Dos décadas de propuestas frustradas para limitar las armas en EE UU

Estados Unidos ha vuelto a hacer frente al drama inacabable de los tiroteos masivos con decenas de víctimas. Cada año, mueren por armas de fuego en la primera potencia del mundo una media de 34.000 ciudadanos (cifra que incluye los suicidios), cada día, 93. Esta vez ha sido en El Paso (Texas), donde 20 personas han muerto y 26 han resultado heridas este sábado por los disparos de al menos un tirador.

A medida que el país se recupera de cada una de estas pesadillas, políticos, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y asociaciones de todo tipo reabren el eterno debate sobre cómo regular el acceso y posesión de armas de fuego, un derecho que protege la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.

Desde la matanza de la escuela de secundaria de Columbine (Colorado), dos de cuyos estudiantes asesinaron a 12 condiscípulos y un profesor, estos han sido algunos de los momentos clave en el debate y las reticencias políticas a aprobar reformas legales que restrinjan la facilidad de comprar y portar armas de fuego:

1999. Por un único voto, el Senado aprueba la obligatoriedad de que las armas fabricadas a partir de ese año en adelante deban disponer de mejores seguros en los gatillos. La ley, aprobada con mucha división tan solo un mes después de la matanza de Columbine, también reforzó los requisitos necesarios para comprar un arma en ferias de armamento.

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2004. El Congreso rechaza renovar la ley que prohibía la venta de armas militares, incluidas las semiautomáticas, al público. Durante el periodo en el que estuvo vigente esa norma (entre 1994 y 2014), aprobada por el Gobierno del demócrata Bill Clinton, descendieron las muertes por armas de fuego. El AR-15 figuraba entre las armas prohibidas con esa legislación.

2008. El Tribunal Supremo falla por primera vez a favor —cinco votos a cuatro— de reconocer que la segunda enmienda permite el derecho de los ciudadanos a portar armas. Pese a que durante años el silencio de los magistrados de la más alta institución judicial del país había sido interpretado como un aval a ese derecho, solo entonces se reconoció de forma explícita. Ese mismo año, el presidente republicano George W. Bush firma una ley que exige una investigación previa para comprobar si el comprador de un arma ha sido diagnosticado de alguna enfermedad mental. Sin embargo, esta norma no tiene en cuenta que muchos atacantes, pese a sufrir enfermedades de ese tipo, no han sido tratados.

2012. Tras la masacre de Newtown (Connecticut), en la que murieron 20 escolares de primaria, los líderes del Partido Demócrata apuestan con fuerza por regular la compra de armas. Pedían mayores controles y requisitos, como exámenes psicológicos o el repaso detallado del historial delictivo del comprador. Los esfuerzos fueron rechazados por la Cámara de Representantes, donde los republicanos tenían entonces mayoría. Tras su oposición se encontraba, y se sigue encontrando, el todopoderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que financia campañas y contribuye a las iniciativas de un buen número de parlamentarios conservadores a cambio de su defensa de la segunda enmienda. “La única cosa que frena a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con otro arma”, defendió.

2017. Una semana después de la matanza de Las Vegas, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de armas hasta que no se haya completado la revisión del historial del comprador. Actualmente, si esta investigación tarda más de 72 horas, los establecimientos tienen permitido vender el arma, aunque no hayan finalizado las pesquisas.

2018. Estados Unidos asistió asombrado en marzo del año pasado al poderoso clamor contra las armas de las marchas multitudinarias en todo el país. El activismo enérgico y desacomplejado de los jóvenes de la escuela de Parkland (Florida), atacada en febrero, con 14 estudiantes y tres alumnos muertos, logró sacar a las calles a una masa diversa en edad, raza y valores. El movimiento contra la epidemia de violencia armada consiguió su mayor movilización en años y, sobre todo, no lo hizo liderado por políticos u organizaciones de presión consolidadas desde hace tiempo.