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La justicia reabre por segunda vez la investigación por la muerte de 14 migrantes en la tragedia del Tarajal

La Audiencia de Cádiz considera que la jueza ceutí no ha tenido “el más mínimo interés de oír a los testigos"

Jesús A. Cañas
Un hombre participa en 2017 en la marcha en memoria de las víctimas de la playa del Tarajal.
Un hombre participa en 2017 en la marcha en memoria de las víctimas de la playa del Tarajal.Paco Puentes

La jueza de Ceuta que instruye la causa por la tragedia del Tarajal no ha hecho “el más mínimo interés de oír a los testigos propuestos y admitidos”. Es la principal motivación, esgrimida por la Audiencia Provincial de Cádiz, para reabrir la investigación sobre el suceso que se saldó con la muerte en el mar de 14 migrantes y la desaparición una persona más en la playa ceutí el pasado 6 de febrero de 2014, después de que unos guardias civiles emplearan medidas antidisturbios contra ellos. Es la segunda vez que la Audiencia obliga a esta magistrada a volver a investigar lo ocurrido y, para ello, le pide que efectúe la declaración a dos testigos que actualmente residen en Alemania.

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Aunque se ha dado a conocer este viernes, el auto fue emitido el pasado 30 de agosto y está firmado por cuatro jueces de la Sección Número 6 de la Audiencia en Ceuta. Estos atienden así el recurso planteado por las ONG Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), la asociación Coordinadora de Barrios, la entidad Sociedad Humana y la asociación Observatori de Drest Humans (DESC). Todas ellas solicitaban la reapertura, después de que la magistrada Macarena García, del Juzgado Número 6 de Ceuta, decidiese archivar el caso por segunda vez el pasado 26 de enero de este año.

La clave para la reapertura radica en la ausencia del testimonio de dos subsaharianos hoy residentes en Alemania y que dicen haber presenciado lo ocurrido en la madrugada de ese 6 de febrero de 2014. Todo ello, pese a que se admitió la validez de estos dos testigos, aportados por la entidad DESC. García no llega a tomar declaración a ambos aludiendo a que unas pesquisas policiales no han podido determinar si ambos pasaron por territorio español en su periplo migratorio en fechas cercanas al suceso del Tarajal. Además, añade que “no podrían trasladare a España para poder practicar la prueba”, como recoge el auto de este jueves.

Sin embargo, para los magistrados de la Audiencia estos no son motivos suficientes y reprochan con dureza la decisión. “Se descarta la práctica de la prueba testifical sin haberse realizado el más mínimo interés de oír a los testigos propuestos y admitidos”, llegan a reconocer en su decisión. Añaden que no pueden aceptar el sobreseimiento ya que ya se había acordado que el testimonio “se practicaría mediante el auxilio judicial internacional y por videoconferencia, modificándose el criterio sin explicación plausible alguna”.

La investigación de la tragedia del Tarajal vuelve así a la casilla de salida, después de que ya la Audiencia obligase al mismo juzgado a reabrir la causa el pasado 12 de enero de 2017. En aquel cierre, la magistrada García consideró que no estaba totalmente documentada “la perpetración de los diferentes delitos” que presuntamente podrían haber cometido los guardias civiles presentes en el suceso. Ya en aquel archivo, la Audiencia respondió que las pruebas sobre lo ocurrido estaban “inconclusas” y, entre otros elementos, apremiaba a la jueza a tener en cuenta estos dos testimonios.

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Los hechos que la titular del Juzgado Número 6 de Ceuta tendrá que investigar se remontan a la madrugada del pasado 6 de febrero de 2014. Ese día, pasadas las 5.45 horas, las cámaras térmicas detectaron la presencia de unas 200 personas aproximándose a la carrera al perímetro fronterizo en las inmediaciones de la playa del Tarajal. Tras conseguir sortear a las fuerzas marroquíes, muchos de ellos se lanzaron al mar para intentar bordear el espigón que separa el territorio de ambos países. A partir de ese momento -en torno a las 7.40- la Guardia Civil abre fuego, disparando al mar desde tierra.

“La Guardia Civil delimitó un área con medios antidisturbios y, para frenar su avance, se lanzaron medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. La orden, como en otras ocasiones, fue que siempre hubiese varios metros entre el lugar de impacto en el agua y los propios inmigrantes. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra”, relató el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Unos 23 inmigrantes consiguieron acercarse a menos de 25 metros de esa traza. “De forma inmediata fueron rechazados y se hicieron cargo de ellos las Fuerzas marroquíes de las que habían escapado y que los estaban reclamando”, añadió el ministro en base a un informe de la Guardia Civil.

Sin embargo, desde entonces el suceso ha estado envuelto en diversas dudas y suspicacias. “Los agentes de la Guardia Civil del operativo desplegado en la playa del Tarajal y espigón anexo dispararon contra las personas que se encontraban en el mar intentando acceder a suelo español material antidisturbios”, rememora CEAR en su recurso al último archivo de la causa, recordado en el auto de este jueves. Y añade: “A consecuencia de ello, fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal”.

Coordinadora de Barrios es aún más dura en su recurso y deja claro que “existen abundantes indicios de criminalidad” en los más de diez guardias civiles investigados por lo ocurrido. Las ONG creen además que los agentes “no socorrieron” a los inmigrantes, como apuntó también en su recurso la asociación Sociedad Humana.

Frente a todos estos argumentos, la Audiencia cree que es necesaria realizar una investigación más completa y recuerda que ya en el otro auto de enero de 2017 apuntó que la instrucción “no se había agotado porque se ha confundido la pertinencia y utilidad de algunas diligencias con el convencimiento, fundado o no, de que serán imposibles de realizar”.

Ante el nuevo pronunciamiento, CEAR ha mostrado su satisfacción a través de un comunicado. “La organización espera que esta decisión contribuya a que se haga definitivamente justicia y las muertes de al menos 14 personas en la playa de El Tarajal en 2014 no queden impunes”, ha reconocido en dicha nota. Además, ha rememorado testimonios de supervivientes que señalan que sufrieron disparos con pelotas de goma cuando estaban a escasos metros de la costa española. “Nos dispararon a bocajarro”, recuerda Hervé, uno de estos testigos, según CEAR.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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