Los choques con Torra complican la política de deshielo del Gobierno

El problema de Cataluña no se puede resolver en una legislatura ni en una generación. El Gobierno tiene clara esta idea. Pero Sánchez, que llegó a La Moncloa con el apoyo de los independentistas a la moción de censura, había buscado un deshielo que aparentemente estaba funcionando. Hubo reunión con Torra, volvieron las conversaciones y se recuperaron las comisiones bilaterales después de siete años sin convocarse. Sánchez decidió no contestar a los mensajes más duros de Torra, y las cosas se suavizaron. Pero la tensión vuelve a crecer ahora a pocas semanas del simbólico 11 de septiembre —transformado los últimos años en gran jornada reivindicativa del independentismo—, del aún más sensible 1 de octubre y con los juicios a los políticos independentistas presos en ciernes.

En ese contexto, el primer aviso fue el recurso de Exteriores contra la reapertura de las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Después, el domingo pasado, La Moncloa dio un giro y dejó claro que el Gobierno se hará cargo de la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica, donde tiene que hacer frente a una demanda del expresident Carles Puigdemont. Ayer Sánchez, desde Santiago de Chile, sentenció que la demanda contra Llarena “no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado”.

Pero, sobre todo, la tensión subió entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller de Interior, Miquel Buch, a cuenta de la tensión por la retirada de lugares públicos de Cataluña de los lazos amarillos que protestan contra el encarcelamiento de los políticos presos acusados de rebelión. Un intercambio de cartas entre ambos responsables políticos en torno a la discusión de quién tiene las competencias en materia de seguridad pública mostró las enormes dificultades que tiene esa política de deshielo iniciada en julio cuando baja a las cuestiones reales, donde la Generalitat en muchas ocasiones apuesta por la estrategia de buscar la tensión y reafirmar su espacio de autogobierno y los ministros contestan para marcar los límites que entienden como líneas rojas, como hizo Grande-Marlaska.

De las palabras a los hechos

En este contexto se produjo otra decisión que no es estrictamente de Gobierno, pero aumenta la tensión, esta es la de la fiscalía que ha abierto una investigación a los Mossos por identificar a las personas que retiran de los espacios públicos los lazos amarillos. Sánchez también respaldó esa iniciativa. Tras recordar que los fiscales son autónomos, sugiriendo que el Gobierno no tiene nada que ver con esa investigación, el presidente añadió que, “en este caso, [el ministerio público] está obligado a pedir esa información”.

Sánchez remarcó también esta línea de firmeza al contestar a Torra, quien le ha emplazado a pasar de las palabras a los hechos a la hora de abordar la crisis catalana. El presidente le recordó que su propuesta no es la independencia sino el “respeto escrupuloso del autogobierno”.

En su opinión, el autogobierno y no la independencia es lo que puede aglutinar a la mayoría de la sociedad catalana y superar la actual crisis de convivencia. Para demostrar la voluntad del Gobierno de ir más allá de las palabras, ha anunciado que antes de final de año se celebrará por primera vez una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona y otra en Andalucía, que tiene previstas elecciones autonómicas en los próximos meses, para aprobar medidas concretas sobre problemas que preocupan a los ciudadanos de dichas comunidades.

Mientras Sánchez mostraba esa posición firme pero con gestos a favor de la distensión como la reunión del Gobierno en Barcelona, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que visitó recientemente en la cárcel a Oriol Junqueras, líder de ERC, le pidió ir mucho más lejos: “Ante la proximidad del proceso judicial y puesto que hay herramientas para evitar el eventual riesgo de fuga de los presos, quizás sería bueno replantearse que personas en prisión preventiva pudieran tener capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana y el conjunto del Estado”, planteó, informa Pedro Gorospe.

Mientras, la tensión entre Grande-Marlaska y el conseller Buch amenaza con dar al traste con un nuevo tono en la relación entre los dos Gobiernos. El ministro recordó en una carta al conseller que la seguridad pública, según la Constitución, es “competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de la creación de policías por parte de las comunidades autónomas”. La carta también apela al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala las competencias que las comunidades autónomas deberán ejercer en colaboración con el Estado. Entre estas últimas está la de “vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas”.

El ministro reivindicó así el derecho de su departamento a hablar con la Generalitat de cuestiones importantes de orden público y en especial del conflicto por la retirada de lazos amarillos y símbolos independentistas que colocan algunos ciudadanos en lugares públicos para protestar por el encarcelamiento de varios políticos catalanes.

Marlaska, que propuso celebrar la reunión entre el 3 y el 7 de septiembre, responde de ese modo a la carta que le remitió el conseller, donde se oponía a la inclusión de ese punto al considerar que el orden público y la convivencia “son competencias exclusivas de la Generalitat”. La respuesta de Marlaska es un claro aviso. El ministro entendió que no podía dejar pasar una carta en la que se asume que ni siquiera pueden hablar de temas de seguridad pública en una junta de seguridad.