La Fiscalía pide 13 años de cárcel para Teresa Rivero, la viuda de Ruiz-Mateos
El ministerio público le acusa de delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del IRPF
La Fiscalía de Madrid solicita 13 años y nueve meses de prisión para la expresidenta del Rayo Vallecano, Teresa Rivero. El ministerio público le acusa de delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del IRPF durante los ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007 y 2008.
El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. La pena que se solicita resulta de la suma de ocho delitos fiscales. Para cinco de los delitos imputados, el ministerio público pide la pena mínima prevista en el Código Penal y en los otros tres restantes, penas muy próximas al umbral más bajo.
En su escrito de acusación, el fiscal pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club: Álvaro Ruiz-Mateos Rivero (apoderado), Jesús Fraile Delgado (gerente), así como para otro hijo de la presidenta, Francisco Javier Ruiz-Mateos y para Gema Barrasa Soto. Según el ministerio público, fueron los acusados "quienes de común acuerdo y despreciando conscientemente las responsabilidades que podrían originar su designación e intervención y asumiendo las consecuencias de las decisiones que aceptaron, articularon los mecanismos necesarios para procurarse un ahorro fiscal ilícito eludiendo consciente y voluntariamente el pago de tributos".
En la época a la que se refiere la Fiscalía, Teresa Rivero ostentaba la presidencia del Rayo Vallecano. Gema Barrasa asumió la condición de secretaría del Consejo de Administración, Jesús Fraile de apoderado, consejero y gerente y Francisco Javier Ruiz-Mateos así como Álvaro Ruiz-Mateos, gestores de hecho efectivos de la sociedad. Todos ellos eludieron presuntamente el pago a Hacienda entre los años 2005 a 2008.
Los seis hijos de Ruiz Mateos —incluidos Francisco Javier y Álvaro—se encuentran a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia de la justicicia balear que les condenó, el pasado mes de julio, a entre cinco y seis años de cárcel por estafa agravada en la compra de dos hoteles. El fallo de la Audiencia Provincial consideró probado que los hermanos "aparentaron una solvencia que en realidad no existía" para hacerse con dos hoteles mediante la fórmula del pago aplazado por unos 11,6 millones de euros.
