Juristas y políticos critican la actuación judicial contra periodistas en Palma

La decisión de un juez de Palma de requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas para aclarar el origen de una filtración en el llamado caso Cursach ha recibido duras críticas por parte de juristas, políticos y periodistas, que consideran la medida como una vulneración del secreto profesional. La fiscal general del Estado, María José Segarra, defendió la actuación judicial, que estaba respaldada por el ministerio público. “La fiscalía y los jueces velamos por esa libertad de expresión y, por supuesto, por el secreto de las fuentes”, afirmó.

El secreto profesional del periodista es un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución que le ampara para no revelar sus fuentes. Los juristas consultados por EL PAÍS consideran que la orden del juez de Palma Miquel Florit a la policía para que requisara los teléfonos móviles y los ordenadores de los periodistas Blanca Pou, de Europa Press, y José Francisco Mestre, del Diario de Mallorca, vulnera este derecho.

Jacobo Dopico, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, recuerda que la protección de las fuentes periodísticas es una base del sistema democrático: “Si las fuentes no están protegidas, no hay libertad de prensa”, advierte.

El contenido de la resolución judicial no se conoce porque el sumario es secreto, pero la orden entregada a los periodistas autoriza el “estudio de whatsapps, correos electrónicos y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados”. Fuentes fiscales han confirmado que no se está investigando la responsabilidad penal de los periodistas sino la de sus fuentes, que, entre otros delitos, podrían haber incurrido en revelación de secretos (por filtrar un informe incluido en una causa judicial). El problema, coinciden los juristas, es que para avanzar en esa investigación se ha traspasado la barrera de la protección de las fuentes.

“El fin último del secreto profesional es la libertad de información y, por lo tanto, la existencia de una opinión pública libre, que es esencial en un Estado democrático”, afirma Manuel Sánchez de Diego, profesor de la sección de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

Los juristas recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor del periodista siempre que se ha encontrado con un choque entre la protección de las fuentes y el interés de una investigación judicial. A pesar de esta jurisprudencia europea, no es infrecuente que los tribunales imputen a periodistas para intentar que revelen sus fuentes. Lo llamativo del caso de Palma, según coinciden los expertos, es que los dos informadores ni están imputados ni han declarado ante un juez, y, sin embargo, se les ha incautado el teléfono y el ordenador, una medida que consideran “muy inusual”.

“Es una barbaridad. El secreto profesional protege a las fuentes y a los elementos que puedan revelarlas”, afirma el profesor Sánchez de Diego. Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, añade que esa garantía no pretende proteger solo al periodista, sino el derecho de todo ciudadano a ser informado. “Está en juego el elemento objetivo y esencial de ese derecho fundamental: la opinión pública libre” afirma.

El fiscal resta importancia

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, restó importancia a la actuación judicial, respaldada por la fiscalía. “Se ha creado una gran alarma social, quizás porque no se había dado esta situación antes, pero no tiene mayor importancia. Se han registrado despachos de abogados en multitud de ocasiones y no ha tenido esta repercusión y también tienen derecho al secreto profesional”, señaló en una entrevista en la cadena SER. Barceló sostuvo que “no se trata de buscar la fuente de ningún periodista”, sino hacer unas comprobaciones de datos que están siendo investigados.

Las asociaciones judiciales mostraron cautela, aunque admitieron que no es habitual. “Nos preocupa, pero hay que esperar a conocer el contenido de la resolución”, argumenta Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Políticos de distintos partidos cuestionaron también la orden judicial. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, preguntado por ello en el Foro Abc, manifestó su desconocimiento de los hechos, pero añadió con sorpresa: “Pensaba que eso había pasado en Venezuela”, informa Lucía Abellán.

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, mostró su respeto a las decisiones judiciales, pero admitió sentirse “preocupada”. “Para que la ciudadanía tenga la información que toca, se tienen que respetar los derechos y la privacidad de las fuentes periodísticas. Es algo fundamental en un Estado de derecho”, señaló.

Los principales partidos de Baleares condenaron la actuación del juez. "Estos hechos vulneran unos derechos fundamentales democráticos protegidos por la Constitución y lo que hacen estas actuaciones es debilitar un pilar básico de la democracia" manifestó la diputada de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar. En la misma línea, el diputado de Podemos, Alberto Jarabo,  calificó la decisión del juez de entrar en las sedes de dos medios de comunicación en busca de información de "totalmente incomprensible".

El diputado del PSIB-PSOE Vicenç Thomás subrayó que se han vulnerado "valores básicos" con esta actuación, mientras que el líder de Ciudadanos en las islas, Xavier Pericay, ha censurado que la policía judicial haya entrado en un medio de comunicación requisando "por la fuerza, como si estuviera frente a delincuentes". "No se puede hacer" ha zanjado.