El PP propone como jefe del Poder Judicial al máximo responsable del juicio al ‘procés’

A la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo le falta la clave de bóveda: el presidente, que es el que desempata cualquier votación. Las conversaciones están muy avanzadas, pero se han encontrado con un problema importante: el PP propone para ese puesto a Manuel Marchena, que además de tener un perfil muy conservador es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (la que juzga casos contra políticos o jueces) y será el ponente de la sentencia del procés.

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El CGPJ tiene 20 vocales, elegidos por el Congreso y el Senado. En el reparto que han acordado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Rafael Catalá, su antecesor del PP, la situación queda 10 a 10 para derecha e izquierda, un empate que solo desharía el presidente, que hace el número 21.

Los socialistas no han aceptado esta propuesta del PP y plantean, por el contrario, a mujeres de perfil completamente diferente del de Marchena como la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. La negociación depende en este momento solo de pactar el nombre del presidente, que es clave en el Consejo, porque desempataría y, además, tiene voto de calidad.

Los populares se quedarán con sus 10 puestos y no tendrán que repartirlos porque Ciudadanos ha decidido no entrar en la negociación, ya que rechaza esta fórmula de elección de vocales mediante acuerdo entre partidos y plantea que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial, una idea que el PP manejó en la anterior legislatura pero que finalmente acabó descartando. La decisión de Ciudadanos de quedarse fuera para poder denunciar esta forma de reparto pone las cosas muy fáciles al PP, que se queda con los diez de la derecha.

Los socialistas, por el contrario, sí tendrán que repartir sus 10 al menos con Podemos. En un acuerdo puramente proporcional por el número de escaños, le tocarían 8 al PP, 2 a Ciudadanos, 5 al PSOE, 4 a Podemos y 1 al resto de grupos, pero la negociación la lideran el PP y el PSOE y nada indica que finalmente el reparto vaya a ser proporcional.

Lo más probable es que se encuentre una salida de consenso entre ambos partidos, y perfiles como el de Marchena, claramente identificado con los conservadores y muy influyente dentro del PP, dejen paso a otros más neutrales. Aunque todo está abierto aún. La elección de Marchena sería, sin duda, vista como un mensaje negativo por los independentistas catalanes, que lo consideran el ideólogo del juicio del procés y de las medidas más duras contra los líderes del movimiento que derivó en la declaración de independencia de 2017. Su actuación ha provocado que estén en prisión preventiva desde hace un año dirigentes como Oriol Junqueras. El líder de ERC y otros 17 dirigentes independentistas se enfrentan a una petición de la fiscalía de hasta 25 años de cárcel.

Su nombramiento tendría un efecto colateral importante en el juicio. Si fuera elegido para presidir el Poder Judicial, Marchena sería nombrado automáticamente presidente del Tribunal Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato decae el 4 de diciembre, pero dejaría de presidir la Sala de lo Penal y, por tanto, de dirigir el juicio del procés.

Este juez tiene además una larga trayectoria con algunos episodios polémicos. Por ejemplo, durante su etapa como miembro de la Sala de lo Penal del Supremo, Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación y expulsado de la carrera. Además, en este tiempo fueron imputados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que abandonar la política, e Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato acabaron en la cárcel al rechazarse sus recursos.

Los populares defienden que la presidencia del Poder Judicial es un puesto muy complicado que requiere a alguien con el perfil de Marchena, acostumbrado a duras batallas dentro del mundo de la justicia. El PP cree que una figura así es preferible a la de alguien con recorrido académico intachable pero poca experiencia en negociaciones complejas en un mundo muy competitivo, que son los perfiles que, en opinión de los populares, están manejando los socialistas.

La solución llegará probablemente este fin de semana porque el lunes termina el plazo para presentar en el Congreso los nombres de los ocho juristas nombrados por las Cortes. La idea es cerrar las negociaciones que empezaron en agosto, según adelantaron Abc y eldiario.es, a tiempo de renovar en plazo el CGPJ, algo que sería todo un símbolo de estabilidad institucional precisamente en uno de los peores momentos de la historia del Tribunal Supremo, después del fiasco con el impuesto de las hipotecas y cuando tiene que enfrentarse al juicio del procés.

En el pasado, el PP bloqueó en varias ocasiones, y a veces durante meses, la renovación del Poder Judicial cuando gobernaba el PSOE porque de esta manera podía prolongar su histórico control del mundo judicial, dominado por los conservadores. En esta ocasión, todos los interlocutores insisten en que, por sorprendente que parezca en una legislatura aparentemente muy crispada, las negociaciones han ido muy bien y el acuerdo está muy cercano. Tanto el PSOE como el PP parecen dispuestos a renovar el Poder Judicial a tiempo y darle así un nuevo impulso a la Justicia y en especial al Supremo, cuya imagen ha quedado muy tocada. La figura de Lesmes, al que le quedan tres semanas de mandato, ha quedado especialmente dañada tras el cambio de doctrina en la sentencia de las hipotecas y el evidente choque entre él y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno salió al día siguiente anunciando una ley para corregir la decisión del Supremo y criticó al alto tribunal al que pidió “reflexión" y "autocrítica”  para recuperar la credibilidad.