El Gobierno no guarda la agenda de Cifuentes que pide el juzgado

La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes siempre ha mantenido —lo hizo también en su declaración ante la jueza que instruye el llamado caso máster— que defendió su trabajo de fin de máster (TFM), de forma presencial, el 2 de julio de 2012. Sin embargo, va a tener muy complicado aportar alguna prueba de ello, tal como había solicitado la jueza Carmen Rodríguez-Medel. La Delegación del Gobierno de Madrid asegura que no conserva la agenda de su anterior inquilina, según consta en un escrito enviado en los últimos días a la magistrada y según la respuesta que dio el Gobierno a EL PAÍS tras una solicitud amparada en la Ley de Transparencia.  

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"Esta delegación no tiene conocimiento de la agenda [de Cifuentes]", asegura la Dirección General de la Administración Periférica del Estado en su contestación a este diario, fechada en abril pasado. La expresidenta de Madrid mantiene que fue al campus de la Universidad Rey Juan Carlos en 2012 pese a que ese día se celebraba en la capital la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa y que ella ejercía en esa época como delegada del Gobierno, es decir, jefa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Cifuentes aseguró que no estuvo al frente del dispositivo de seguridad porque dependía de la Jefatura Superior de Policía. "El seguimiento no me correspondía a mí", dijo en el pleno de la Asamblea de Madrid. "Creo recordar que en ningún partido ni celebración de partidos", añadió, y precisó que, "en cualquier caso, se montaban a partir de cierta hora [ocho o nueve de la noche], y la defensa de este máster fue a primera hora de la tarde". El TFM no ha aparecido. Ni lo ha presentado la propia Cifuentes ni hay constancia de él en la universidad. El acta que mostró como prueba de haber defendido el trabajo resultó estar falsificada, según han declarado las profesoras que figuran como miembros del tribunal evaluador.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 solicitó hace unos días a la Delegación del Gobierno de Madrid que le mandara las citas de la agenda de Cifuentes, y le acaba de contestar que no conserva esos datos por tener antigüedad superior a los dos meses. Por lo tanto, el único organismo capaz de confirmar la coartada de la expresidenta ya ha constatado de manera oficial que no puede hacerlo. En la respuesta enviada a este diario, el Gobierno añade que no hay ninguna norma legal de carácter estatal que obligue a llevar una agenda de las actividades de los cargos públicos, aunque añade que se considera una buena práctica.

"La política de conservación de copias de seguridad del servidor de correo establece un periodo máximo de dos meses, por lo que la información solicitada no podrá ser recuperada, dada su antigüedad", escribe el representante del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, en su respuesta a la jueza. "Esta unidad no está en disposición de recuperar la información solicitada, habida cuenta de que su antigüedad es superior a los dos meses indicados en el punto anterior", añade Jorge Moreno, subdirector General de Explotación del Ministerio, en un oficio adelantado este viernes por la cadena Ser.

La instrucción del caso máster continúa la próxima semana con las declaraciones de Enrique Álvarez Conde, el catedrático de Derecho Constitucional que dirigía el Instituto de Derecho Público que dio el título a Cifuentes y a Pablo Casado, y de dos de las tres profesoras que firmaron el acta presuntamente falsificada del trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña. También está llamada a declarar Laura Nuño, subdirectora del instituto responsable del máster. Los cuatro están investigados (la antigua figura del imputado) en la causa.