Jueces para la Democracia denuncia las “evidentes presiones políticas” en el caso de Juana Rivas

La asociación Jueces para la Democracia ha denunciado este martes las “evidentes presiones desde el ámbito político” que se están produciendo en el caso de Juana Rivas, la madre granadina de 36 años que ha permanecido huida de la justicia casi un mes para no entregar a sus hijos al padre. Presiones, prosiguen, “pidiendo la inejecución de las resoluciones judiciales tal como si los órganos judiciales pudiesen decidir no ejecutar lo juzgado cuando precisamente están obligados por la Constitución a ello".

El colectivo de jueces rechaza también las “descalificaciones efectuadas” a los tribunales españoles que están interviniendo en este caso. “Las acusaciones a los jueces y juezas intervinientes de estar inaplicando las normas, que se están deslizando desde algunos sectores, sugiriendo que la actuación de la Justicia en este caso responde a un decisionismo arbitrario, a la despreocupación por los menores, y a la ignorancia de las normas nacionales o internacionales aplicables”, añaden en su comunicado.

El caso de Juana Rivas ha tenido un amplio seguimiento mediático desde que el 26 de julio la mujer desapareció para no entregar a sus hijos, de 11 y tres años, al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009. Rivas abandonó Italia en mayo de 2016, el país donde residían todos, y viajó para unas vacaciones con los niños a Maracena (Granada), donde se quedó sin el permiso paterno. Allí, en julio de 2016, denunció nuevos episodios de maltrato ocurrido presuntamente entre 2013 y 2016, mientras residían en Carloforte, en Cerdeña.

El Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores, de 1980, obliga a devolver a los niños a su lugar de residencia, en este caso Italia, cuando son sustraídos sin permiso por uno de los progenitores, como señala Jueces para la Democracia es su comunicado. La asociación aclara además sobre la denuncia por violencia de género presentada por Rivas en España que "respecto de hechos de relevancia penal ocurridos en Italia en los últimos años, no parece que pueda asumir competencia alguna la jurisdicción española", es decir, también son los tribunales italianos los que deben investigar y decidir sobre esa denuncia.

Rajoy: "Hay que ponerse en lugar de esta madre"

Durante el tiempo que Rivas permaneció escondida con sus hijos, se han pronunciado sobre el caso desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dijo que “hay que ponerse en el lugar de esta madre”a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que le expresó su apoyo “en su lucha por proteger a sus hijos”.

Tras su salida en libertad provisional, la consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, consideró "fundamental" que el juzgado escuchara al hijo mayor, como pidió Rivas al juez. Jueces para la Democracia recuerda que en el procedimiento que llevó a la primera sentencia que determinaba la devolución "inmediata" de los niños a italia, de diciembre de 2016, "se oye al menor" y se emitieron informes psicológicos de los servicios correspondientes de los juzgados, que emitieron un informe "en el que no aprecia que exista riesgo para los menores". 

 Jueces para la Democracia pide “mesura y ponderación, especialmente en los responsables públicos, al expresar opiniones o ideas sobre concretas actuaciones y resoluciones judiciales” y reclama “un pronunciamiento expreso en defensa” de los tribunales que han intervenido en este caso en España pro parte del Consejo General del Poder Judicial “cuya existencia se justifica esencialmente en la defensa de la independencia de los jueces y juezas”.

"A nuestro modo de ver, los tribunales españoles han llevado a cabo una actuación diligente y proporcionada, con exquisito respeto a nuestro ordenamiento interno y los convenios internacionales que nos obligan, señala la asociación que pide, no obstante "una seria reflexión, en la que sería conveniente valorar si el Convenio de la haya debe actualizarse y contemplar alguna excepción a la reintegración de los menores sustraídos en supuestos de malos tratos (u otros) cuando la víctima, una vez reconocida como tal, no tenga arraigo o protección en un entorno cercano".

El pasado martes, Rivas acudió a los juzgados de Granada tras casi un mes desaparecida y con una orden de busca y captura sobre ella. El juez de guardia la dejó en libertad provisional sin pronunciarse expresamente sobre el futuro de los niños, a los que una sentencia firme obliga a restituir a su padre. La Guardia Civil espera un nuevo pronunciamiento judicial para ir a por los menores.