘procés’. Es vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona. Está acompañado por las letradas Ana Bernaola y Miriam Company

Abogado de Carles Mundó, suma años de experiencia en la defensa de políticos, empresarios, banqueros o deportistas en los conocidos como delitos de cuello blanco. Es miembro del despacho Morales Abogados e imparte clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y en Esade.

Abogado de Joaquim Forn y de Meritxell Borrás, también representó a Artur Mas en el jucio por la consulta del 9-N, a Oriol Pujol y a otras figuras de Convergència. Sin arraigo en los círculos independentistas, formó parte del núcleo fundacional de Ciudadanos hace 15 años.

El Abogado de Santi Vila defendió a la infanta Cristina durante el juicio por el ‘caso Nóos’, al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o al exministro socialista Narcís Serra. Desde 2013 es asociado del prestigioso bufete que lidera Miquel Roca.

Abogada de Jordi Cuixart, es uno de los rostros menos expuestos de las defensas y se estrena en el Supremo con un caso de calado político. Está asistida por los letrados Àlex Solá y Benet Salellas. Este último defendió a las integrantes de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel.

Abogado de Dolors Bassa. Cofundador del despacho de Marina Roig, este letrado especializado en la defensa de grandes empresas y multinacionales aborda su primer caso con resonancia política.

Abogada de Meritxell Borrás. Formada en el despacho de Molins, comparte bufete con Xavier Melero desde 2009 y ha sido un referente en la defensa de políticos convergentes investigados por corrupción.

Abogada de Carme Forcadell junto a Raimon Tomás Vinardel. Fundadora del bufete MDA en 2007, acredita una amplia trayectoria en violencia de género y políticas públicas de género.

Nombrada por el Gobierno tras la destitución de Edmundo Bal por sus diferencias en la causa judicial del procés. Hasta este nombramiento como responsable del área penal de los servicios jurídicos del Estado ejerció como secretaria general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Se suma a Rosa María Seoane, la abogada designada en un primer momento para intervenir en nombre del Estado. En ejercicio desde 2016

El abogado Javier Ortega-Smith es también secretario general y una de las caras más conocidas de Vox. Ha liderado la acusación particular desde el comienzo del proceso judicial contra los líderes independentistas. Además de un acceso privilegiado al sumario, la personación en la causa supone un refuerzo de su discurso en defensa de la unidad de España.

El vicesecretario jurídico de Vox es la otra cara visible de la formación ultraderechista en el proceso contra los líderes independentistas catalanes. En 2016 fue detenido en Gibraltar al tratar de asistir a un líder de su partido que colocó una bandera de España en territorio del Peñón.