Desprotegidos al cumplir los 18

El padre de Ilyas Abakkouy es un humilde pescador del norte de Marruecos desde hace 32 años. Del oficio, el joven Ilyas aprendió dos cosas: a pilotar una lancha y a descubrir que él no quería esa vida de penurias. Hace algo más de diez meses, con solo 17 años, compró una embarcación hinchable y, con seis marroquíes más, se lanzó a pilotarla por el Mediterráneo desde una playa cercana a Alhucemas. Llegó sano y a salvo a España. Pasó por un centro de menores de Málaga. Luego, por otro de emergencia en Arcos (Cádiz). Una mañana, con los 18 años ya cumplidos, le comunicaron que se tenía que marchar a la calle al día siguiente. Aún no le habían gestionado ni el DNI marroquí, necesario para cualquier paso que quiera dar como adulto en España.

Abakkouy vive ahora en uno de los cuatro pisos que la asociación Voluntarios por otro Mundo tiene en Jerez de la Frontera. Allí recaló cuando perdió la protección del colapsado sistema de tutela que la Junta de Andalucía tiene para los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). La región custodia al 36% de los 7.145 niños inmigrantes de toda España. Los atiende como puede en centros que multiplican su capacidad por siete o en recursos de emergencia como aquel en el que estuvo Ilyas, un chalet de una fundación, concertado con la Junta.

Pese a jugarse la vida en el mar, a convivir luego en centros saturados, los verdaderos problemas de los MENA llegan el día después de cumplir la mayoría de edad y de convertirse, automáticamente en extutelados. “La desprotección empieza a los 18 años”, afirma Genoveva Pérez Mazuecos, técnico de Empleo y dinamizadora del equipo de jóvenes de Málaga Acoge. Cada año aproximadamente 500 jóvenes —inmigrantes o nacionales— pasan esta barrera, según estimaciones de la propia Junta. En el caso de los extranjeros, de inmediato se topan con mil trampas del sistema. Se mueven en el filo de la navaja: formarse y regularizar su situación o acabar viviendo en la calle, a merced de la indigencia y de las mafias.

Cuando la Junta se hace cargo de la tutela del aún menor, el permiso de residencia —si es que han conseguido que en los centros empiecen a gestionarles la documentación— es de un año de duración y no autoriza a trabajar. Renovarlo ya como mayor de edad, por dos años más y también con licencia solo para estudiar, exige que la persona demuestre que tiene un medio de vida. O, lo que es lo mismo: residir en un piso tutelado para acreditar que se dispone de ese sustento que exige la ley.

El Programa +18 de la Junta se encarga, en teoría, de proporcionar esa continuidad. En total, la comunidad autónoma cuenta con 29 centros para alojamiento de chicos mayores de 18, conocidos como recursos de alta intensidad. A eso se suman otros 12 recursos de media intensidad, centros diurnos de orientación sociolaboral. De los 1.775 jóvenes que se han beneficiado de ambos servicios en 2017, solo 286 lo hicieron en recursos de alta intensidad.

El resto, la gran mayoría, se queda en la calle y abandonado a su suerte. Es justo lo que le ha pasado a dos jóvenes inmigrantes procedentes de un centro de menores de Motril, en Granada, y que esta semana han llegado a Jerez. Con ellos, Voluntarios por otro Mundo ha completado las 25 plazas que tiene para extutelados en sus cuatro pisos. “El problema ya no es solo cómo están los menores acogidos sino qué es de ellos cuando cumplen los 18”, reconoce Michel Bustillo, responsable de la ONG jerezana.

Abakkouy comparte casa con otros cinco chicos, la mayoría magrebíes, en un pulcro piso de la calle Ramón y Cajal. “Esto es como un piso de estudiantes, ellos se encargan de todo con nuestra supervisión. Tienen un cuadrante para distribuirse las tareas”, explica Bustillo. Todos tienen ya meridianamente claro qué quieren hacer con su vida. En Marruecos, Ilyas estudiaba primero de bachiller, pero ya ha descartado ir a la universidad. “Demasiado tiempo, mis padres me están esperando. Quiero ser carnicero porque en España no hay muchos”, sentencia.

