El ‘whatsapp’ fue la puntilla para la renuncia de Marchena

Manuel Marchena ha hecho lo único que podía hacer. Esta es la opinión generalizada entre los magistrados del Tribunal Supremo tras conocer la renuncia del presidente de la Sala de lo Penal a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el alto tribunal. Aunque algunos jueces consultados añaden otra afirmación a esa compartida por todos: “Es lo único que podía hacer, pero no todos los candidatos lo habrían hecho”. “Él es hábil y listo y sabía que en estas condiciones no podía asumir ese encargo”, afirma un magistrado.

 Marchena se había sentido incómodo con la situación, según las fuentes consultadas, desde que el lunes pasado se difundió el acuerdo entre el PSOE y el PP para ponerle al frente del Poder Judicial antes de que se conocieran siquiera los nombres de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, que son los que supuestamente tienen que elegir a su presidente. El pacto ponía en jaque una de las máximas que Marchena defiende con más vehemencia: la independencia de la inmensa mayoría de jueces españoles, incluida la suya. Al presidente de la Sala de lo Penal (Sala Segunda del Supremo) se le considera un hombre de confianza del PP, partido que contó con él para puestos de responsabilidad durante los Gobiernos de José María Aznar, que propuso su nombramiento al Gobierno de Pedro Sánchez y que ya lo había propuesto para el mismo cargo en 2013. Pero él se revuelve ante esta etiqueta y recuerda siempre que desde que en octubre de 2014 llegó a la presidencia de la Sala de lo Penal se han investigado causas que atañían a políticos del PP y del PSOE.

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En el escrito hecho público este martes para comunicar su renuncia a presidir el CGPJ, Marchena insiste en ese bagaje: “El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo —de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados— es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”, afirma. Marchena, fiscal de carrera, presume de no pertenecer a ninguna asociación judicial ni fiscal y no le gusta que la adscripción a estas facilite la identificación de sus miembros con una determinada línea ideológica, una bandera que difícilmente iba a poder enarbolar si aceptada la presidencia pactada por socialistas y populares.

Con todo, el presidente de la Sala Segunda había aceptado ese encargo. Pero en su entorno había expresado su disgusto por cómo se había difundido y entendía que no contribuía a disipar las dudas que se han cernido sobre la independencia judicial en las últimas semanas, a raíz, sobre todo, de la sentencia de las hipotecas.

Marchena sabía también que la designación no había gustado a una parte de la carrera, incluso a jueces cercanos o que valoran positivamente su trayectoria, pero que no compartían el mensaje que se había lanzado con su designación. El pacto entre PP y PSOE tampoco había sido bien recibido en el Supremo y algunos magistrados contrarios a su candidatura se estaban planteando algún tipo de movilización interna para frenarla o, al menos, plasmar la división entorno a ella.

Pero el detonante de su renuncia ha sido, según diversas fuentes, la publicación del mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que su partido seguiría controlando “por detrás la Sala Segunda” del Supremo, la que juzgará a los líderes independentistas catalanes y la que dirige Marchena. El magistrado no hace mención expresa a estos mensajes en el comunicado mediante el que ha anunciado su decisión, pero sí alude a ellos de forma indirecta. “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Ahora, con su renuncia, él mantendrá el control del tribunal del procés.