Archivada la investigación para averiguar qué magistrada dio el chivatazo del ‘caso Lezo’
El juez explica en un auto que no "existen motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada"
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, ha archivado la causa abierta para averiguar quién es la "magistrada amiga de la casa" que advirtió supuestamente al presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, de que los teléfonos de los investigados en la Caso Lezo estaban siendo intervenidos. En un auto con fecha del 30 de enero de 2018, el juez instructor explica que tras las actuaciones practicadas no "existen motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada" y que por ello procede a acordar el sobreseimiento provisional de la causa.
"Al momento presente no ha sido posible averiguar la identidad de la 'magistrada amiga de la casa' que reveló que el investigado Ignacio González González [expresidente de la Comunidad de Madrid] estaba siendo objeto de escuchas telefónicas dentro de un proceso penal seguido en la Audiencia Nacional", precisa el auto. Asimismo, constata que del careo celebrado el pasado 29 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid entre González y Casals —ambos testigos— no se ha conseguido conocer el nombre de esa magistrada. Explica que en este cara a cara Casals "no ha querido revelar a la autoridad judicial la identidad" de la juez en cuestión, ya que Ignacio González se ratificó en las declaraciones prestadas en dos ocasiones anteriores en ese mismo juzgado.
El juez también señala que el expresidente de la Comunidad de Madrid reconoció el contenido de la grabación telefónica intervenida por la Guardia Civil durante la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, en la que le cuenta al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le había advertido de los pinchazos telefónicos.
En las escuchas de ese sumario de corrupción González explica al exministro del PP Eduardo Zaplana que Mauricio Casals le había contado que una "magistrada amiga de la casa" le había "llamado" para informarle de que la Guardia Civil les estaba grabando. En esa grabación, de noviembre de 2016, Ignacio González le relataba a Zaplana la siguiente conversación con Casals: "Edmundo [Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón e imputado en Lezo] está acojonao, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'". Edmundo Rodríguez Sobrino fue presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina ingresó en prisión el 21 de abril y salió bajo fianza de 100.000 euros en noviembre.
Fuentes presentes en el careo han informado de que Casals ha negado haber dado tal referencia a una magistrada amiga, y que González ha afirmado que "le pareció" haber entendido eso tras esa conversación con el máximo directivo de la empresa editora de La Razón. Otras fuentes próximas a Casals han apuntado que quizá la expresión de la "magistrada amiga" fuera una "fabulación" de este para tranquilizar a Edmundo Rodríguez.
El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, cuyo principal investigado es Ignacio González.
Sin embargo, el juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que decida quién es el competente para investigar este caso. Según han explicado fuentes jurídicas, el conflicto de competencia sigue vigente aunque la causa haya sido archivada. Una vez que el Supremo otorgue la competencia a un juzgado, ese podrá decidir si mantiene la causa cerrada o la reabre tras recabar nuevos indicios.
