La Audiencia de Madrid volverá a decidir sobre el ‘caso Villarejo’
Decidirá por tercera vez la continuidad de la comisión judicial de la Policía Nacional que investiga al comisario jubilado, a su esposa, a otros policías y a periodistas
La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que volver a decidir, por tercera vez, sobre la continuidad de la comisión judicial de la Policía Nacional que investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo, su esposa, varios periodistas y otros destacados policías por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La audiencia orbitará sobre las posiciones encontradas entre la fiscalía y el juez Zamarriego, a quien apoya la abogada del Estado personada en la causa.
Las dos veces anteriores, la Sección Primera de la Audiencia dio la razón al juez Arturo Zamarriego frente a los intentos de la fiscalía de anular la investigación, incluida como pieza separada en el procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El pequeño Nicolás.
El fiscal Alfonso San Román presentó el 7 de diciembre un nuevo recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 2, para que lo traslade a la Audiencia Provincial de Madrid, en el que vuelve a solicitar “apartar al comisario Marcelino Martín-Blas y al inspector jefe 111.487 de la investigación de la pieza II por actuar con falta de imparcialidad y con interés directo en la investigación del delito de descubrimiento y revelación de secretos”.
El escrito de la fiscalía, en tono muy duro, se opone frontalmente al último auto del juez Zamarriego y llega a decir que varias de las afirmaciones del magistrado “no son ciertas”. San Román ha solicitado repetidamente al juez la anulación de la comisión judicial (29 de junio, 8 de julio y 7 de septiembre) por considerar que los dos policías que la dirigen son “a un tiempo, perjudicados, testigos e investigadores de unos hechos delictivos”. En todos los casos, el juez Zamarriego o la Audiencia Provincial han rechazado las peticiones del fiscal.
En esta ocasión, el recurso del fiscal ha recibido una contundente respuesta por parte de la abogada del Estado Lucía Pedreño, en dos escritos del 9 de enero que ya han sido repartidos a las partes. La Abogacía del Estado asegura que procede “la inadmisión del incidente de nulidad invocado” y rebate una a una las consideraciones del fiscal y de los abogados de José Manuel Villarejo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
En su primer escrito, Pedreño llega a decir que “lo que no es de recibo es que meses después de estar personado en la causa, habiéndosele notificado en tiempo y forma muchas de las resoluciones cuya nulidad ahora propugna y que no recurrió en su momento, pretenda ahora que son nulas de pleno derecho, puesto que el cauce normal para poner de manifiesto una supuesta nulidad, de conformidad con el artículo 240 LOPJ, es el régimen ordinario de recursos”.
La abogada del Estado responde en su segundo escrito al recurso presentado por el fiscal y el abogado de El pequeño Nicolás, señalando que los imputados “mienten sobre un extremo fácilmente constatable” y muestra su extrañeza porque se pretenda “dar más crédito a la versión que nos dan los investigados” que a la de los funcionarios policiales que realizan la investigación.
Cambio de posición
Tanto el juez instructor, Arturo Zamarriego, como la abogada del Estado, Lucía Pedreño, han constatado el cambio de posición de la fiscalía en la investigación de la pieza separada por la supuesta grabación ilegal, manipulación y difusión de una conversación entre policías y miembros del CNI. Fue el fiscal San Román el que encargó a la comisión judicial que investigara el caso, conociendo desde el principio que los dos policías habían participado, junto a dos funcionarios del CNI en la reunión grabada en sede policial.
Sin embargo, cuando la comisión presentó su primer informe solicitando al juez que tomara declaración como investigados tanto al comisario Villarejo como al por entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino y a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, la fiscalía empezó a recurrir buena parte de los autos del juez. Lo mismo sucedió en el Ministerio del Interior, que, según han denunciado los miembros de la comisión, han dificultado todas sus gestiones.
La pieza clave para determinar quién grabó y distribuyó la conversación se encuentra en los correos electrónicos de Fuentes Gago, que ya obran en poder del juez, pero que no abrirá hasta que la Audiencia Provincial de Madrid no decida sobre el recurso de apelación del fiscal.