Zoumana Touré —costamarfileño compañero de piso de Abakkouy— quiere ser mecánico. A su lado, Rachid Naaijoy explica que lleva “un año estudiando para ser cocinero”. De todos los chicos con los que comparte piso, Ilyas está especialmente unido a Mouh Bousselham, conocido como London, con quien cruzó su camino en el centro de Arcos. “Quiero ser electricista, aunque para eso me hace falta el NIE y una casa”, reconoce Bousselham con una amplia sonrisa.

Buscar un futuro

 "Vinimos para buscar un futuro mejor. No me quedo en Marruecos porque te pasas todo el día trabajando para nada. No hay equilibrio entre los buenos estudios y encontrar luego un buen trabajo”, relata Naaijoy. Ahora en España, Rachid ya sabe que dos variables marcan la consecución de su sueño de ser cocinero. “Papeles para poder estudiar y tiempo para poder hacerlo”, resume Bustillo. Y ni siquiera ese primer condicionante es tan evidente. Ante el colapso de los centros de menores, la mayoría de los que acaban en los pisos de la ONG jerezana no tienen completada la documentación mínima que les permita acceder a sus permisos de residencia necesarios para estudiar.

Con todo, los chicos de Voluntarios por otro Mundo saben que han tenido suerte. La otra opción a su desamparo es “el harvard”, como los jóvenes llaman a tener que acabar subsistiendo entre albergues para personas sin hogar y la calle. En Málaga, al dejar el centro de acogida, el joven inmigrante entra en la red de atención a Personas Sin Hogar, explica Pérez Mazuecos. Está integrada por varias entidades sociales y el Ayuntamiento y se conoce como Puerta Única.

El objetivo es encontrarles una cama en la que dormir, incluido el albergue municipal, y unos servicios mínimos de lavandería, higiene y comida. Es un recurso provisional mientras se inician los trámites, y surge la posibilidad de acomodarlos en un piso tutelado. Pero ¿qué pasa si no hay espacio ni siquiera en esa red de atención provisional? “Duermen en la calle”, afirma la técnico malagueña. A mediados de julio, por ejemplo, a esta trabajadora le constaba que había cuatro jóvenes durmiendo al raso.

En la provincia de Cádiz, donde llegan buena parte de los menores inmigrantes, tan solo en Jerez, Bustillo calcula que son 12 los jóvenes que viven en la calle. “Los chicos pasan de estar en un sistema de protección a estar sin hogar, y cuanto más tiempo pasen en esa situación, mayor es el deterioro y la posibilidad de que puedan empezar a delinquir, a consumir, a prostituirse”, reflexiona la técnico de Málaga Acoge.

Para Pérez Mazuecos, la solución es evidente: disponer de más recursos públicos de alta intensidad. Bustillo comparte la impresión y va más allá. Pide a la Junta la máxima celeridad en la gestión de la documentación de los chicos, para evitar que lleguen a los 18 indocumentados. También que los extutelados migrantes que cumplan con un programa de formación puedan acogerse a la renta mínima de inserción, anunciada por la administración andaluza.

Desamparados en la calle

Mientras, Bustillo ya ve venir el futuro más inmediato con preocupación. Tras los picos de llegadas en el verano de 2017, en meses posteriores llegó a acoger hasta a 48 chavales en sus pisos para evitar que acabasen en la calle. Ahora, ante el ritmo aún mayor de estas semanas (tan solo en dos semanas de julio arribaron a Andalucía de 1.347 menores), teme que todos aquellos jóvenes que no acaben fugados a otras ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona empezarán a quedarse desamparados por las calles de Andalucía sin recursos, conforme cumplan la mayoría de edad. “Va a ser un invierno complicado”, remacha el voluntario.